Blas Natanael Carrasco Tena

Expediente 2310/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2310/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Blas Natanael Carrasco Tena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el siete de febrero de dos mil diecinueve, desahogando la vista dicha parte inconforme mediante escrito recibido el catorce de febrero del presente año. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió al quejoso Blas Natanael Carrasco Tena, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dejara sin efectos el día y hora señalados en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral D-1/429/2010 y ordenara al actuario de su adscripción que inmediatamente procediera a la ejecución de ese acuerdo, es decir, que llevara a cabo las diligencias de requerimiento de pago y embargo y reinstalación de la parte quejosa, levantando las actas correspondientes. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficios recibidos en este órgano judicial el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 50 a 52) y uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 54 a 56), remitió copia certificada de los acuerdos de veinticinco y veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en los que, en el primero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó sin efectos la fecha señalada en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete y señaló las once horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación del aquí quejoso a su centro de trabajo; y, en el segundo, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, la cual no fue desahogada, en consecuencia, se trabó el embargo respectivo, ordenando en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho girar oficio al Registro Público de la Propiedad de Puebla. Asimismo, mediante oficio recibido el siete de marzo de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que tuvo al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, informando que realizó el embargo ordenado en dicho procedimiento, respecto del folio 2166561. De igual manera, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de febrero del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral D-1/429/2010, del que se advierte que no se logró llevar a cabo la reinstalación del aquí quejoso Blas Natanael Carrasco Tena a su centro de trabajo, por lo que a petición de dicha persona, se procedió a tener por terminada la relación laboral entre el actor (aquí quejoso) y la demandada y a cuantificar respecto de las prestaciones que legalmente le corresponden al aquí quejoso, ordenando notificar dicho auto a las partes. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad judicial responsable DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el catorce de febrero de dos mil diecinueve, manifestara su desacuerdo con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en virtud de que según aduce, la autoridad responsable únicamente trabó el embargo, más no ha verificado la inscripción del mismo, así como el remate correspondiente, pues contrario a ello la autoridad responsable, como se indicó con anterioridad, en acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, se tuvo al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, informando que realizó el embargo ordenado en dicho procedimiento, respecto del folio 2166561 y en cuanto a que no se ha llevado a cabo el remate, debe decirse que, ello no formó parte de la ejecutoria de amparo dictada en el sumario en que se actúa, por lo que, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el siete de febrero de dos mil diecinueve, desahogando la vista dicha parte inconforme mediante escrito recibido el catorce de febrero del presente año. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió al quejoso Blas Natanael Carrasco Tena, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dejara sin efectos el día y hora señalados en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral D-1/429/2010 y ordenara al actuario de su adscripción que inmediatamente procediera a la ejecución de ese acuerdo, es decir, que llevara a cabo las diligencias de requerimiento de pago y embargo y reinstalación de la parte quejosa, levantando las actas correspondientes. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficios recibidos en este órgano judicial el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 50 a 52) y uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 54 a 56), remitió copia certificada de los acuerdos de veinticinco y veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en los que, en el primero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó sin efectos la fecha señalada en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete y señaló las once horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación del aquí quejoso a su centro de trabajo; y, en el segundo, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, la cual no fue desahogada, en consecuencia, se trabó el embargo respectivo, ordenando en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho girar oficio al Registro Público de la Propiedad de Puebla. Asimismo, mediante oficio recibido el siete de marzo de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que tuvo al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, informando que realizó el embargo ordenado en dicho procedimiento, respecto del folio 2166561. De igual manera, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de febrero del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral D-1/429/2010, del que se advierte que no se logró llevar a cabo la reinstalación del aquí quejoso Blas Natanael Carrasco Tena a su centro de trabajo, por lo que a petición de dicha persona, se procedió a tener por terminada la relación laboral entre el actor (aquí quejoso) y la demandada y a cuantificar respecto de las prestaciones que legalmente le corresponden al aquí quejoso, ordenando notificar dicho auto a las partes. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad judicial responsable DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el catorce de febrero de dos mil diecinueve, manifestara su desacuerdo con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en virtud de que según aduce, la autoridad responsable únicamente trabó el embargo, más no ha verificado la inscripción del mismo, así como el remate correspondiente, pues contrario a ello la autoridad responsable, como se indicó con anterioridad, en acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, se tuvo al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, informando que realizó el embargo ordenado en dicho procedimiento, respecto del folio 2166561 y en cuanto a que no se ha llevado a cabo el remate, debe decirse que, ello no formó parte de la ejecutoria de amparo dictada en el sumario en que se actúa, por lo que, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso Blas Natanael Carrasco Tena, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, reservándose el acuerdo correspondiente una vez que este órgano judicial determine sobre si la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías se encuentra o no cumplida.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral D-1/429/2010, del que se advierte que no se logró llevar a cabo la reinstalación del aquí quejoso Blas Natanael Carrasco Tena a su centro de trabajo, por lo que a petición de dicha persona, se procedió a tener por terminada la relación laboral entre el actor (aquí quejoso) y la demandada y a cuantificar respecto de las prestaciones que legalmente le corresponden al aquí quejoso, ordenando notificar dicho auto a las partes. De igual manera, la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficios recibidos en este órgano judicial el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 50 a 52) y uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 54 a 56), remitió copia certificada de los acuerdos de veinticinco y veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, en los que, en el primero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó sin efectos la fecha señalada en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil diecisiete y señaló las once horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación del aquí quejoso a su centro de trabajo; y, en el segundo, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, el cual al no hacerse, se trabó el embargo respectivo, ordenando en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho girar oficio al Registro Público de la Propiedad de Puebla. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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