Brando Ivan Velasco
Expediente 1714/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/12/2022
Partes del expediente
- Brando Ivan Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Aviso principal. Por medio de lista notifico a la parte quejosa, el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, que dice: siete de noviembre de dos mil veintidós. I. Autoridad responsable cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple con el requerimiento dictado en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, se debe partir que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que ----- reclama de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la omisión de dictar el laudo en el término de ley, dentro del expediente laboral ----- . En el caso, de la copia certificada remitida con el oficio de registro 20051, se desprende que el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se formuló proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio origen -esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo- y, el nueve de septiembre del año en curso, la responsable aprobó el proyecto de laudo y se elevó a categoría de laudo. Asimismo, del oficio de cuenta, se advierte que el catorce y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, del proyecto de laudo, así como del auto que lo elevó a categoría de laudo. Dichas copias certificadas, por ser documentales públicas, gozan de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de dictar el proyecto de laudo en el término de ley, dentro del expediente laboral ----- ; sin embargo, la autoridad responsable informó y acreditó que el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se formuló proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio origen -esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo- y, el nueve de septiembre del año en curso, la responsable aprobó el proyecto de laudo y se elevó a categoría de laudo. Asimismo, que el catorce y veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, del proyecto de laudo, así como del auto que lo elevó a categoría de laudo. En ese orden, si la parte quejosa combate la vulneración a su derecho fundamental, bajo el argumento de que la responsable había sido omisa en dictar el proyecto de laudo en el término de ley, dentro del expediente laboral ----- , mientras que la autoridad responsable emitió el proyecto de laudo, lo elevó a categoría de laudo y notificó a las parte de ello, es claro que ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto reclamado en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la falta del dictado de una resolución se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación emitida por la autoridad en fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, en que elevó a categoría de laudo el proyecto respectivo y notificó a las partes de ello; las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."1 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, pues aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, el resultado sería el mismo y se contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."3 III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Del estado de autos se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, se requirió al presidente especial de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a efecto de que remitiera copia certificada de la constancia de notificación del laudo emitido en el natural o en su defecto informara la imposibilidad que tuviere, sin que a la fecha se tenga noticia de ello. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se requiere nuevamente a la mencionada autoridad para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS remita la constancia solicitada en autos. De conformidad con lo establecido por los artículos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad en cita, con la aplicación de multa por el equivalente de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.
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