BRANDON ALEJANDRO MENDOZA HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 1077/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1077/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • BRANDON ALEJANDRO MENDOZA HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda, lo anterior para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por conocimiento previo de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda que promueve ..., por propio derecho y en representación de la menor .... (de identidad protegida) contra actos de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas; y otras autoridades ministeriales, investigadoras y policiacas, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en el numeral 1, 14, 16 y 20, constitucionales. Al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1077/2021. Tramítese el asunto en su versión física y electrónica, observando el ordinal 3° de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la activación de la alerta Amber, por lo que hace a la menor ..., a quien se ha reportado como desaparecida, lo cual es un acto eminente penal de acuerdo al origen de dicha actuación, que se atribuye a autoridades del orden indagatorio y policial; y que a decir del demandante, se relaciona a la supuesta comisión de una conducta delictiva que se le atribuye. A contrario sensu, se invoca la tesis I.9o.P.233 P (10a.), con registro digital: 2019347. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Común, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2922, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ACTIVACIÓN DE LA "ALERTA AMBER", ATRIBUIDA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE SU CENTRO DE APOYO A PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES (CAPEA). SI ÉSTA NO DERIVÓ DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LA PERSONA RESPECTO DE QUIEN SE EMITIÓ AQUÉLLA, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve el juicio de amparo indirecto y se señala como acto reclamado la activación de la "Alerta Amber", atribuida al procurador General de Justicia de la Ciudad de México, quien lo hizo por conducto del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), y no existe constancia que acredite que se haya integrado una carpeta de investigación por la desaparición de la persona respecto de quien se emitió aquélla, la competencia para conocerlo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, porque la autoridad señalada como responsable es de naturaleza administrativa, y el acto reclamado involucra únicamente la activación de la "Alerta Amber", respecto de una persona reportada como extraviada o desaparecida, caso éste en el que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al actuar por conducto del CAPEA, no lo hizo en uso de la atribución de perseguir los delitos, sino en la de coordinar el protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, es decir, en uso de la facultad de coordinar la recepción y difusión de la información respectiva para lograr la localización de personas reportadas como extraviadas. Lo que evidencia que, en este caso, ninguna autoridad ministerial emitió acto alguno de naturaleza penal, pues los actos reclamados no están vinculados con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe exclusivamente al Ministerio Público, sino que ello únicamente constituye una publicación en relación con la desaparición de una persona, y la cual no deriva de una indagatoria o carpeta de investigación, por lo que ese acto no puede considerarse de naturaleza penal, ya que no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.." Por ello, el suscrito declina la competencia legal para conocer del asunto, pues corresponde a un Juez o Jueza de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Lo anterior, porque se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.; [.]" La interpretación sistemática de la fracción citada de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite concluir que su teleología no se orienta por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino a la naturaleza penal de la actuación; es decir, que para determinar la competencia de un juez federal especializado, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, con independencia de las características inherentes a la autoridad a quien se le atribuye; lo que en el caso revela que el asunto debe ser conocido por un especialista en amparo penal, dado que la activación de la alerta Amber, parte al parecer de una supuesta orden de aprehensión, que desde su configuración constitucional, se relaciona a la comisión e investigación de delitos. Por ello, la autoridad jurisdiccional que debe conocer del asunto y en su caso dar trámite y cause a la acción constitucional, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179990, que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto." Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 56 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado declina la competencia legal para conocer de la presente demanda. En consecuencia, remítase de inmediato la demanda al JUEZ O JUEZA DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que provea lo que en derecho corresponda, solicitando respetuosamente el acuse de recibo respectivo. No pasa inadvertido para el suscrito que el asunto también se presente a nombre y representación de una menor de edad, sin embargo, dicha situación por sí misma, ni la guardia y custodia que detenta el ascendiente, son razones para desconocer la naturaleza intrínseca y constitucional del acto reclamado y obviar por ello el presupuesto procesal que representa la competencia. La remisión de este asunto se decreta sin despachar suspensión de plano, pues al margen de que no se solicita así, la alerta Amber no configura un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Además, aun en el supuesto no concedido de que se calificara al acto como uno de mayor trascendencia emitido fuera de procedimiento, tampoco en esos términos este órgano otorgaría la providencia, partiendo de que iuris tantum, una medida de búsqueda y recuperación tiene como finalidad la protección de la menor. Al efecto, se invoca la tesis I.7o.P.11 K (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época. Materias(s): Común, que establece: "ALERTA AMBER. AL SER UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS SUSTENTADO EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU ACTIVACIÓN ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso numeral 129 de la propia ley describe en qué casos la concesión de la suspensión sigue perjuicios al interés social o contraviene disposiciones de orden público. Así, estas disposiciones regulan aspectos que, por estimarse fundamentales, la sociedad, a través del Estado, está interesada en su aplicación. Mientras que el interés social se refiere a aspectos o pretensiones que son compartidos por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de la colectividad. Ahora bien, la denominada "Alerta Amber" es un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos sustentado, entre otros principios, en el interés superior del menor, y su objetivo general es establecer mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir un daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. Por esa razón, en el amparo promovido contra su activación es improcedente conceder la suspensión, pues sería un contrasentido otorgar la medida suspensional respecto de un mecanismo que tiende, precisamente, a la protección de los menores, basado en el principio de su interés superior; de ahí que la sustracción de menores por alguno de sus progenitores atenta contra su interés superior en el plano de bilateralidad del derecho a convivir con ambos padres, bajo el principio de que sus derechos merecen una consideración primordial y el Estado, mediante sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para velar por el interés superior de ese grupo en situación de vulnerabilidad, y dar celeridad a su ubicación, localización y restitución a su domicilio o lugar de residencia para que lleven a cabo sus actividades diarias. Lo anterior, porque atento al interés superior de niñas, niños y adolescentes, su tutela debe ser expedita y pronta, porque entre más se demore administrativa y jurisdiccionalmente su retorno al seno en el que se determinó su custodia y se desatienda el derecho de los menores de edad a convivir con sus progenitores, mayor es la posibilidad de que puedan resultar afectados emocionalmente, debido a la situación de inestabilidad en la que se ubican hasta en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quienes nombra en términos del artículo 12 de la Ley de la materia, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 170, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por ..., por propio derecho y en representación de la menor ... (con identidad protegida, por pleno derecho) contra actos de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas; y otras autoridades ministeriales, investigadoras y policiacas. Segundo. Remítase el presente asunto al JUEZ O JUEZA DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para lo que a bien tenga determinar. NOTIFÍQUESE.

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