Blas González Zaragoza
Expediente 258/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Blas González Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es destruible, toda vez que se negó la suspensión definitiva, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, la documental que exhibió en este asunto (tomo de prueba), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
: En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 258/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo, certifica que las autoridades responsables rindieron informe justificado en los siguientes términos: # Autoridades Sentido del informe 1 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Niega Chetumal, Quintana Roo. 2 Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 3 Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 4 Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 5 Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 6 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 7 Juez Oral Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 8 Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 9 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 10 Secretaria Auxiliar en funciones de Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 11 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 12 Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 13 Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 15 Juez Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 16 Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 17 Secretario de Estudio y Cuenta de Sala en funciones de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 18 Actuaria adscrita al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 19 Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 20 Secretario de Estudio y Cuenta habilitado para fungir como Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 21 Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a través del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho Niega 22 y 23 Notificador adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (en atención a los oficios 1187/2022-II y 1188/2022-II) Niega 24 Vice Fiscalía de Investigación Especializada Niega 25 Fiscal del Ministerio Público Encargada de la Coordinación de la Unidad de Atención Temprana Sin Detenido de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Niega 26 Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Director de la Unidad Jurídica Niega Cancún, Quintana Roo. En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ofreció prueba documental (tomo de prueba), sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; en consecuencia, el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida y admitida la prueba aludida, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza; por tanto, se da por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el otrora Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan el entonces fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 258/2022-II, promovido por Blas González Zaragoza, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno en la citada data a este juzgado de distrito, Blas González Zaragoza, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo Chetumal, Quintana Roo 2 Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 3 Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 4 Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 5 Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 6 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (denominación correcta de las autoridades señaladas por la parte quejosa como Actuarios adscritos a los Juzgados Oral, Primero, Segundo y Tercero, todos Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo) 7 Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 8 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 9 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 10 Actuario Adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 11 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 12 Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 13 Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 14 Actuario Adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 15 Juez Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 16 Actuario adscrito al Juzgado Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 17 Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 18 Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (denominación correcta) 19 Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 20 Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (denominación correcta) 21 Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 22 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (denominación correcta) 23 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 24 Vice Fiscalía de Investigación Especializada (denominación correcta) 25 Vice Fiscalía, Zona 1, en la Zona Hotelera, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 26 Coordinación de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 27 Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Vice Fiscalía Zona 1 28 Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo. Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: - - - A) LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y/O NOTIFICACIÓN ALGUNA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO, PROCESO Y/O JUICIO Y/O INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL SUSCRITO Y DEJÁNDOME EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN ANTE LAS ACCIONES DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES; - - - B) LA OMISIÓN DE EMPLAZAR Y/O NOTIFICAR AL QUEJOSO A PROCEDIMIENTO, PROCESO, JUICIO INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL SUSCRITO Y DEJÁNDOME EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN ANTE LAS ACCIONES DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES; - - - C) EL ACUERDO, ORDEN, SENTENCIA, MANDAMIENTO, RESOLUCIÓN DECRETO O MANDATO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN LA CUAL SE DETERMINE DESALOJO, EMBARGO, DESPOSEER, RESTRINGIR, O SUSPENDER DERECHOS DEL QUEJOSO AL DISFRUTE DE SUS BIENES, EN ESPECÍFICO EN SU PROPIEDAD UBICADA EN DEPARTAMENTO NÚMERO DOSCIENTOS DOS, PERTENECIENTE AL CONDOMINIO 'LA FUENTE', LOTE NÚMERO UNO, MANZANA SIETE, SUPERMANZANA QUINCE, AVENIDA ACANCEH, RETORNO