Boris Edmahu Mamani Condori

Expediente 1594/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1594/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Valerio Arteaga y Otros.
  • Boris Edmahu Mamani Condori

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...agréguese a los autos el escrito que presenta el licenciado *** autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se apliquen los medios de apremio que señala el artículo 192 la Ley de Amparo a las autoridades responsables, y se requiera de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo..En atención a lo anterior, dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, por el cual se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el cual el término de diez días que se concedió para tal efecto aún transcurre.

  2. Principal

    ...Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que signa el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución que se pronunció en el recurso de queja administrativa 190/2022, que interpuso el licenciado Adrián Guillermo**** autorizado de la parte quejosa, contra el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado por este órgano jurisdiccional, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de queja interpuesto por RUBÉN **** en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 487/2020.- SEGUNDO. Queda FIRME el auto recurrido".- Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual acusa recibo del exhorto 519/2022 con número de orden 519/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional, que se libró a fin de que notifique el auto de diez de octubre del presente año, busque a los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, y los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promovió a su favor, asimismo informa que ordenó su diligenciación. Notifíquese....

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito que firma Librado Heriberto Trujillo González, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por este Órgano Jurisdiccional en proveído de cuatro de octubre del presente año, informa que los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, fueron trasladados a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, este juzgado se reservó de acordar lo conducente respecto el oficio que remitió el Sub Representante Local en los Algodones de Baja California del Instituto Nacional de Migración en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a la suspensión de plano que se decretó en cuatro de octubre de dos mil veintidós, informó que desconocía a los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, toda vez que no se encontraban a su disposición, hasta en tanto transcurriera el termino otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, a fin de que informara la ubicación de la parte quejosa, y toda vez que lo anterior ya aconteció, se provee lo conducente. En consecuencia, por tratarse los actos reclamados en el presente juicio de amparo contemplados en el artículo 22 Constitucional, este Juzgado de Distrito, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece que se deberán dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, y a fin de hacer efectiva la suspensión de plano otorgada en cuatro de octubre de dos mil veintidós, por tanto se provee lo siguiente: Asimismo, se requiere aI Instituto Nacional de Migración del Estado Tabasco, con sede en Villahermosa, para que suspendan la ejecución de los actos reclamados y garanticen los derechos de los quejosos, conforme a lo previsto en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Además, deberá implementar todas las medidas a su alcance para evitar que se consuma la deportación y/o retorno asistido, en este sentido, podrá informar al personal encargado del traslado, a través de medios electrónicos, el sentido de la suspensión de plano, con el objeto de que a la brevedad la autoridad que tenga en custodia a las agraviadas, conozcan la situación actual que guarda este asunto. Igualmente, se requiere al Instituto Nacional de Migración del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, para el efecto de que rinda su informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, con relación a los actos reclamados y sobre el cumplimiento dado a la suspensión que se decretó en el presente juicio. En este sentido, es preciso señalar que la suspensión de plano otorgada dentro del presente expediente de amparo, a la letra dice lo siguiente: Mexicali, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta que promueve a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Librado Heriberto Trujillo González, en representación de Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, contra actos de la Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente con el número 1594/2022, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado. Sin que se inadvierta los nombres de María Rojas Calixtro, Wilder Chávez Marcelo, Henry Cristian Navarez Valverde, Dan Delia Chavez Valverde y Alex Guillermo Enciso Gutiérrez, toda vez que ante este órgano jurisdiccional se tramitó juicio de amparo 1593/2022, mismo que se le dio el trámite correspondiente en esta misma fecha. Ahora, toda vez que quien promueve actúa conforme a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, bajo el supuesto de que cualquier persona puede presentar la demanda de amparo; antes de proveer sobre la admisión de la demanda, es necesario lograr la ratificación de la parte agraviada, a efecto de tramitar este juicio, lo anterior conforme a lo previsto en el citado precepto legal. Por tanto, es procedente decretar la suspensión de oficio y ordenar que los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, ratifiquen la demanda, en los términos que a continuación se precisan: Suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede decretar de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, por las consideraciones siguientes: En esencia, los quejosos reclaman la incomunicación, detención, presentación y/o privación ilegal de la libertad, deportación, expulsión o repatriación y traslado. Incomunicación. En ese orden de ideas, y toda vez que el promovente refiere que los quejosos se encuentran incomunicados, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese y no se ejecute la incomunicación, malos tratos o cualquier otro trato cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida, libertad e integridad de Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido, que las autoridades deberán permitirle a los quejosos comunicarse con la parte promovente, así como a recibir la asesoría jurídica que se le desee brindar. Además, tomando en cuenta el alto grado de trasmisión de las variantes del virus Sars Cov 2, las autoridades podrán hacer uso de su facultad administrativa y preventiva en beneficio al derecho a la salud de los quejosos, de modo tal que el contacto con familiares y abogados se lleve a cabo sin