Bradwind Abimael García Gamboa

Expediente 849/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
849/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Bradwind Abimael García Gamboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó, quedó sin materia y concedió la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, a través de sus defensores William Alejandro Cadena Castillo y José de la Cruz García Vázquez, hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Narcomenudeo de la Vicefiscalía de Alto Impacto, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales obran por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 849/2020-9, promovido por Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, a través de sus defensores William Alejandro Cadena Castillo y José de la Cruz García Vázquez, contra los actos que reclaman del Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, a través de sus defensores William Alejandro Cadena Castillo y José de la Cruz García Vázquez, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La privación de la libertad, incomunicación y tortura. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe justificado Foja 1 Coordinador de la Policía de Investigación, adscrito a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto. Negó los actos reclamados (se desvirtúa) 53 2 Jefe de Grupo de Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro. Negó los actos reclamados. 54 3 Encargado del Despacho de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Tabasco. Negó los actos reclamados. 55 y 56 4 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Admite los actos reclamados. 66 5 Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. Negó los actos reclamados 67 y 68 6 Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado, en ausencia del Fiscal General y de los Vicefiscales de Delitos comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, de esa dependencia. Negó los actos reclamados 75 7 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado. Negó los actos reclamados (se desvirtúa) 76 8 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Narcomenudeo. Negó los actos reclamados (se desvirtúa) 94 y 95 9 Titular de la Unidad de apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Director General de la Policía Estatal, de dicha Secretaría. Negó los actos reclamados 102 SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. En proveído de siete de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el expediente 849/2020-9, se decretó la suspensión de plano y previa ratificación de demanda los directos quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan de la Cruz, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, el ocho de octubre del año actual, se admitió a trámite requiriendo a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La privación de la libertad, incomunicación y tortura. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Jefe de Grupo de Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro, Encargado del Despacho de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Tabasco, Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado, en ausencia del Fiscal General y de los Vicefiscales de Delitos comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, de esa dependencia, Titular de la Unidad de apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Director General de la Policía Estatal, de dicha Secretaría, al rendir sus respectivos informes negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 54, 55, 56, 66, 67, 68, 75 y 102). Sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa; por tanto, ante la falta de tales probanzas, lo procedente es tener por inexistentes los actos que se analizan reclamados a las referidas autoridades responsables y, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, respecto de los actos atribuidos a las precitadas autoridades. Resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en su informe relativo admitió la certeza de los actos reclamados. Por su parte, el Coordinador de la Policía de Investigación, adscrito a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado, y el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Narcomenudeo, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo dicha negativa queda desvirtuada con las manifestaciones vertidas por las responsables en los aludidos informes. Conviene tener presente respecto de la certeza del acto reclamado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a tales autoridades. QUINTO. IMPROCEDENCIA. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya transcripción es la siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De ahí que en el presente asunto se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. En efecto, la citada fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;[.]" Esto es así, ya que de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que los quejosos reclaman en esta vía constitucional el siguiente acto: La orden de detención. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia invocada en párrafo que antecede por los motivos que a continuación se exponen: En primer lugar, debe precisarse, que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, respecto al acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos funadamentales, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: a) La aprehensión. b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y/o auto de vinculación a proceso, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. De modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la detención de los directos quejosos cuya emisión se encuentra regulada por el artículo 16 Constitucional, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. Es decir, que bajo ese contexto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la detención ministerial y durante su substanciación se comunica que se consignó la carpeta de investigación a la autoridad judicial competente, es manifiesto que cambió la situación jurídica del imputado, pues los efectos de la detención y de la restricción de la plena libertad, se derivan a partir de ese momento, de la consignación realizada al juez de la causa. Ahora bien, del informe rendido por el Coordinador de la Policía de Investigación, adscrito a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, se desprende que mediante oficio FCN-1391/2020, correspondiente a la carpeta de investigación C.I-FCN-57/2020, el quejoso Isaac García Ramírez, fue ingresado a las celdas preventivas de la fiscalía a su cargo, por el delito de portación de arma de fuego y delito contra la salud. Luego, respecto a Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan (José Miguel Chan de la Cruz), Nelson Sánchez y Benjamín Félix Ramírez, informó