Blasa Magnolia Espíndola Llanos

Expediente 1264/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1264/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Blasa Magnolia Espíndola Llanos

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte en cuestión, la determinación de veintiocho de septiembre del mismo año, cuyo texto es: Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***************, hubiese recurrido el proveído de veinticuatro del mes próximo pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***************, hubiese recurrido el proveído de veinticuatro del mes próximo pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual hace del conocimiento el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, remitido vía MINTERSCJN, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite la demanda de amparo promovida por *******************************, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por lo tanto remite la versión digital de la misma a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por *******************************, por derecho propio; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1264/202 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *******************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *******************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar de oficio las causas de improcedencia. Atento a lo anterior este Juzgado de Distrito advierte señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: . Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este juzgado de distrito advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo del quejoso. Resulta importante citar el contenido del artículo y fracción citados, los cuales son del contenido literal siguiente: . Por lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, así como en contra de normas generales que no hayan generado un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Como punto de partida, debe precisarse que resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. Así, el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a las autoridades competentes que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. Legítimo. iii. Jurídico. Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, se procede a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: A) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama: Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales; es decir, la afectación es indivisible. No obstante, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. B) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo; es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está. Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés jurídico. En ese sentido, debe precisarse que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. En ese sentido, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. El interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: . Dicho principio es recogido en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: . Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Debemos retomar que los actos reclamados de manera destacada consiste en:  La contratación de quinientos (500) médicos, así como de enfermeras y demás personal médico de nacionalidad cubana para que trabajen en la República Mexicana. Al respecto, es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto o grupo de individuos, y no afectarse su esfera jurídica. Así, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio respecto del cual tenga titularidad; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. En efecto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio, en relación con el interés jurídico, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene la parte quejosa en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclame lesione de manera directa el derecho del que es titular. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien afecte el acto que se reclama, siendo esta afectación para efectos del juicio de amparo, el menoscabo a los derechos o intereses de una persona derivada de la actuación de una autoridad, lo cual, constituye ese derecho subjetivo para instar la protección federal. En ese contexto, es importante precisar que por afectación real y actual debe entenderse todo menoscabo, ofensa o lesión a la persona física o moral; mismo que puede ser o no, patrimonial siempre que sea material y apreciable objetivamente, pero sobre todo que el acto de aplicación exista, como presupuesto de que con la aplicación del mismo, se haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, por lo que la afectación que aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico del quejoso, para que se pueda estimar aplicada, ya que de no ser así, el acto reclamado, no irrogaría menoscabo alguno. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados por el quejoso, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular sobre su esfera personal de derechos, es decir, tales actos no inciden de manera directa y particular sobre un derecho subjetivo del que sea titular el promovente; de ahí que se concluya que carece de interés jurídico para impugnarlos a través del juicio de amparo, pues el quejoso no demostró tener algún derecho real respecto de los actos reclamados, ni tampoco acredita una afectación directa a su esfera de derechos, debido a que no se ostenta ni acredita ser personal del sector salud. En ese entendido, al ser evidente que el impetrante de amparo basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, porque sostiene un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que guarde su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo Se concluye que únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes pudiera o no afectarles la celebración del convenio o contrato combatido . Ahora bien, para demostrar que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es necesario probar que el acto reclamado por los quejosos tampoco afecta su interés legítimo. Con el fin de demostrar esa conclusión es necesario recordar el artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en párrafos que anteceden, en el que se desprende que el interés legítimo puede ser individual o colectivo y es aquel con el que cuenta una persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación que guarda frente al orden jurídico. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de las sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. El Pleno del Alto Tribunal señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. . A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que el interés legítimo se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento, no depende de una manifestación del interesado; es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por último, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1° constitucional cobra especial relevancia. Ahora bien, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Así, la constitución expresamente establece que dicho "interés legítimo individual o colectivo", implica que el quejoso será quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ello se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo. Adicionalmente, el interés legítimo posee las características de un interés que implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio -al no limitar la Constitución este tipo de afectación-, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica de los quejosos. Ello es así, pues la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado. Es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento. Así las cosas, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro Texto Constitucional. Tomando en consideración los anteriores elementos, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En la especie, el quejoso aduce que las consecuencias del acto reclamado, a saber la celebración del convenio y/o contrato realizado entre el