Bolivar Vázquez Esquivel
Expediente 665/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bolivar Vázquez Esquivel
- Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio Y Oral de Ésta Región de Uruapan, Michoacán de Ocampo, Responsable de las Causas Penales Con Terminación Par
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En quince de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió para la parte quejosa del treinta de noviembre al trece de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada el veintiocho de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta a la Secretaria Encargada de Despacho, dentro del juicio de amparo indirecto número 665/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 665/2022, sin la asistencia de las partes. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La demanda e, Informes justificados. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 665/2022, promovido por Bolivar Vázquez Esquivel, solicitó la suspensión del acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, turnado en esa misma data a este Juzgado de Distrito, por Bolivar Vázquez Esquivel, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a). Autoridades Ordenadoras: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de ésta Región de Uruapan, Michoacán, responsable de las causas penales con terminación par; 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y. Oral de ésta Región de Uruapan, Michoacán, responsable de las causas penales con terminación non; de estas autoridades reclamo la posible orden de aprehensión dictada en mi contra, autoridades que tienen su domicilio en las oficinas anexas al Centro de Reinserción Social de esta ciudad. 3. Agente del Ministerio Público, de la región de Tacámbaro de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán; con domicilio en Amalia Solorzano Viuda de Cardenas 20, Los Pinos 61650 Tacambaro Michoacán. 4. Agente del Ministerio Publico de la Federación titular de la celula III-1 Uruapan Michoacán. 5. Jueces de Distrito Especializados en el sistema penal acusatorio en el Estado Michoacán del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacan. b). Autoridades Ejecutoras: 6. Director de la Policía de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional Uruapan de la Fiscalía General de Justicia del Estado; 7. comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía regional de Tacambaro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con domicilio en Amaba Solorzano Viuda de Cardenas 20, Los Pinos 61650 Tacambaro Michoacan. Mi como de las autoridades de esta ciudad en en la Calle Leona Vicario de esta ciudad; de las que reclamo la posible orden de aprehension, localización y/o comparecencia dictada en mi contra. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituyen la posible ORDEN DE APREHENSIÓN y/o LOCALIZACIÓN y/o COMPARECENCIA dictada en mi contra, la posible orden de aprehensión se reclama de los jueces señalados como autoridades responsables ordenadoras. En lo que ve a la posible orden de localización y/o comparecencia, se reclama de los Agentes del Ministerio Público designados como responsables ordenadoras. De ser cierto el acto reclamado, fue dictado fuera de todo procedimiento judicial debidamente fundado y motivado; y lo tratan de ejecutar en mí contra las autoridades que señalo como responsables ejecutoras ya sea por sí o por conducto de sus inferiores jerárquicos, subordinados policías y/o cualquier otra autoridad a su cargo. Con ello se pretende privarme de mi libertad y posiblemente para atentar en contra de mi integridad física, además de que el acto reclamado de existir no cumple con los requisitos exigidos por el artículo '16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no he cometido ningún hecho delictuoso, ni tengo conocimiento de que pese denuncia o querella en mi contra." La promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, este Órgano de Control Constitucional tuvo por admitida la demanda de amparo, se registró bajo el número 665/2022, requirió de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en esta misma data, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este juicio de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, girada contra el aquí quejoso; y, su ejecución. De las siguientes autoridades ordenadoras y ejecutoras: Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, responsables de las causas penales con número par y non; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia; Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 Uruapan, Michoacán de Ocampo; Agente del Ministerio Público, de la Región de Tacámbaro de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán de Ocampo; Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Tacámbaro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 68, tomo 76, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 212775, que dice: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. En esa tesitura, en relación con los actos materia de presente considerando, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí, y en representación de los Jueces responsables de las causas penales con número par y non; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia; Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 Uruapan, Michoacán de Ocampo; Agente del Ministerio Público, de la Región de Tacámbaro de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, negaron categóricamente la existencia del acto que la parte quejosa les reclama en esta vía, sin que éste haya aportado prueba idónea para desvirtuar esas negativas. No se soslaya, que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su respectivo informe, señala la existencia de la causa penal 130/2022; sin embargo, indica que mediante audiencia privada de quince de junio del año en curso, se negó la solicitud de orden de aprensión realizada por el Ministerio Público, en contra del impetrante, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio, en