Bolivar García Picaz
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Bolivar García Picaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, ni aporta mayores elementos al acervo cultural, conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el párrafo segundo de su numeral 18, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó a su escrito de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós un acuse de recibo de siete de enero de dos mil veinte; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo así tal documento serán destruido junto con el expediente. Finalmente, en mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando los autos originales que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, que obran por separado en dos tomos de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, por el que el quejoso Bolívar García Picaz, promueve incidente de repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero. En principio, debe precisarse que la denuncia de repetición del acto reclamado tiene por objeto impedir que la autoridad responsable emita un nuevo acto que reitere las violaciones que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo, desconociendo así el principio de cosa juzgada y su fuerza vinculatoria. El sustento de dicha figura se encuentra establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.". Del texto legal en cita, se desprende que el plazo para que la parte interesada denuncie la existencia de un acto en el que estime que se repiten las violaciones por las que se concedió la protección constitucional en un juicio de amparo, es de quince días. Sin embargo, el precepto legal no define a partir de qué instante comienza a correr el plazo para que la formulación de la denuncia correspondiente se realice ante el órgano de amparo. Entonces, para el cómputo del plazo de quince días para controvertir ese acto o resolución, debe acudirse al Título I de la Ley de Amparo denominado "Reglas Generales", que como lo alude su nombre, se fijan lineamientos que son comunes tanto para el trámite como para la substanciación de todos los procedimientos contemplados en esa legislación especial en materia de amparo, como lo son: capacidad y personería (Capítulo II), plazos (Capítulo III), notificaciones (Capítulo IV), reglas de competencia (Capítulo V), impedimentos, excusas y recusaciones (Capítulo VI), causales de improcedencia y sobreseimiento (Capítulos VII y VIII), requisitos para el dictado de sentencias (Capítulo X), entre otros tópicos. En esa línea, el hecho que en el normativo 199 de la Ley de Amparo, no se establezca a partir de qué instante inicia el plazo de quince días para la presentación de la denuncia de repetición del acto reclamado, no significa que esto no pueda ser definido, pues de una interpretación sistemática a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hace concluir que esa posible ambigüedad se encuentra dilucidada precisamente con las reglas generales en las que se encuentran constreñidos los procedimientos atingentes al juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 18 de la ley de la materia, permite tener un parámetro objetivo sobre momentos particulares y concretos en los que se puede deducir que la parte interesada tuvo conocimiento del acto o resolución que le afecta. De ahí, que se concluya que el cómputo para la presentación de la incidencia que nos ocupa, el plazo de quince días, dé inicio, a partir del día siguiente: A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución en la que aduce la existencia de repetición del acto reclamado, o; A aquél en que haya tenido conocimiento; o, se ostente sabedor del mismo; o, de su ejecución. Esto es, que dicho plazo inicia a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución en la que aduce la existencia de repetición del acto reclamado, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo, de acuerdo a las reglas generales en que se computan los plazos conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXI.2o.C.T.3 K (10a.), con Registro digital: 2012435., del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, que se comparte, texto y rubro siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA PARTE INTERESADA TUVO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE DICHA REPETICIÓN, DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 199 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para la presentación de la denuncia de repetición del acto reclamado es de quince días, pero no establece a partir de qué momento debe computarse dicho plazo, por lo que de una interpretación sistemática del numeral señalado, en relación con el diverso 18 de la misma ley, se colige que el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución materia de la repetición emitida por la autoridad responsable, a aquel al en que haya tenido conocimiento o al en que se haya ostentado sabedor de la misma, por ser esa resolución la que es materia de análisis de dicho incidente, y no a partir de que se emita la resolución que determina el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues no es objeto de estudio del incidente de repetición; lo anterior es así, en razón de que dichas figuras constituyen supuestos distintos y excluyentes entre sí, pues la repetición del acto reclamado tiene por objeto impedir