aglomeraciones y respetando los estándares sanitarios. Asimismo, el primer contacto deberá realizarse entre la quejosa y su abogado, a efecto de que éste cuente con la posibilidad de informarle los procedimientos de este país, sus derechos, signar escritos, entre otros. Privación de la libertad y/o detención y/o presentación. Ahora bien, en relación a la privación de la libertad de los quejosos, que hace depender de la detención en la estación migratoria, conveniente traer a contexto los artículos 68, 69 y 111 de la Ley de Migración, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de: I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; II. El motivo de su presentación; III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." Del contenido de los artículos en cuestión, se advierte que el procedimiento administrativo migratorio incluye: 1) La presentación; 2) El alojamiento en las estaciones migratorias o en los centros de asistencia social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes; 3) El retorno asistido; y 4) La deportación. Así, la presentación, entendida como la medida dictada por el Instituto mediante la cual acuerda el alojamiento temporal de un adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, solo puede realizarse por el instituto en los casos previstos en la ley, deberá constar en actas y no podrá exceder el término de treinta y seis horas. Luego, el instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles, cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 111 de la ley de Migración, antes citado, a saber: 1. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; 2. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; 3. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; 4. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y 5. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos 1, 2, 3 y 4 en comento, el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el instituto otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Como se ve, el Instituto Nacional de Migración debe acordar el alojamiento temporal en un plazo que no exceda de treinta y seis horas; asimismo, a partir de ese momento, cuenta con un plazo no mayor de quince días para resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados. Como excepción, se prevé que el alojamiento podrá exceder del plazo de quince días, en los supuestos previstos en las cinco fracciones previstas en el artículo 111 de la Ley de Migración, en este supuesto, el alojamiento en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días. Precisado lo anterior, conviene traer a colación el contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad". De lo anterior, se advierte que cuando el acto reclamado consista en la detención de los quejosos efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público. Asimismo, que si la detención de los quejosos no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Ahora, en el caso particular, hasta el momento no se tiene mayor dato respecto de las causas de detención de los quejosos en la estación migratoria que refiere el promovente, ya que únicamente precisó que se encuentra detenida. Por lo tanto, al no existir elementos que permitan establecer la razón de la privación de la libertad del peticionario de amparo, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, en caso de que los quejosas se encuentren detenidos por la posible comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberá ponerla sin demora alguna a disposición del ministerio público. Por otra parte, en caso de que los quejosos no se encuentre detenidos por la posible comisión de un delito ni esté sujeta a un procedimiento migratorio, deberá ordenar su inmediata libertad. En ese orden, si los quejosos se encuentran en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, deberán proceder en los siguientes términos. En primer término, según lo expresado en la demanda de amparo, los quejosos fueron detenidos por la autoridad migratoria, quién la ha tenido privada de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración. De modo que, en caso de que el alojamiento de los quejosos en la citada estación migratoria, exceda las treinta y seis horas, sin que se tuviera noticia de que el Instituto Nacional de Migración definiera su situación migratoria, en los términos previstos en el primer párrafo del artículo 111 en comento. La autoridad migratoria responsable debe atender a la medida suspensional que ahora se decreta en favor de la libertad personal de los quejosos, ya que con la información procesal con la que se cuenta se tiene que en apariencia se favorece al buen derecho y no se afecta de manera notable el interés social, por lo que, en caso de que la detención exceda las treinta y seis horas se concede la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos sea puestaosen libertad y dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido. Lo que se estima conforme con el principio de excepcionalidad, por lo que la autoridad administrativa queda constreñida, con la información que tiene de las personas migrantes de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde los quejosos puedan ser localizados mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable de la parte quejosa mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Ello, partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. Lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que los quejosos no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. La presente determinación encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUSPENSION DE OFICIO, PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSION DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACION.". De igual manera, resulta aplicable la tesis I.20o.A.19 A (10a.), Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable a página 3551, tomo IV, libro 52, marzo de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2016412, Décima Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Ahora, esta suspensión no comprende el caso de que la restricción de la libertad obedezca a una orden dictada por una autoridad judicial con motivo de un procedimiento penal; en virtud de que dicho acto no es materia de reclamo en la demanda de amparo, aunado a que no encuadraría en los supuestos para el otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, sino en los relativos a la suspensión ordinaria que se tramita vía incidental a petición de parte, de acuerdo a lo dispuesto por el diverso numeral 128 del citado ordenamiento legal[2]. En el entendido que si la detención no tiene como causa alguna facultad prevista en la Ley de Migración, la autoridad deberá ajustarse al contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo. Deportación, repatriación, expulsión y/o traslado. De igual forma, del escrito de demanda, se aprecia que se reclama como acto reclamado su deportación, repatriación, expulsión