Ejecutivo Federal con el Gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país médicos, enfermeras, etcétera lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la sociedad y en particular a los profesionistas del ramo médico de este País, dado que es transgredido el derecho a ejercer su profesión al ser despojados por especialistas de otra nacionalidad, sin cumplir con las formalidades y requisitos legales señalados en las leyes reglamentarias, máxime que dicho personal extranjero no cuenta con algún documento de identificación. Sin embargo, la afectación que alega el quejoso no puede calificarse como propia o de un colectivo identificable, ya que es una afectación que se despliega a una colectividad más amplia, consistente en la población en general de la Ciudad de México, extremo al que no puede extenderse el ámbito de aplicación del interés legítimo, pues implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de un acto de autoridad cuando estime que afecta a la población en general -al bien común-. Así, la afectación que refiere el quejoso se trata de una que, en todo caso, sería resentida por toda la población y que por tanto no puede dar cabida a algún interés legítimo, precisamente por virtud de la inexistencia de un interés cualificado que surja de una especial situación de los quejosos frente al orden jurídico. Lo que se traduce en que no se determina una situación jurídica identificable. De ese modo, el interés del quejoso en relación con el acto que se reclama no constituye en sí mismo un interés legítimo o jurídico, el cual es requerido para la procedencia del juicio de amparo, además tampoco se advierte su especial situación frente al orden jurídico, ni el trato diferenciado en relación frente al resto de la sociedad, ni mucho menos el beneficio directo que les asistiría en su esfera de derechos de concederse el amparo solicitado. Habida cuenta de que el interés legítimo conlleva un principio de afectación palpable, real y directo; y, en el caso, no se advierte dónde se actualiza éste; además, sostener lo contrario, sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que no cumpla con el marco constitucional y legal, aunado a que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que una persona se sienta afectada por las acciones u omisiones de las autoridades. En tal virtud, como se adelantó, el quejoso sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente. De lo anterior, se colige, que el peticionario de amparo en su uso del interés legítimo que aduce tener, pretende que con la eventual concesión del amparo y/o suspensión del acto reclamado, no se ejecute el convenio que celebró el ejecutivo Federal con el Estado de Cuba, para ello, el personal médico de nuestro país tenga la oportunidad de ocupar los puestos que, en su caso, ocuparían los médicos extranjeros, y así no vulnerar el derecho al trabajo. Es decir que el quejoso acude a la vía de amparo, a defender el interés que tiene como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el País de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que lo haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces en un interés simple, el cual ya se dujo, que no es de aquellos que lo legitime para acudir a ésta instancia constitucional. Por esas razones este Juzgado estima que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés legítimo ni jurídico, en relación con el convenio reclamado; por lo que se estima la improcedencia del juicio. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, en términos del artículo 113, así´ como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******************************. Domicilio y Autorizados Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizada para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona, así como a *******************, hasta en tanto registren su cédula profesional en el registro correspondiente y lo hagan saber a través de una nueva promoción. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se les autoriza el uso de medios electrónicos, a las partes, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: . Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: . Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. 00

  4. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, cuya síntesis es: Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual hace del conocimiento el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, remitido vía MINTERSCJN, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite la demanda de amparo promovida por *******************************, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por lo tanto remite la versión digital de la misma a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por *******************************, por derecho propio; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1264/202 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *******************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por *******************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar de oficio las causas de improcedencia. Atento a lo anterior este Juzgado de Distrito advierte señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: . Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Este juzgado de distrito advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo del quejoso. Resulta importante citar el contenido del artículo y fracción citados, los cuales son del contenido literal siguiente: . Por lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, así como en contra de normas generales que no hayan generado un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Como punto de partida, debe precisarse que resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. Así, el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a las autoridades competentes que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. Legítimo. iii. Jurídico. Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, se procede a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: A) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama: Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales; es decir, la afectación es indivisible. No obstante, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. B) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo; es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está. Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés jurídico. En ese sentido, debe precisarse que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. En ese sentido, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. El interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: . Dicho principio es recogido en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: . Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Debemos retomar que los actos reclamados de manera destacada consiste en:  La contratación de quinientos (500) médicos, así como de enfermeras y demás personal médico de nacionalidad cubana para que trabajen en la República Mexicana. Al respecto, es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto o grupo de individuos, y no afectarse su esfera jurídica. Así, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio respecto del cual tenga titularidad; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. En efecto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio, en relación con el interés jurídico, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene la parte quejosa en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclame lesione de manera directa el derecho del que es titular. