Bogar Colin Mendoza

Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Bogar Colin Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de septiembre de dos mil veintitrés. Admite queja. Agréguese el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, a través del cual se acusa recibo del escrito de expresión de agravios y su copia, que le fueron enviados para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Asimismo, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído que desechó de plano su demanda, el cual quedó radicado bajo el número 278/2023, de igual forman, que las constancias que integran el juicio de amparo 1386/2023-3-B, se encuentran vinculadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para su visualización; de lo que esta autoridad queda enterada.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe exhorto. Se tiene a la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, devolviendo diligenciado el exhorto con número de orden 1097/2023 (exhorto 411/2023), del índice de este órgano federal. Sin que haya lugar a confirmar su recepción, al haberse recibido vía electrónica. Asimismo, dense de baja el exhorto de referencia en el libro de control en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de estadística..M-V

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve********************, por propio derecho, contra actos del del Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto y agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, ambos del Estado de Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1386/2023-3-B. Decisión de la instancia. De la lectura integral del escrito de demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, en virtud de las consideraciones que más adelante se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del criterio reproducido con antelación, se aprecia que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII y XXII, de la Ley de Amparo, que establecen: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso q XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En efecto, la fracción transcrita en primer término, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. De esta manera, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, con la finalidad de impugnar la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ********************, en la que el juez de control señalado como responsable, ratificó la medida de protección contenida en el oficio de dos de agosto pasado, en la cual se prohíbe al quejoso poder acercarse, comunicarse, realizar conductas de intimidación y la separación inmediata del domicilio; de esta manera, es inconcuso que el solicitante de la protección constitucional debió agotar el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 456 y 467, fracción V, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)" De la lectura de dichos numerales se advierte que el recurso de apelación procede contra las resoluciones emitidas por el juez de control que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. Esto, porque el remedio procesal aludido tiene como finalidad revocar la resolución reclamada, en caso de que resultaran fundados los agravios formulados, motivo por el cual, se considera eficaz para satisfacer el derecho fundamental de seguridad jurídica y los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso, frente a una posible ilegalidad de la actuación de la autoridad responsable. Luego, en el caso, como se anticipó, la parte quejosa reclama la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ********************, en la que el juez de control señalado como responsable, ratificó la medida de protección contenida en el oficio de dos de agosto pasado, en la cual se prohíbe al quejoso poder acercarse, comunicarse, realizar conductas de intimidación y la separación inmediata del domicilio; determinación que, como ya se vio, es impugnable mediante el recurso de apelación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, es importante destacar que el caso no se ubica en alguno de los supuestos que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues únicamente establece las siguientes excepciones: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en el presente caso no se actualiza alguno de esos supuestos, así como tampoco los previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, que reza: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Además, de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advertirse la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante no agote, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa, concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, el principio de referencia destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción constitucional, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios ordinarios mediante los cuales el acto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. A fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal establece: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 258 señala: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Los numerales transcritos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, entre otras, la abstención de no investigar del Ministerio Público. Debido a que las determinaciones del representante social en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que el juez de control revise la legalidad de éstas. En ese sentido, se advierte que el accionante también reclama la omisión del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, de investigar a fondo lo declarado por la víctima en la carpeta de investigación ********************. Sin embargo, previo a instar el juicio de amparo, debió hacer valer el recurso innominado previsto en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales; pues es precisamente ese medio de defensa el que prevé la ley ordinaria. Es inconcuso que el amparo resulta improcedente. Ello es así, ya que de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que las abstenciones de incorporar los dictámenes referidos y de investigar, atribuidas al agente del Ministerio Público en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, son impugnables en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el juez de control; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. Conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, analizó si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación o si debe acudir directamente al juicio de amparo, concluyendo lo siguiente: "93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) consultable en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, registro 2017640, de rubro y texto: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Entonces, si el remedio procesal aludido tiene como objeto la revisión de las omisiones en que incurra el ministerio público en la etapa de investigación, se considera eficaz para satisfacer el derecho fundamental de seguridad jurídica y los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso, frente a una posible ilegalidad de la actuación del representante social responsable. Además, dicho recurso es idóneo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258 prevé expresamente su procedencia contra la abstención de investigar del representante social, y en el caso, de lo que se duele la quejosa es precisamente de la omisión de incorporar en la carpeta de investigación los dictámenes periciales del vehículo en cuestión y de procesamiento del lugar donde se encontró el mismo, así como la omisión de realizar una investigación exhaustiva. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.7o.P.119 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4632, número de registro 2020422, de rubro y texto siguientes: RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. En conclusión, al contener la ley que rige los actos reclamados un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por la quejosa, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio. Por otra parte, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. En cuanto al segundo supuesto, se actualiza respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, la parte quejosa reclamó del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, la medida de protección contenida en el oficio de dos de agosto de dos mil veintitrés, emitida en la carpeta de investigación ********************, en la cual se prohíbe al quejoso poder acercarse, comunicarse, realizar conductas de intimidación y la separación inmediata del domicilio. En ese sentido, de la demanda de cuenta se desprende que el quejoso en los antecedentes del acto reclamado que manifestó bajo protesta de decir verdad, indicó que el Juez de Control adscrito al Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, ambos de Estado de Hidalgo, ratificó dichas medidas el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ********************. De lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado en este juicio de amparo ha dejado de interferir en la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, al haberse emitido el auto que ratificó las medidas de protección contenidas en el oficio de dos de agosto del año en curso, que en esta vía se combate, es dable concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. En suma, la cesación de efectos del acto reclamado, por sustitución, se actualiza en el supuesto en que se endereza el amparo contra actuaciones respecto de las cuales se dicte un nuevo acto jurídico que las sustituya en su eficacia legal, puesto que precisamente los efectos del acto combatido cesan al haber sido reemplazado por una nueva determinación, lo que en el presente asunto aconteció. En esas condiciones, resultan manifiestas e indudables la actualización de las causas de improcedencia contempladas en las fracciones XVIII y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que permite desechar de plano la demanda de amparo promovida por********************, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio. Domicilio. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ********************, número********************, colonia ********************, código postal ********************, en esta ciudad. Autorizado. Se tiene únicamente por autorizado para oír y recibir notificaciones a ********************, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, respecto al correo electrónico y número telefónico que indica la parte quejosa, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota de los mismos, toda vez que únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se faculta al actuario o actuaria Judicial adscritos a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a la parte quejosa, así como a sus autorizados, para que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la partes a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, lo anterior para que se entablen comunicaciones no procesales.

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