Bonifacio Gamez Mendoza
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Bonifacio Gamez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1506/2022 signado por el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa aceptó la competencia planteada del juicio de amparo 1053/2021 de nuestro índice, quedando registrado como amparo directo 775/2021, derivado del juicio ordinario civil 200/2020 de su índice. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, ... Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, quien informó que recibió el juicio de amparo indirecto 1053/2021-VI, formó expediente físico, así como electrónico, se registró en su libro de gobierno con el número 774/2021, y previo acordar sobre la competencia planteada, requirió al Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar, con residencia en Rio Bravo, Tamaulipas, remitiera el juicio ordinario civil 200/200. Por tanto, solicítese atentamente a la referida autoridad, para que informe sobre el estado procesal que guarda dicha incompetencia planteada. Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 5699/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual informa que previo a acordar sobre la competencia planteada, requirió al Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar con sede en Río Bravo, Tamaulipas, el juicio ordinario civil 200/2020; por tanto, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 5285/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 150/2021, cuyo punto resolutivo establece: "Único. Es fundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, analizada de nueva cuenta la demanda de amparo, de la cual se advierte que la parte quejosa reclama los autos de tres y once de agosto de dos mil veintiuno, por los cuáles se determinó no proveer de conformidad el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de treinta de junio del presente año, y que se estuviera a lo acordado, ya que la misma había causado estado, ambos dictados por la Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil y Familiar, con sede en Río Bravo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional analizará de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sobre la procedencia del juicio de garantías en esta instancia, ya que es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Al efecto, se precisa lo que la Ley de Amparo dispone en relación con la procedencia de ambas vías, para lo cual se transcriben los numerales 107 y 170 de ese ordenamiento. " Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En relación con los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; . V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: . c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común..." La lectura de este artículo constitucional, en relación con el 170 antes citado de la Ley de Amparo, conduce a establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen no sean de los ahí previstos, esto es, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que a contrario sensu hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Resulta pertinente definir esos actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. El concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo se consagra en la fracción I, del artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el que dispone: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)." Lo hasta aquí considerado en relación con los numerales citados, pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: (I) sentencias definitivas, (II) laudos y (III) resoluciones que ponen fin al juicio y la que aquí se analiza (auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio natural) constituye precisamente una resolución que pone fin al juicio, que es impugnable en amparo directo. Se arriba a lo anterior, dado que la resolución que ahora se reclama, se trata de una de las hipótesis de procedencia a que se refiere el citado numeral 170 de la ley de la materia, ya que se trata de una resolución que, por sus efectos pone fin al juicio. En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para los efectos del amparo debe entenderse por juicio, el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que se dicta sentencia o resolución que le ponga fin. Así pues, el juicio está condicionado a la existencia de un litigio, esto es, de un conflicto entre partes, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define (en cualquier sentido) la controversia, el litigio termina y por consecuencia el juicio. Atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de sus artículos anteriormente transcritos, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que ponen fin al juicio), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Precisado lo anterior, se estima que el fallo dictado por la responsable que negó admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de origen 200/2020, es de aquellas resoluciones a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo, esto es, de las que ponen fin al juicio, pues si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda en lo principal, dado que ello ya ocurrió con el dictado de la sentencia, sí dan por terminado el juicio. En efecto, dada la propia naturaleza de esa resolución, que al desechar el recurso de apelación deja firme la sentencia de primera instancia, máxime que como lo narra el impetrante de garantías en el apartado de antecedentes, la sentencia había causado estado, debe concluirse que pone fin al juicio, consiguientemente, es claro que se trata de una resolución impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, si el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el Juez que se estima competente y concluye con la sentencia definitiva o resolución que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación, es evidente que la resolución que desecha un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, se asemeja a aquellas que ponen fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, ello en virtud de que para la parte que intentó el recurso evidentemente su juicio concluye con tal decisión, teniendo como consecuencia la firmeza de la sentencia de primera instancia. Ordinariamente los juicios concluyen con la sentencia de fondo, sin embargo, como ya se vio, existen otros modos en que finalizan sin que se resuelva la materia del fondo de la contienda, como es la resolución en que se desecha o se declara "inadmisible" el recurso de apelación, la cual evidentemente impide la continuación del juicio y lo da por concluido, como en el presente caso acontece. En efecto, ya que los efectos que tiene la sentencia dictada en el recurso de apelación de haber sido procedente éste, se concluye que son los mismos en el supuesto de que esta última hubiere confirmado la sentencia de primera instancia, declarando infundado el recurso de apelación. Consiguientemente, si el Tribunal Superior resuelve el recurso de apelación y confirma la sentencia o se niega a conocer del recurso y lo desecha definitivamente en ambos casos, concluye el juicio, pues con una u otra determinación, como ya se dijo, se deja firme la sentencia de primera instancia, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio. Así las cosas, es claro que la conclusión del juicio en las condiciones apuntadas, es decir, a través de la resolución que desecha el recurso de apelación intentado contra la sentencia de primera instancia, es impugnable en amparo directo. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural.". La aplicación de la jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Ante las consideraciones apuntadas, el suscrito considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Bonifacio Gámez Mendoza en representación de Simón Santiago Martínez y Antonia Hernández Bautista, en virtud de que los autos que se combaten, constituye una determinación que pone fin al juicio de carácter civil, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la misma es un Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en dicho numeral. ......En esas condiciones, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio; en consecuencia, envíese con sus copias, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese personalmente. ...
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