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien afecte el acto que se reclama, siendo esta afectación para efectos del juicio de amparo, el menoscabo a los derechos o intereses de una persona derivada de la actuación de una autoridad, lo cual, constituye ese derecho subjetivo para instar la protección federal. En ese contexto, es importante precisar que por afectación real y actual debe entenderse todo menoscabo, ofensa o lesión a la persona física o moral; mismo que puede ser o no, patrimonial siempre que sea material y apreciable objetivamente, pero sobre todo que el acto de aplicación exista, como presupuesto de que con la aplicación del mismo, se haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, por lo que la afectación que aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico del quejoso, para que se pueda estimar aplicada, ya que de no ser así, el acto reclamado, no irrogaría menoscabo alguno. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados por el quejoso, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular sobre su esfera personal de derechos, es decir, tales actos no inciden de manera directa y particular sobre un derecho subjetivo del que sea titular el promovente; de ahí que se concluya que carece de interés jurídico para impugnarlos a través del juicio de amparo, pues el quejoso no demostró tener algún derecho real respecto de los actos reclamados, ni tampoco acredita una afectación directa a su esfera de derechos, debido a que no se ostenta ni acredita ser personal del sector salud. En ese entendido, al ser evidente que el impetrante de amparo basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, porque sostiene un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que guarde su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo Se concluye que únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes pudiera o no afectarles la celebración del convenio o contrato combatido . Ahora bien, para demostrar que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es necesario probar que el acto reclamado por los quejosos tampoco afecta su interés legítimo. Con el fin de demostrar esa conclusión es necesario recordar el artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en párrafos que anteceden, en el que se desprende que el interés legítimo puede ser individual o colectivo y es aquel con el que cuenta una persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de la especial situación que guarda frente al orden jurídico. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de las sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. El Pleno del Alto Tribunal señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. . A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que el interés legítimo se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento, no depende de una manifestación del interesado; es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por último, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1° constitucional cobra especial relevancia. Ahora bien, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Así, la constitución expresamente establece que dicho "interés legítimo individual o colectivo", implica que el quejoso será quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ello se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo. Adicionalmente, el interés legítimo posee las características de un interés que implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio -al no limitar la Constitución este tipo de afectación-, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica de los quejosos. Ello es así, pues la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado. Es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento. Así las cosas, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro Texto Constitucional. Tomando en consideración los anteriores elementos, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En la especie, el quejoso aduce que las consecuencias del acto reclamado, a saber la celebración del convenio y/o contrato realizado entre el Ejecutivo Federal con el Gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país médicos, enfermeras, etcétera lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la sociedad y en particular a los profesionistas del ramo médico de este País, dado que es transgredido el derecho a ejercer su profesión al ser despojados por especialistas de otra nacionalidad, sin cumplir con las formalidades y requisitos legales señalados en las leyes reglamentarias, máxime que dicho personal extranjero no cuenta con algún documento de identificación. Sin embargo, la afectación que alega el quejoso no puede calificarse como propia o de un colectivo identificable, ya que es una afectación que se despliega a una colectividad más amplia, consistente en la población en general de la Ciudad de México, extremo al que no puede extenderse el ámbito de aplicación del interés legítimo, pues implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de un acto de autoridad cuando estime que afecta a la población en general -al bien común-. Así, la afectación que refiere el quejoso se trata de una que, en todo caso, sería resentida por toda la población y que por tanto no puede dar cabida a algún interés legítimo, precisamente por virtud de la inexistencia de un interés cualificado que surja de una especial situación de los quejosos frente al orden jurídico. Lo que se traduce en que no se determina una situación jurídica identificable. De ese modo, el interés del quejoso en relación con el acto que se reclama no constituye en sí mismo un interés legítimo o jurídico, el cual es requerido para la procedencia del juicio de amparo, además tampoco se advierte su especial situación frente al orden jurídico, ni el trato diferenciado en relación frente al resto de la sociedad, ni mucho menos el beneficio directo que les asistiría en su esfera de derechos de concederse el amparo solicitado. Habida cuenta de que el interés legítimo conlleva un principio de afectación palpable, real y directo; y, en el caso, no se advierte dónde se actualiza éste; además, sostener lo contrario, sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que no cumpla con el marco constitucional y legal, aunado a que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez que una persona se sienta afectada por las acciones u omisiones de las autoridades. En tal virtud, como se adelantó, el quejoso sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente. De lo anterior, se colige, que el peticionario de amparo en su uso del interés legítimo que aduce tener, pretende que con la eventual concesión del amparo y/o suspensión del acto reclamado, no se ejecute el convenio que celebró el ejecutivo Federal con el Estado de Cuba, para ello, el personal médico de nuestro país tenga la oportunidad de ocupar los puestos que, en su caso, ocuparían los médicos extranjeros, y así no vulnerar el derecho al trabajo. Es decir que el quejoso acude a la vía de amparo, a defender el interés que tiene como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el País de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que lo haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces en un interés simple, el cual ya se dujo, que no es de aquellos que lo legitime para acudir a ésta instancia constitucional. Por esas razones este Juzgado estima que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés legítimo ni jurídico, en relación con el convenio reclamado; por lo que se estima la improcedencia del juicio. Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, en términos del artículo 113, así´ como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******************************. Domicilio y Autorizados Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizada para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona, así como a *******************, hasta en tanto registren su cédula profesional en el registro correspondiente y lo hagan saber a través de una nueva promoción. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se les autoriza el uso de medios electrónicos, a las partes, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: . Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: . Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. 00

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