que la autoridad responsable, con posterioridad al pronunciamiento de una ejecutoria que otorgue la protección federal, emita un nuevo acto que reitere las violaciones que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo, desconociendo así el principio de cosa juzgada y su fuerza vinculatoria; mientras que en el cumplimiento de la sentencia de amparo debe analizarse, por el órgano de control constitucional, si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia de amparo, verificando que no haya exceso o defecto en éste.". Por tanto, como se dijo, el momento procesal para que la parte interesada pueda realizar la denuncia de repetición del acto reclamado, se contabiliza tomando en consideración, lo estatuido en el título I de la Ley de Amparo, denominado "Reglas generales", en el que se fijan lineamientos que son comunes tanto para el trámite como para la sustanciación de todos los procedimientos previstos en esa legislación especial en materia de amparo; de esa manera, el artículo 18 de la citada ley -que dispone las reglas generales en que se computan los plazos en el juicio de control constitucional-, permite tener un parámetro objetivo sobre momentos particulares y concretos en los que puede deducirse que la parte interesada tuvo conocimiento del acto o resolución que le afecta, concluyéndose que los instantes a partir de los cuales puede realizarse la denuncia respectiva, son a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución en la que aduce la existencia de repetición del acto reclamado, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de éste. En esa línea argumentativa, el parámetro del cómputo para la denuncia de la repetición del acto reclamado no puede ser a partir de la resolución en que se califica por cumplida la ejecutoria de amparo, porque la determinación en que se califica el cumplimiento al fallo protector no es objeto de estudio en la incidencia de referencia; ni tampoco el acto con el que la autoridad responsable da cumplimiento a tal ejecutoria, ya que ese "nuevo acto" constituye la materia de análisis de la repetición del acto reclamado, como acto repetitivo, pero como se dijo, no da la pauta para el inicio del cómputo. Entonces, es a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso (doce de agosto de dos mil veintidós) que inicia el cómputo para la denuncia de la repetición del acto reclamado, por tanto, el plazo para su presentación transcurrió del doce de agosto al uno de septiembre de dos mil veintidós, descontado de dicho cómputo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto de la presente anualidad por ser inhábiles; por tanto, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea la denuncia que refiere. Por otra parte, debe decirse que si bien el artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Federal, protege el derecho humano a la libre expresión de ideas; sin embargo, en su ejercicio no debe vulnerarse el derecho correlativo de los individuos a ser respetados en su dignidad e integridad. En esos términos, es inaceptable que el promovente profiera expresiones que denosten la actividad jurisdiccional de esta Juzgadora, ya cuando las partes formulen un escrito, deben hacerlo de manera pacífica y respetuosa; de manera que cuando lo realice en forma contraria, profiriendo palabras ofensivas, constituye una falta de respeto al órgano jurisdiccional que conoce del asunto, así como de la Jueza Federal que lo preside. Ello, porque es claro que la expresión contenida en su escrito, cuando refiere "ridícula", denotan falta de respeto en agravio de la suscrita. Empero, el promovente pierde de vista que, contra la actuación de una persona resolutora de amparo, no es el empleo de términos denostativos lo que permite analizar sus actuaciones, sino la expresión de argumentos jurídicos que pongan en evidencia su ilegalidad, a través de los cauces legales que estime conducentes. Ahora, atento al principio ontológico que dice que lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse, en el caso, lo ordinario es que los abogados son quienes redactan los escritos que incorporan a los procesos jurisdiccionales en donde son autorizados; lo extraordinario es que esto lo hagan aquellos a quienes asesoran. De esta manera, en virtud de que se presume que fueron los abogados quienes elaboraron el escrito, se les apercibe para que se conduzca con respeto y se abstengan de proferir frases ofensivas, pues de insistir en esa conducta en el trámite del juicio de amparo, se le podrá imponer cualquiera de las medidas de apremio que prevé el artículo 236 de la Ley de Amparo. Es pertinente señalar que tal apercibimiento, no afecta de manera alguna su derecho fundamental a la libre expresión de sus ideas, pues tal prerrogativa no se traduce en un derecho al insulto y a la expresión de discursos, tendentes a denigrar a esta Juzgadora de amparo. Finalmente, dígaseles que los requerimientos efectuados no se basan en criterios personales, sino que se apoyaron en las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que se consideraron aplicables al caso; lo anterior, sin perjuicio de que tiene expedito su derecho para controvertir las decisiones de la suscrita en la vía jurisdiccional que estime pertinente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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