que se encuentran relacionados en la carpeta de investigación CPJ-VHSA-4767/2020, por el delito de evasión de presos, daños y los que resulten, cometidos en agravio de la sociedad y de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Por otra parte, de las documentales que adjuntó el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado, se advierte que mediante oficios FDF-6310/2020 y FDF-6311/2020, de ocho de octubre del año actual, los quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan (José Miguel Chan de la Cruz), Nelson Sánchez y Benjamín Félix Ramírez, fueron puestos a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, a las veinte horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, solicitando audiencia de control de detención y formulación de imputación, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley estable como delito de evasión de presos y daños, previsto y sancionado por el numeral 274, 200 en relación al 175 y 177 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la sociedad y empresa Lumo Financiera del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, circutancia que se corrobora con las documentales que adjuntó la responsable. En otro orden de ideas, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Narcomenudeo, manifestó que Isaac García Ramírez, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de ese órgano ministerial, por delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de cartucho, decretándose su retención en la carpeta de investigación CI-FCN-57/2020. De igual forma, manifestó que ese órgano ministerial ejercitó acción penal en contra de Isaac García Ramírez, el ocho de octubre de dos mil veinte, dejándolo a disposición del Juzgado de Control de Oralidad de la Región Judicial Número Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, siendo ingresado al Centro de Reinserción Social de Centro, Tabasco, en esa misma data. Luego, el nueve de octubre de dos mil veinte, se efectuó la audiencia inicial de control de detención y demás acto procesal en la causa penal 185/2020, y en esa misma data, el Juez de Control de Oralidad de la Región Judicial Número Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, vinculó a proceso a Isaac García Ramírez, por el delito Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso B, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Posesión de Cartucho para Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército previsto y sancionado en el artículo 83 Quat fracción II, en relación con el 11 inciso C, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo tanto, la situación cambia, como en el presente caso, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se puso a disposición del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, a los quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan (José Miguel Chan de la Cruz), Nelson Sánchez y Benjamín Félix Ramírez, y a disposición del Juez de Control de Oralidad de la Región Judicial Número Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, vinculó a proceso a Isaac García Ramírez, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. Lo anterior implica que deben considerarse consumadas, de modo irreparable, las eventuales violaciones cometidas en la detención reclamada; por ende, no se podría analizar su constitucionalidad, sin necesariamente afectar las aludidas puestas a disposición realizadas en las diversas carpetas de investigación instruidas en contra de los hoy quejosos, porque de declararse la inconstitucionalidad del mandamiento de captura reclamado, se soslayaría la nueva situación de los peticionarios de amparo. En consecuencia, se actualiza con ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, al haber cambiado su situación jurídica en las condiciones antes relatadas; razón por la que procede sobreseer, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que en la demanda de amparo se haya igualmente reclamado la tortura e incomunicación que refirieron los promoventes William Alejandro Cadena Castillo y José de la Cruz García Vázquez de la cual eran objeto los directos quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan de la Cruz, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, toda vez que de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que éstas negaron la existencia de dichos actos. Lo que se corrobora con las razones actuariales de siete de octubre de dos mil veinte, en las que al tener a la vista a los quejosos Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan de la Cruz, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, dio fe de sus estados físicos, por lo que asentó lo siguiente: "No cuenta con ninguna lesión visible en su cuerpo de igual forma manifiesta el directo quejoso que no ha sido maltratado ni física ni psicológicamente" SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Bradwind Abimael García Gamboa, Isaac García Rodríguez, Jacob García Rodríguez, Benjamín Chan García, José Miguel Chan de la Cruz, Nelson Carbajal Sánchez, Benjamín Félix Ramírez e Isaac García Ramírez, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez, que en proveído de tres de noviembre del año actual, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, en representación del Director General de la Policía Estatal de la citada institución. Por otra parte, únase a los autos, la constancia suscrita por el Actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no fue posible entregar los oficios 16349/2020 y 16402/2020, de siete y ocho de octubre del presente año, dirigidos al Jefe de Grupo de la Policía de Investigación, en razón de que fue informado por Franklin Gómez Ramón, Titular del Área Jurídica de la Fiscalía General del Estado que en dicha dependencia no existe autoridad con esa denominación. En ese contexto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; no obstante, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, dése vista con la constancia actuarial, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la denominación de la autoridad que señaló como Jefe de Grupo de la Policía de Investigación, a efecto de que pueda ser llamada al presente juicio, se desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la misma, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, en el plazo señalado, se dejará de tener como tal y se tendrán sus actos como inexistentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia 153/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 440, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR.- En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para esta fecha; por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las TRECE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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