Bonifasio Santiago Cruz

Expediente 171/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
171/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2015

Partes del expediente

  • Bonifasio Santiago Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinte de febrero de dos mil quince (fojas 15 a 21), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por BONIFASIO SANTIAGO CRUZ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II B Agréguese el escrito presentado por el quejoso BONIFASIO SANTIAGO CRUZ, por el que cumple con el requerimiento formulado en auto de nueve de febrero del actual, y al efecto indica que también señala como autoridad responsable en este juicio a la Ejecutora llevadora del expediente 285/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, además, anexa la demanda de amparo corregida con la inserción de la nueva autoridad responsable. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por BONIFASIO SANTIAGO CRUZ, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Ejecutora adscrita al mismo juzgado; es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el impetrante de mérito reclama, del Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, emitido en el juicio familiar 285/2015 de su índice; y del Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el emplazamiento efectuado en dicho juicio el quince de noviembre de dos mil catorce, así como la notificación de dieciséis de diciembre siguiente, practicada con motivo del acuerdo de ocho de diciembre citado. Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado al Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (...). El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Precisado lo anterior conviene destacar que de los antecedentes del acto reclamado narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el quejoso es demandado en el juicio familiar 285/2015 del registro del Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; asimismo, que por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, que reclama, al no haber contestado en tiempo la demanda entablada en su contra, se le declaró rebelde en el juicio y presuntamente confeso de los hechos de la demanda, además, que tuvo conocimiento de tal acto el dieciséis de diciembre pasado. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, por el que se le declaró rebelde en el juicio y presuntamente confeso de los hechos de la demanda, no depara un perjuicio de imposible reparación al quejoso, para los efectos del juicio de amparo, en la medida que no afecta un derecho sustantivo conforme a los lineamientos antes expuestos, pues tal determinación únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, tomando en consideración que no implica necesariamente una sentencia condenatoria, porque el tribunal tiene la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos; por lo que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderán al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación, y en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar el acto que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En tales condiciones es evidente que el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, reclamado, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del aquí quejoso, ya que no implica vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos y, por ello, en su caso, sólo puede infringir derechos adjetivos; por tanto, es válido concluir que será hasta que se dicte la resolución definitiva, cuando esté en aptitud de impugnarlo a través del juicio constitucional uniinstancial, como violación procesal; de ahí que se actualice la causal de improcedencia analizada. En otro orden, el suscrito juzgador también advierte que contra los actos reclamados al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistentes en el emplazamiento de quince de noviembre de dos mil catorce, y la notificación practicada el dieciséis de diciembre siguiente, con motivo del acuerdo de ocho de diciembre citado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar mediante el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones el emplazamiento y la notificación a que hace alusión. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que dice: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Precisado lo anterior, a fin de corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene reiterar que el promovente comparece a esta instancia constitucional en su carácter de demandado en el juicio familiar 285/2015 del registro del Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; así como que compareció a dicha instancia e intentó contestar la demanda entablada en su contra, la que no procedió según auto de ocho de diciembre pasado, y del cual acepta haber tenido conocimiento el dieciséis de diciembre siguiente, por lo que evidentemente tuvo conocimiento de los actos que reclama antes de que, en su caso, se hubiera resuelto dicha instancia. De ahí que sea notorio que el acto reclamado emana de un tribunal jurisdiccional y que el ahora quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, que éste se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada y que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, cabe decir que los artículos 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen lo siguiente: Artículo 73. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 74. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 75. La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciarse sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva. Ahora bien, del análisis conjunto de los preceptos transcritos se advierte que contra el emplazamiento así como las diversas notificaciones practicadas dentro de un procedimiento del orden civil, procede el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones. Asimismo, que el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones referido, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en el citado código de procedimientos civiles y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio civil, a fin de que el juez se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez ordinario. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que es incuestionable que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se vio, en contra del emplazamiento o las notificaciones no realizadas conforme a la forma establecida para tal efecto, procede el incidente de nulidad de notificaciones; sin embargo, como quedó evidenciado en líneas precedentes, el peticionario del amparo no interpuso dicho medio de defensa en contra de los actos aquí reclamados. En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia analizada. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que señala: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I A se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Villalana Castillejos, representante en el Estado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como contra su ejecución atribuida al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA II A Vista la demanda de amparo promovida por BONIFASIO SANTIAGO CRUZ, contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 171/2015. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En tales condiciones, con fundamento en el invocado numeral 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, de conformidad con lo previsto por el artículo 108, fracción III de la misma ley, regularice su demanda de la siguiente manera: a) Precise si señala como autoridad responsable al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; ello, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que ostentándose como parte demandada al juicio de origen, reclama a la autoridad ejecutora, el emplazamiento que se le realizó "supuestamente" el quince de noviembre de dos mil catorce, en el expediente 285/2015 del índice del Juzgado Primero Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, así como la notificación de dieciséis de diciembre pasado, practicada en el referido juicio. Sin embargo, únicamente señala como autoridad responsable ordenadora a la Juez Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, sin hacer pronunciamiento de quien resulta ser la autoridad ejecutora. En el entendido que de señalar como autoridad responsable al Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, deberá exhibir una copia más de su escrito de demanda para estar en aptitud de correrle el traslado correspondiente. Cabe aclarar que del escrito por el cual dé cumplimiento a la prevención que se le formula deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes y aperturar del incidente de suspensión relativo; ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 del citado ordenamiento legal. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y únicamente para esos efectos a las personas que señala, en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y ser el presente en materia civil. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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