y/o traslado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 160 del mismo cuerpo normativo, se decreta la suspensión de plano para que si la detención en las instalaciones de la autoridad responsable es con fines de deportación, repatriación, expulsión y/o traslado el efecto de la suspensión abarcará que la interesada quede en el lugar donde se encuentra (Instituto Nacional de Migración) a disposición de este órgano jurisdiccional, solo en lo que refiere a la libertad personal y no se ejecute la orden de deportación, repatriación, expulsión y/o traslado. Lo anterior, conforme a los términos que la Ley que rige el acto, en especial el capítulo que prevé para que tenga lugar el alojamiento de extranjeros. Debiendo las autoridades responsables Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración y Autoridad Migratoria responsable de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, ambos con sede en esta ciudad, informar tal circunstancia de manera inmediata a este Juzgado. Aplica al respecto, la tesis P./J. 80/2007, publicada en la página 15, del Tomo XXVI. Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2007, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Requerimiento de informe sobre la suspensión de plano. Por tanto, se requiere a las autoridades señaladas como responsables Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración y Autoridad Migratoria responsable de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, ambos con sede en esta ciudad, para el efecto de que rindan su informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, con relación al acto que se le reclama y sobre el cumplimiento dado a la suspensión que se decretó; asimismo, se previene a las autoridades de mérito, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c. Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la Tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Página 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. De igual forma, se instruye al Actuario de la adscripción, para que se constituya ante las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a efecto de que busque a los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, y los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promovió, o lo haga por escrito dentro del término de tres días, se apercibe que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo que se promueve en su nombre, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efectos las medidas decretadas; asimismo, deberá certificar el estado físico en el que se encuentren los quejosos. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, para que permitan el acceso inmediato a sus instalaciones a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, al funcionario que les impida el acceso a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de dos mil veintidós, misma que asciende a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, al multiplicarse la Unidad de Medida y Actualización de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cincuenta veces la unidad de medida y actualización; conforme lo establece el artículo 237, fracción I, en relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Autorizados y notificaciones a la parte quejosa. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Librado Heriberto Trujillo González y Marco Polo Barragán Urbalejo; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alejandro Heriberto Trujillo Sosa. Asimismo, en atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 3º, así como lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 40, ambos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria del ocho de junio de dos mil veinte; se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico del presente juicio, a quien cuenta con nombre de usuario "HTG2563", en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, así como para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, proceda el Actuario adscrito a este Juzgado a realizar las respectivas notificaciones a la parte quejosa a través del usuario descrito en párrafo. De igual forma, se le tiene señalando el número telefónico (229) 907-4057, así como los correos electrónicos heribertotrujillo@yahoo.com.mx y heribertotrujillo2563@gmail.com; lo anterior, para establecer contacto conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que el Actuario de la adscripción, se constituya en el domicilio señalado por las partes en el presente juicio, a fin de hacer de su conocimiento los proveídos que contengan notificación personal. En apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. En la inteligencia de que, con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, en la versión pública de las resoluciones o autos que se emitan en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales. También, se les hace saber que para que las constancias que alleguen al expediente se consideren, en principio, información confidencial, deberán manifestar dicho carácter al momento de exhibirlas, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, se instruye al actuario adscrito para que la notificación personal que se ordena en el presente auto se realice observando lo previsto en el artículo 23, fracción I, del AG 21/2020, esto es, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco. Así lo acuerda y firma Emmanuel Cuellar Balderas, Juez Quinto de Distrito en el Estado, ante Judith Hernández Romero, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe". De igual forma, conformidad con lo establecido en el artículo 1º Constitucional, los diversos 15 segundo párrafo, y 126, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por su disposición de su numeral 2º, así como el numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena girar atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en turno, a efecto de que la autoridad exhortada instruya al Actuario de su adscripción, para que se constituya en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esa ciudad, con el objeto de que notifique el auto inicial y busque a los quejosos Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco, y los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promovió a su favor, o bien lo hagan por escrito dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo que se promueve en sus nombres, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efectos las medidas decretadas respecto del mismo; asimismo, deberá certificar el estado físico en el que se encuentran las quejosas. De igual forma, el actuario deberá entregar al Instituto Nacional de Migración del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, el oficio que se ordena girar en el presente proveído.... Notifíquese personalmente a las quejosas Boris Edmahu Mamani Condori, Alexis Henry Medina Núñez, Juan Carlos Valerio Arteaga y Devin Pedro Nuñoncca Blanco....

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