Bonifacio Juan Muñoz Hernández
Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bonifacio Juan Muñoz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 302/2021; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación y datos de la demanda. Mediante demanda depositada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, BONIFACIO JUAN MUÑOZ HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "III. Autoridad responsable. INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. A tal autoridad le reclamó el siguiente acto: ".IV ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la responsable de pagar laudo ejecutoriado en su contra." II. RADICACIÓN Y PREVENCIÓN. Por cuestión de turno, dicha demanda se remitió a este órgano jurisdiccional, radicándose el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, con el número 302/2021, donde se previno al quejoso a fin de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, proveído del cual quedó debidamente notificado el quejoso el nueve de abril de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación al respecto. III. ADMISIÓN y TRÁMITE. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, al no haber ampliado el quejoso su demanda de amparo se admitió a trámite, ordenándose solicitar su informe justificado a las autoridad señalada como responsable; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. IV. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza laboral y que este órgano jurisdiccional previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. La negativa a pagar el laudo dictado en contra de la autoridad señalada como responsable en el juicio laboral 312/2016 por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) conducto de su apoderada y representante legal, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; no obstante, de las manifestaciones que en él realiza se advierte su certeza, pues a la fecha no se ha hecho efectivo el laudo dictado a favor del quejoso, pues se encuentra en trámite el recurso de revisión que interpuso el referido Instituto contra el auto de siete de septiembre de dos mil veinte que ordenó la ejecución del laudo. Por ende, se tiene por cierto el acto aquí reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. En el caso, como lo aduce la representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), señalado aquí como responsable, contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. De los numerales citados se obtiene que el juicio de amparo solo es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de las que el Estado Mexicano sea parte. Que son partes en el juicio de amparo, entre otras, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, la nota distintiva del concepto de autoridad responsable consiste en un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral porque el ente público actúa unilateralmente, es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo, puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorio. Así, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), no reúne el carácter de autoridad para efectos de este juicio amparo, pues no reúne ninguna de las características antes mencionadas. Ello, toda vez que la parte quejosa de manera destacada le atribuye la negativa a pagar el laudo ejecutoriado en su contra en el juicio laboral 312/2016 por la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Luego, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), es parte demandada en ese juicio laboral, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe y las aportadas por el propio quejoso. Por ende, se encuentra en el mismo plano de subordinación que el quejoso en el juicio natural, y no de supra a subordinación, por lo que, como se dijo, carece de aptitudes de un ente público que actuando unilateralmente cree, modifique o extinga una situación jurídica que afecte a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y coercibilidad. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro digital: 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ahí que, el acto reclamado consistente en la negativa a pagar el laudo dictado a favor del quejoso en el juicio laboral 312/2016 por la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no es susceptible de ser analizado, porque no constituye un acto de autoridad, sino de una actitud procesal de la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en el juicio natural, que debe cuestionarse ante la referida Junta, quien sí reúne las características de autoridad para efectos del juicio de amparo, y dispone de los medios coercitivos para hacer cumplir sus determinaciones, quien no fue llamada a instancia constitucional a pesar de haberse realizado prevención al quejoso, mucho menos le reclamó acto alguno. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia descrita, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BONIFACIO JUAN MUÑOZ HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, por lo que aún no se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por Yolanda Gloria Amaya Ángeles, apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número cinco mil diez, volumen número noventa y tres, de veintisiete de febrero de dos mil veinte, pasado ante la fe del Notario Público número noventa y dos; como lo solicita, previo cotejo de la misma, realícese la certificación correspondiente en la copia simple de la misma, para que se agregue a este expediente y devuélvasele la primera, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que indica. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como delegados a las personas que refiere. De igual manera, téngasele rindiendo su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales la que se anexan a su informe, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte, la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, respecto a que si señalaba como autoridad responsable a la Junta Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo, en los términos planteados en su escrito inicial; al respecto se provee: Analizada la demanda de amparo promovida por Bonifacio Juan Muñoz Hernández, contra actos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; con registro de este Juzgado 302/2021; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Dígase a la autoridad responsable que dado el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se le requiere para que rindan su informe justificado y envíen cualquier oficio, al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá a cada una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas a que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y ante la actual situación de contingencia que se vive con la pandemia derivada del virus COVID-19; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que deban practicarse a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, a la autoridad responsable, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que en subsecuente promoción que presente en este juicio, indique si es su deseo continuar la tramitación del presente expediente en línea, para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que anexa a su escrito de demanda, misma que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva y se tengan por recibidas en ese acto, de las que se ordena realizar su cotejo con las copias simples que se exhiben, para ser agregadas al presente asunto. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso una vez que se reanuden las labores de este órgano jurisdiccional en sus instalaciones y siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.
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