Bonifacio Morales Carrillo
Expediente 338/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Bonifacio Morales Carrillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***. Atento a ello, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior, se confirma con la jurisprudencia P./J. 9/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196923 y rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 188643 y rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación de los anteriores numerales, se obtiene que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, como lo establecen las disposiciones precisadas, la acción constitucional en la vía indirecta intentada contra actos dictados en el procedimiento de remate, únicamente puede ejercerse contra la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento de ejecución, entendiendo por esta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, para estar en presencia de la última resolución y hacer procedente la vía constitucional que se intenta, deben concurrir cualquiera de los elementos a que refiere el cuerpo normativo; esto es, la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la que determine la entrega de los bienes rematados. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, que pretende sortear la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de remate. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en la etapa de remate puedan intentar el juicio protector de derechos fundamentales tantas veces como violaciones se cometan en este, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y; por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe con dicho procedimiento sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante esa etapa, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190035, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En esa línea de pensamiento, resulta procedente destacar los antecedentes del acto reclamado. 1. El siete de junio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ***, ante el Juzgado en Materia Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, radicado bajo el número de expediente ***. 2. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se requirió el pago de la deuda a la demanda en el juicio de origen ***, y se trabó formal embargo del inmueble innominado ubicado de ***, inscrito a favor de ***, mismo que fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo el folio electrónico ***. 3. Siendo así que, el aquí impetrante de amparo, al solicitar certificado de gravamen tuvo conocimiento del diverso juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por lo que por acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso exhibió certificado de gravamen y solicitó se le reconociera como coacreedor en dicho sumario. 4. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se reconoció al quejoso el carácter de coacreedor. 5. Posteriormente, el catorce de abril del año en curso, tuvo verificativo la audiencia relativa al remate en quinta almoneda del bien inmueble embargado, en la cual la parte actora solicitó adjudicarse el bien inmueble embargado. 6. Finalmente, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se dictó la resolución en la que fincó remate a favor de la parte actora. Siendo estos últimos los actos reclamados en el presente asunto. Así las cosas, de los antecedentes a que se ha hecho alusión, se puede advertir que los actos que aquí se reclaman no constituyen la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento de ejecución, pues únicamente se desahogó la audiencia relativa a la quinta almoneda y se aprobó el remate del bien embargado, a favor de la parte actora. En efecto, el procedimiento de remate tiene por objeto realizar la venta de los bienes embargados o retenidos para pagar al vencedor del juicio. Se trata pues, de una venta judicial pública que se realiza ante el órgano jurisdiccional, mediante su anuncio y una previa convocatoria que se hace para que participen en ella los postores interesados en adquirir los bienes, cuya venta servirá para ejecutar la sentencia, postores que deberán exhibir su postura legal, la cual debe cubrir las dos terceras partes del precio de la venta, o en su defecto, la que sea suficiente para pagar el monto de la sentencia. Luego, si en la primer almoneda no fuere posible realizar el remate, se citará a una segunda, y si en ésta y las ulteriores no hubiere postura legal, se citará a una nueva hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se reducirá un diez por ciento del precio que, en la anterior, haya servido de base. En cualquier almoneda en que no hubiere postores, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, hasta el importe de lo sentenciado, debiendo entregar el remanente al demandando una vez que haya quedado firme la adjudicación respectiva. Ahora bien, una vez firme la adjudicación, se otorgará la escritura pública correspondiente ante el fedatario público que designe la parte actora; y, finalmente, se dictarán las diligencias necesarias para poner en posesión material y jurídica el bien; todo lo anterior, a petición de parte interesada. Bajo el contexto establecido, los actos que aquí se reclaman no ponen fin al procedimiento de remate, dado que en estos únicamente se desahogó la audiencia relativa a la quinta almoneda y se aprobó el remate del bien embargado, a favor de la parte actora; sin embargo, aún no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni se ha determinado la entrega del bien rematado. De lo expuesto, es patente que no se está frente a la última resolución en el aludido procedimiento; por tanto, el quejoso, en su carácter de coacreedor en el juicio ejecutivo mercantil de origen ***, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el cual se le reconoció en dicho juicio, podrá intentar el juicio de derechos fundamentales hasta que se ordene la escrituración del bien inmueble o se decrete la entrega material, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes, entre ellas, las que reclama en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2011474, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." También resulta ilustrativa la tesis aislada VII.2o.C.194 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, número de registro 2020424, de rubro siguiente: "REMATE EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CONTRA LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE AQUÉL (ADJUDICACIÓN FIRME) PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en ***; sin que haya lugar a tener por señalado el diverso domicilio procesal que refiere en el ocurso de cuenta, en virtud de que únicamente puede autorizarse uno de los domicilios que señala. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, por no contar con dicho registro. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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