Bonifacio Marciano Pérez Hernández

Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Bonifacio Marciano Pérez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Recepción. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, por el que remite el juicio de amparo 714/2022, de su índice, promovido por********, contra actos del Director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otra autoridad. En tales condiciones, una vez analizadas las constancias que integran el aludido sumario constitucional, es de establecer que se comparte el criterio sustentado por el órgano declinante; por tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 46, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, conviene señalar que en esta instancia constitucional se reclama ".. De la autoridad señalada como responsable con el numero 1).- reclamo: a) La orden verbal para no elaborar y remitir a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca llevadora en la carpeta de investigación número 2672/FNSC/MIAHUATLAN/2022, el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, respecto del vehículo de motor, automóvil Nissan tipo Tsuru, modelo 2006, color blanco propiedad del suscrito. La omisión y/o negativa para ordenar al perito de Tránsito Terrestre, emitir y entregar a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, llevadora en la carpeta de investigación número 2672/FNSC/MIAHUATLAN/2022, el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, respecto del vehículo de motor, automóvil Nissan tipo Tsuru, modelo 2006, color blanco propiedad del suscrito. La omisión y/o negativa para remitir y entregar a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, llevadora en la carpeta de investigación número 2672/FNSC/MIAHUATLAN/2022, el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, respecto del vehículo de motor, automóvil Nissan tipo Tsuru, modelo 2006, color blanco propiedad del suscrito. De la autoridad señalada como responsable 2).- reclamo: La omisión y/o negativa para que investigue la dilación en el cumplimiento d las pericias del C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA." En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La hipótesis definida en esta fracción se refiere a la obligación de los gobernados de agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley donde se origina el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de promover el juicio de amparo. Este principio no es absoluto, pues en su párrafo segundo precisa que si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, opera la excepción al principio contenido en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo en estudio. Ahora, de la transcripción de la porción normativa efectuada, se obtiene que la improcedencia advertida, se actualiza cuando el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado a través de un medio de defensa ordinario, siempre que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos del acto impugnado sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo y que el acto impugnado no carezca de fundamentación. En el caso, cabe recordar, que del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que el acto de que se duele la parte quejosa, consiste esencialmente en la orden verbal, omisión o negativa del Director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como de la Visitaduría General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de no entregar el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular del vehículo de motor, automóvil Nissan tipo Tsuru, modelo 2006, color blanco propiedad del suscrito, a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, llevadora de la carpeta de investigación número 2672/FNSC/MIAHUATLAN/2022. Al respecto es pertinente destacar, que conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las etapas de investigación (investigación inicial e investigación complementaria), intermedia y juicio. En la etapa de investigación el Ministerio Público dirigirá la investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, que permita allegarse datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, teniendo bajo su mando y auxilio, entre otros, al Instituto al que se encuentran adscritos los peritos de la Fiscalía General, lo anterior, en términos de los artículos 211 del citado Código Nacional en relación, con el artículo 21 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Por tanto, los actos u omisiones de la institución ministerial y auxiliares, son impugnables por el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese sentido, como lo refiere el quejoso, bajo protesta de decir verdad, los actos por los que se duele emanan, de la carpeta de investigación 2672/FNSC/MIAHUATLAN/2022, relativo a la orden verbal, omisión o negativa del Director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como de la Visitaduría General, ambos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a, de no entregar el dictamen de extracción de calcas e identificación vehicular, a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo que indudablemente constituyen actos acontecidos en la etapa de investigación inicial. En tales condiciones, el quejoso previamente a la promoción del juicio de amparo, debió interponer contra el acto reclamado, el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual podría lograr que se subsanara el acto atribuido a las responsables, en su carácter de auxiliares de la autoridad ministerial. En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado medio de defensa para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En efecto, el acto reclamado no está en el supuesto de excepción, al principio de definitividad, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Apoya la anterior determinación, la tesis aislada emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Registro digital: 2023252, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Tesis: III.3o.P.5 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5099, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES DE LA POLICÍA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, YA QUE ACTÚA BAJO EL MANDO Y CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y NO DE FORMA INDEPENDIENTE. Hechos: El quejoso promovió demanda de amparo contra un acto del comisario de investigación de la Comisaría General de Seguridad Pública de la Fiscalía del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de cumplir la totalidad de sus deberes de investigación de los delitos y la de esclarecer los hechos de la investigación. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 20, apartado C, fracción VII, constitucional y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estima que es correcta la determinación impugnada, aunque con fundamento en una diversa causal de improcedencia a la invocada por la Jueza de amparo pues, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los citados preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: El proceder del cuerpo policiaco, tratándose del auxilio a la función indagatoria prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en el espectro de la potestad de investigación de los hechos denunciados, que es responsabilidad del órgano ministerial y, por ende, la conducta del ente policiaco debe considerarse inmersa en la de este último, por lo que no puede catalogarse ni revisarse su juridicidad de manera desvinculada. Por tanto, cuando la víctima u ofendido reclame las omisiones de la policía durante la etapa de investigación, respecto a los hechos denunciados ante el Ministerio Público, y sobre los que ya se inició una investigación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la actuación de la policía está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente. Decisión. En estas condiciones, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. La presente determinación, no contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, libro XV, tomo I, página 530, registro digital 2002359, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, registro digital 2002861, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2002537, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizado a Jesús Martin Matías Hernández, en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, toda vez, que se consultó la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), a través de la página http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf/Entrada_Login.asp, se encontró cédula profesional registrada a nombre del citado profesionista y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes por así solicitarlo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE TELÉFONO. Ahora, respecto al correo electrónico y teléfono que proporciona, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del mismo, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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