Bonifacio Martínez Cruz

Expediente 163/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
163/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2015

Partes del expediente

  • Bonifacio Martínez Cruz
  • Juez Unico Penal de la Delegación de San Quintín

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que tuvo por desechada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por la parte promovente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable. El primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Federal, debido a que quien promovió el juicio constitucional carece de legitimación para hacerlo. A efecto de ilustrar la causa de improcedencia de que se trata, conviene transcribir el contenido de los mencionados artículos, que disponen: [Ley de Amparo] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos] "Artículo 107... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona física o moral, directamente agraviada por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, ya que el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Esto es, la legitimación debe entenderse como la potestad legal que se posee para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia; como se desprende del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J.75/97, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, del Tomo VII, de enero de mil novecientos noventa y ocho, página 351, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que se lee: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Así, existen dos tipos de legitimación: 1) aquélla que debe demostrarse desde que se promueve la acción o la instancia (ad procesum) para que el proceso se tramite; y, 2) aquélla que implica acreditar la titularidad del derecho demandado (ad causam) por lo que su demostración debe ser analizada necesariamente hasta que se resuelva el juicio o la instancia promovidos, pues de ésta depende la procedencia de la acción. En efecto, sólo el directamente afectado es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, porque es el titular de la acción es el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6, párrafo segundo, 8, 11, 14, 15 y 16, de la Ley de Amparo . Precisado lo anterior, en el presente asunto Marisol Pérez Prado, promueve juicio de amparo en favor del directo quejoso Bonifacio Martínez Cruz, señalando como acto reclamado la orden dictada por el Juez Penal de Primera Instancia de San Quintín, Baja California, de privarlo de su libertad; pidiendo además la suspensión de los actos de incomunicación de los que dice es objeto. Asimismo, precisa la promovente en su demanda que el directo quejoso se encuentra en la delegación de Camalú, de esta ciudad, dentro de su casa, sin que pueda salir de la misma, ya que a su alrededor se ubican diversas camionetas. Por tanto, esta juzgadora estima que la promovente del amparo en favor del directo quejoso no acredita su legitimación para promover el presente juicio. Ello es así, pues de lo anteriormente narrado se advierte que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en los artículos 6, párrafo segundo, 8, 11, 14, 15 y 16, de la Ley de Amparo, que permitan que persona distinta promueva la demanda en nombre del quejoso, ya que en todo caso, solo a él afecta directamente el acto que reclama. En efecto, aun cuando la promovente solicita la suspensión de plano en términos de lo previsto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, respecto de los actos de incomunicación que alega sufre quejoso, lo cierto es que de lo narrado con antelación se advierte que Bonifacio Martínez Cruz, no se encuentra incomunicado ni se han ejecutado en su contra actos a que se refieren los artículos 15, de la Ley de Amparo y 22, Constitucional. Lo anterior es así, pues si bien pudiera encontrarse vigilado por las autoridades que señala como responsables, también lo es que se encuentra dentro de su domicilio, es decir, no existe por parte del Estado ninguna restricción de su libertad personal y mucho menos la incomunicación que precisa; además de que el acto reclamado lo atribuye a una autoridad jurisdiccional, lo cual trae como consecuencia que en todo caso exista un procedimiento judicial instaurado en su contra. Por tanto, al haberse realizado un estudio integral y minucioso de la demanda de amparo, resulta inconcuso que la promovente carece de legitimación procesal para acudir ante esta instancia federal a reclamar los actos tildados de inconstitucionales, en favor de Bonifacio Martínez Cruz, pues como se dijo, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 6, párrafo segundo, 8, 11, 14, 15 y 16, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente

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