Bonifacio Salazar Alemán
Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Bonifacio Salazar Alemán
Actuaciones
- Principal
L.- Visto el escrito de cuenta por el cual se desprende que se debe dar de baja el usuario, se tiene conocimiento y se le tienen las listas de publicación
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. ESCRITO DE DEMANDA Vista la demanda que promueve Bonifacio Salazar Alemán, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 128/2021-VII. ACTO RECLAMADO ? La sentencia interlocutoria dictada por la responsable el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el expediente 173/2018, en donde se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones intentado por el ahí actor. ? El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en donde se proveyó la ejecución de sentencia - como lo refiere el quejoso -. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18 de la citada Ley de Amparo. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo": Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; y, (.) "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previsto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar de eso; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues la parte quejosa considera que le causa agravio la resolución emitida en el expediente 173/2018, el ocho de diciembre de dos mil veinte, en donde la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de notificaciones intentado por el ahí actor. Ahora, por lo que hace al tercer requisito precisado, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. EDUARDO LÓPEZ REYES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.93.f6 19/04/21 11:38:16 6 La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232527, visible en la página 13, Volumen 139-144. Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación que contiene el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquieras de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, materia común, Novena Época (registro 163172), consultable en la página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al respecto, de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se obtiene que le notificaron la resolución de la que se duele el nueve de diciembre de dos mil veinte, lo que reitera en varias ocasiones como: "notificada legalmente el nueve de diciembre del mismo año.". Por tanto, es dable deducir que el quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado el día nueve de diciembre del año anterior. Ahora, para establecer cuando surtió efectos ese conocimiento y a partir de cuándo empezó a correr su plazo de quince días para interponer el juicio biinstancial, se acude al Código de Comercio. El artículo 1075 de esa legislación, indica que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que se hubiera realizado. En ese contexto, la notificación de nueve de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos el diez siguiente, por lo que, el término para interponer el juicio de amparo comenzó el once de diciembre del año anterior. Ahora, es importante precisar que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la Circular CAP/2/2020, respecto a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", en la cual se determinó, entre otras, la suspensión de plazos y términos y la sujeción al Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; como consecuencia, no correrían plazos y términos procesales; periodo que fue modificado por las Circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO 4/2021. SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, todas resueltas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. En el mismo sentido, que la Circular SECNO10/2021, referida, ordenó la reanudación de plazos y términos a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De lo anterior, se desprende que del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, los plazos y términos para la presentación de la demanda de amparo, estuvo suspendida. Por tanto, si el término para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir para el quejoso el once de diciembre de dos mil veinte, lo debería de haber presentado a más tardar el tres de marzo de dos mil veintiuno, fecha en la que vencían los quince días que tenía el quejoso para incoar la acción constitucional. Se concluye que el plazo para interponer el juicio de amparo comenzó el once de diciembre de dos mil veinte y, feneció el tres de marzo de dos mil veintiuno. En el mismo sentido, del sello impreso en su escrito por la Oficina de Partes Común, se advierte que lo presentó el cinco de marzo de dos mil veintiuno, siendo turnado a este juzgado el ocho siguiente. Por lo que, resulta evidente que, al haberse presentado en el día diecisiete después de que surtió efectos la notificación del acto reclamado y la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los actos que se duele, la demanda que se analiza resulta extemporánea. De ahí que es inconcuso que respecto al acto que se estudia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XIV en el artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que debe desecharse de plano la ampliación de demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Por otro lado, en lo atinente al diverso acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en donde se proveyó la ejecución de sentencia - como lo refiere el quejoso -, en el expediente de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Además, la interposición del recurso ordinario contemplado en la ley que regula el acto reclamado no es una potestad del gobernado, contrario a eso, para incoar su pretensión en el juicio biinstancial está obligado a tramitarlo. Orienta, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 170455, tesis 1ª./J 148/2007, visible en la página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.". Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Primer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 918107, tesis 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa legal contra dicho acto y que por virtud de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado En ese sentido, respecto al acto reclamado en análisis la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de revocación contemplado en el Código de Comercio. Ahora, para demostrar la actualización de la improcedencia en estudio, se analizarán los supuestos que la integran. a) Que el acto reclamado emane de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En el caso, se actualiza, porque el acto reclamado se atribuye al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; autoridad que evidentemente forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. b) Que la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa legal contra dicho acto. En el caso se actualiza, porque el acto reclamado, es susceptible de ser impugnado mediante el recurso de revocación, pues con dicho medio ordinario estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate. Esto, en términos del artículo 1334, del Código de comercio. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido del precepto legal referido. "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.". De lo transcrito, se colige que en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación que podría tener efectos de modificar o revocarlo. Aunado a lo anterior, en el caso en estudio, no se actualizada ninguna excepción a la causal contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa no se vea obligada a agotar el referido recurso ordinario. Como casos de excepción, se indican los siguientes: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Así, tocante a las excepciones relativas a los puntos 1) y 2), en el caso, no se actualizan, toda vez que el acto reclamado, fue emitido en un juicio en materia mercantil. Asimismo, referente al punto 3), en el caso, no se establece dicho supuesto; en la inteligencia de que la solicitante del amparo es parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado.. Finalmente, en lo que versa el punto 4), en el presente asunto, no se actualiza, porque los actos reclamados, se encuentra fundamentado en el Código de Comercio y su interpretación no genera confusión o incertidumbre jurídica. En complemento a lo anterior, se estima que aun cuando el acto reclamado constituyera uno de imposible reparación para la parte quejosa, esa irreparabilidad y el principio de definitividad son dos presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio biinstancial. Lo irreparable deviene de la especial trascendencia en la esfera jurídica del gobernado por la afectación que implica a un derecho sustantivo. La regla de definitividad constriñe al quejoso de agotar, previamente la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2017117, tesis P./J. 11/2018 (10ª.), visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estima: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Por lo antes expuesto, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa, a través del recurso de revocación ante la autoridad que dictó el acto reclamado, por lo que, si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. Es importante precisar la invalidez de las manifestaciones del quejoso, cuando argumenta que en razón de la cuantía del juicio de origen - $620,069.22 (Seiscientos veinte mil sesenta y nueve pesos 22/100 moneda nacional), y de conformidad con el contenido del artículo 1339, del Código de Comercio, el auto del que se duele sería irrecurrible. A efecto de dilucidar lo anterior, es importante transcribir el contenido de esa norma, que se encuentra en el capítulo XXV, denominado "De la apelación", del Código de Comercio. "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.". De lo transcrito, es indudable que el término utilizado "son irrecurribles", se refiere precisamente a los actos que no se pueden impugnar mediante el recurso de apelación. Por lo que, concatenado con el contenido del artículo 1334 de la misma normatividad, que establece que los autos y decretos que no sean recurribles mediante la apelación, serán impugnables por la revocación. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005047, visible en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno).". De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto al acto en estudio, por notoriamente improcedente. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido en el artículo 30, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que así lo ameriten, vía electrónica al usuario CHRISTIANIVAN. Instrúyase al Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que actualice los permisos correspondientes. AUTORIZADOS En relación al autorizado Christian Iván Gómez López, se advierte que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizado en términos amplios. Respecto a los autorizados Ulrick Dagoberto Torres Pulido, Jorge Alberto Jiménez Antonio, María Magdalena Molina Reyes, Karla Herrera Salinas, Alfonso Quintero Munguía, Jorge Rojas Vázquez y Berince Guadalupe Rolón Mercado, con fundamento en el numeral antes invocado, párrafo segundo, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acrediten como licenciados en derecho en el indicado sistema y lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. SE EXHORTA A LAS PARTES Enseguida, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica.
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