agravio de L.E.C.V. Asimismo, señaló que, luego de realizar una minuciosa revisión al Sistema Integral de Administración Judicial, no se ha emitido orden de aprehensión, localización y/o comparecencia, por alguno de los Jueces que componen esta Región Judicial, en contra del aquí quejoso y pudiera derivar en su ejecución, de ahí que, se tenga por inexiste el acto reclamado a esas autoridades. De igual forma, no son ciertos los actos que se reclaman al Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Tacámbaro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, no obstante que haya sido omisa en rendir su correspondiente informe previo, pues al haber negado las autoridades ordenadoras la existencia de los actos reclamados, resulta inminente la inexistencia de los actos que se le reclaman, dada la naturaleza de que se trata, en razón de que al tener el carácter de autoridad ejecutora, se encuentra imposibilitada de materializar una orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, que no ha sido emitida. En tesitura, se advierte que las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se hizo del conocimiento del quejoso; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar dichas negativas, para de esa forma demostrar su existencia. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Bolivar Vázquez Esquivel, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 15218, dentro del juicio de amparo indirecto número 665/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, en su atención, téngasele formulando alegatos que a esa representación social corresponden, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Incidental
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las trece horas con quince minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, en el presente incidente de suspensión 665/2022sin la asistencia de las partes. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el Juez acuerda lo conducente: INFORMES PREVIOS 1. Se da cuenta al Juez con los informes previos rendidos por las siguientes autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí, y en representación de los Jueces responsables de las causas penales con número par y non. Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 Uruapan, Michoacán de Ocampo. Agente del Ministerio Público, de la Región de Tacámbaro de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán de Ocampo. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Se tienen por recibidos los informes rendidos por las autoridades responsables mencionadas. AUTORIDADES OMISAS 2 No obra el informe previo de la siguiente autoridad responsable: Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Tacámbaro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. Se toma conocimiento y, se tiene por omisa a la referida autoridad responsable. PRUEBAS 2 El Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. ALEGATOS 3 Se da cuenta que las partes no formularon alegatos. Por tanto, se cierra esta etapa. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente interlocutoria: VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En su demanda de amparo la parte quejosa Bolivar Vázquez Esquivel, solicitó la suspensión del acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal; se requirió de las autoridades responsables su informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el quejoso señala como actos reclamados: La orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, girada contra el aquí quejoso; y, su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí, y en representación de los Jueces responsables de las causas penales con número par y non; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia; Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1 Uruapan, Michoacán de Ocampo; Agente del Ministerio Público, de la Región de Tacámbaro de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." No se soslaya, que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al rendir su respectivo informe, señala la existencia de la causa penal 130/2022; sin embargo, indica que mediante audiencia privada de quince de junio del año en curso, se negó la solicitud de orden de aprensión realizada por el Ministerio Público, en contra del impetrante, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio, en agravio de L.E.C.V. Asimismo, señaló que, luego de realizar una minuciosa revisión al Sistema Integral de Administración Judicial, no se ha emitido orden de aprehensión, localización y/o comparecencia, por alguno de los Jueces que componen esta Región Judicial, en contra del aquí quejoso y pudiera derivar en su ejecución, de ahí que, se tenga por inexiste el acto reclamado a esas autoridades. De igual forma, no son ciertos los actos que se reclaman al Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Tacámbaro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, no obstante que haya sido omisa en rendir su correspondiente informe previo, pues al haber negado las autoridades ordenadoras la existencia de los actos reclamados, resulta inminente la inexistencia de los actos que se le reclaman, dada la naturaleza de que se trata, en razón de que al tener el carácter de autoridad ejecutora, se encuentra imposibilitada de materializar una orden de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, que no ha sido emitida. En tesitura, se advierte que las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se hizo del conocimiento del quejoso; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar dichas negativas, para de esa forma demostrar su existencia. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que corresponde a las mencionadas autoridades. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: UNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Bolivar Vázquez Esquivel, por las autoridades y términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. A
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