Bonnie Jean Spencer Ainsworth
Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Bonnie Jean Spencer Ainsworth
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. Ahora, devuélvanse a la autoridad responsable el anexo que remitió en autos, sin que sea necesario que acuse por su recibo por tratarse de copias certificadas.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de seis de junio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca una vez que causara ejecutoria la resolución dictada, tomara las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral J.3/204/2016 conforme a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. En la sentencia amparadora se precisó a la responsable que las pruebas que este órgano jurisdiccional advirtió faltaban por desahogar eran: a) Informe del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores; y, b) Testimonial a cargo de Bonnie Jean Ainsworth. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (foja 40). Atento a ello, el dieciocho de julio del año en curso, ante el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, se requirió de nueva cuenta a la responsable (fojas 46 a 48). Mediante oficio 2061 recibido en este órgano jurisdiccional el dos de agosto de dos mil dieciocho, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias de las que se advierte que obtuvo el informe del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, con lo que se tuvo por desahogadas la totales de las probanzas ofrecidas en el expediente laboral J.3/204/2016. Así, del examen de las documentales remitidas, que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que fueron atendidos los efectos del fallo protector, dado que la responsable tomó las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral J.3/204/2016 conforme a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Notifíquese como legalmente corresponda
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de seis de junio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca una vez que causara ejecutoria la resolución dictada, tomara las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral J.3/204/2016 conforme a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. En la sentencia amparadora se precisó a la responsable que las pruebas que este órgano jurisdiccional advirtió faltaban por desahogar eran: Informe del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores; y, Testimonial a cargo de Bonnie Jean Ainsworth. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (foja 40). Atento a ello, la responsable mediante oficio 2061, recibido en este órgano jurisdiccional el dos de julio de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral J.3/204/2016, con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, del examen de la documental que anexó la responsable, misma que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que no se atendieron los efectos del fallo protector, dado que de las constancias que remite la responsable se advierte que en el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la responsable tuvo por recibido el exhorto remitido por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de León Guanajuato y en ese tenor por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de la actora Bonnie Jean Spenser Ainsworth; no obstante, fue omiso en informar las gestiones realizadas para obtener el informe del Informe del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores. Por tanto, no ha lugar a tener por cumplida la ejecutoria de amparo concedida, toda vez que la responsable omite informar a este órgano jurisdiccional las gestiones realizadas para lograr el desahogo de la probanza marcada con el inciso b) relativa al Informe del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores. Así, en acatamiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta menester requerir a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación, cumplimente la ejecutoria de amparo dictada; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Para ello, se les informa que a través de correo electrónico institucional ejecución@correo.cjf.gob.mx podrá remitir lo que se le exige [confirmando al teléfono (722) 2360500, extensión 3267].
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