CANTERA, de esta ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS Y SUS EFECTOS LEGALES, ELLO EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO HA SIDO LLAMADO A JUICIO O PROCEDIMIENTO LEGAL ALGUNO QUE SE CONOZCA, CAUSÁNDOME UN TEMOR INMINENTE Y FUNDADO. - - - D) EN CONSECUENCIA, TODO LO ACTUADO ANTE CUALQUIERA DE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DERIVADO DE PROCEDIMIENTO, PROCESO, JUICIO, INVESTIGACIÓN O CUALESQUIERA DE LOS SUPUESTOS JURÍDICOS PROCESALES TODA VEZ QUE EL SUSCRITA (sic) NO FUE DEBIDAMENTE EMPLAZADA (sic) NI LLAMADA (sic) A JUICIO, Y EN VIRTUD DE QUE CON BASE A DICHO PROCEDIMIENTO SE PRETENDE AFECTAR Y PRIVAR DEFINITIVAMENTE DE MIS DERECHOS, GARANTÍAS INDIVIDUALES, DERECHOS HUMANOS, BIENES, PROPIEDADES Y POSESIONES SIN QUE SE LE HAYA OÍDO Y VENCIDO EN JUICIO ALGUNO, Y POR CONSECUENCIA SE PRETENDA VULNERAR LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES Y QUE DEBEN IMPERAR EN TODO PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE ALGUNA." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida la demanda de amparo el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de veintidós siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 258/2022-II, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí apuntados. TERCERO. Cumplimiento de prevención y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mi veintidós, se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención citada en el resultando segundo que antecede; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de sobreseer en el juicio, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Reconocimiento de tercera interesada, autoridades inexistentes y audiencia constitucional. Por proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, i) se reconoció el carácter de tercera interesada a Alma Vargas Guerra, quien en su oportunidad fue emplazada a juicio y ii) se tuvieron como inexistentes a las autoridades responsables siguientes: I. Vice Fiscalía, Zona 1, en la Zona Hotelera, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo II. Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Vice Fiscalía Zona 1 Cancún, Quintana Roo Por lo cual, se ordenó suspender toda comunicación con aquéllas; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales en materia civil con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, correspondientes a la Novena Época y anteriores del Semanario Judicial de la Federación, no obstante haber sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias, se hacen consistir en: a) El emplazamiento del quejoso al juicio ordinario civil 212/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, verificado el seis de febrero de dos mil diecinueve. b) La falta de emplazamiento a un juicio y/o procedimiento y/o proceso indeterminado, así como todo lo ahí actuado, incluyendo la sentencia dictada en contra del quejoso y su ejecución, en el que se ordenó el desalojo y/o embargo y/o desposesión y/o desocupación del bien inmueble identificado como departamento número 202, perteneciente al condominio "La Fuente", lote 1, manzana 7, supermanzana 15, avenida Acanceh, retorno Cantera, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. c) La falta de notificación a una investigación indeterminada, así como todo lo ahí actuado, incluyendo la resolución dictada en contra del quejoso y su ejecución, en el que se ordenó el desalojo y/o embargo y/o desposesión y/o desocupación del bien inmueble identificado como departamento número 202, perteneciente al condominio "La Fuente", lote 1, manzana 7, supermanzana 15, avenida Acanceh, retorno Cantera, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. d) La orden de desalojo y/o embargo y/o desposesión y/o desocupación respecto del bien inmueble precisado en el inciso b) que antecede. e) La ejecución de los actos precisados en el inciso d) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se enlistan, al rendir informe justificado, negaron la existencia de la totalidad de los actos que se les reclaman: # Autoridades Sentido del informe 1 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Niega Chetumal, Quintana Roo. 2 Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 3 Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 4 Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 5 Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 6 Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 7 Juez Oral Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 8 Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 9 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 10 Secretaria Auxiliar en funciones de Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 11 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 13 Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 15 Juez Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 16 Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 17 Secretario de Estudio y Cuenta de Sala en funciones de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 18 Actuaria adscrita al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 19 Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 20 Secretario de Estudio y Cuenta habilitado para fungir como Actuario adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Niega 21 Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a través del Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho Niega 22 y 23 Notificador adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (en atención a los oficios 1187/2022-II y 1188/2022-II) Niega 24 Vice Fiscalía de Investigación Especializada Niega 25 Fiscal del Ministerio Público Encargada de la Coordinación de la Unidad de Atención Temprana Sin Detenido de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Niega 26 Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Director de la Unidad Jurídica Niega Cancún, Quintana Roo. Por su parte, la autoridad responsable 12) Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos precisados en los incisos b), c), d) y e), del considerando tercero de esta sentencia. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese orden de ideas, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables, como lo solicita el fiscal de la adscripción, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos que se reclaman a las autoridades responsables enumeradas como 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) y 26), precisados en el considerando tercero de esta sentencia, y en relación con la autoridad enumerada como 12), respecto de los actos precisados en el referido considerando, incisos b), c), d) y e), por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable 12) Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, consistente en el emplazamiento del quejoso al juicio ordinario civil 212/2018 del índice del juzgado de su adscripción; sin embargo, tal negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones. En efecto, la referida autoridad informa que el seis de febrero de dos mil diecinueve, verificó el emplazamiento del demandado Blas González Zaragoza (ahora quejoso), al citado juicio. Además, agregó que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, el referido demandado contestó la demanda promovida en su contra por la actora Alma Vargas Guerra (aquí tercera interesada), en autos del citado juicio. Apuntó, que en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia, es decir, aún se encuentra en trámite; por ende, no existe acto de ejecución alguno en relación con el inmueble que se defiende en esta instancia constitucional. Además, la existencia del emplazamiento reclamado se corrobora con la documental que ofreció como prueba el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (tomo de prueba), consistente en fotocopia certificada del juicio ordinario civil 212/2018 de su índice, la cual cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte, en lo conducente, las siguientes actuaciones: 1. Por auto de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 131 y 132 del tomo de prueba), en el cual, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en suma, admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria civil, promovida por Alma Vargas Guerra (aquí tercera interesada), por conducto de su apoderada, en contra de Horacio Thomas Elías (ajeno a este juicio de amparo), en la que demandó diversas prestaciones; por tanto, ordenó emplazarlo en los términos ahí indicados. 2. Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 143 del tomo de prueba), se tuvo a la parte actora pretendiendo enderezar la demanda en contra de Blas González Zaragoza (ahora quejoso), y se le previno para que estableciera con precisión cuáles eran las prestaciones que en específico le reclamaba al citado demandado, bajo el apercibimiento correspondiente. 3. Por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 147 del tomo de prueba), se tuvo a la parte actora cumpliendo la prevención descrita en el numeral 2 que antecede, por lo que se le tuvo enderezando la demanda inicial en contra de Blas González Zaragoza (ahora quejoso); por tanto, se ordenó su emplazamiento y correrle traslado con los documentos ahí descritos, en términos del auto de radicación de catorce de junio de dos mil dieciocho (ver numeral 1), para los efectos legales conducentes. 4. Mediante razón actuarial de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 152 a 155 del tomo de prueba), el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en síntesis, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en departamento número 202, perteneciente al condominio "La Fuente", construido en el lote número 1, manzana 7, supermanzana 15, avenida Acanceh, retorno Cantera, en esta ciudad, y previamente de cerciorarse que era el domicilio del demandado Blas González Zaragoza, por el nombre oficial de la supermanzana y manzana, nomenclatura existente que tuvo a la vista, y porque así se lo informó la persona que se encontraba al interior del referido domicilio, quien dijo ser el propio demandado y buscado (Blas González Zaragoza), identificándose con credencial para votar, por lo que procedió a practicar la diligencia de emplazamiento en los términos ahí asentados; asimismo, le hizo saber que contaba con el término de nueve días para contestar la demanda entablada en su contra, así como para oponer las excepciones y defensas conducentes; le corrió traslado con las copias de la demanda y sus anexos, así como de la cédula de notificación; finalmente, dio por terminada la diligencia. 5. Por escrito de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 156 a 177 del tomo de prueba), presentado en el juicio de origen, el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), contestó la demanda entablada en su contra, y opuso las excepciones y defensas ahí apuntadas; así, mediante acuerdo de doce de marzo siguiente (foja 255 del tomo de prueba), el juez de origen reservó su admisión para el momento procesal oportuno; luego, señaló día y hora para la ratificación del mandato otorgado por el citado demandado en favor de los profesionistas descritos en el auto de mérito. 6. En audiencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 260 del tomo de prueba), el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), compareció al juicio de origen y ratificó el mandato otorgado a favor de los profesionistas José del Carmen Pérez Mendoza y Fidel López Guzmán. 7. Mediante audiencia de conciliación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 261 del tomo de prueba), se hizo constar la comparecencia del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso); y, toda vez que las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio, se admitió la contestación de la demanda formulada por el referido demandado; por cuanto a la demanda reconvencional propuesta por el multicitado demandado (ahora quejoso), se admitió a trámite y se ordenó correr traslado a los demandados reconvencionistas, con la finalidad que dieran contestación a la misma. 8. En audiencia de depuración del procedimiento de dieciséis de octubre de dos mil veinte (fojas 338 y 339 del tomo de prueba), el mandatario judicial del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), compareció a la citada audiencia, en la que se desahogó la excepción procesal de acumulación interpuesta por el demandado; y, en virtud que aquélla se declaró improcedente, se ordenó abrir el periodo de ofrecimiento de pruebas. 9. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 340 a 351 del tomo de prueba), el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), por conducto de su mandatario judicial, ofreció sus pruebas; así, mediante acuerdo de seis de noviembre siguiente (foja 412 del tomo de prueba), el juzgador de origen reservó acordar lo conducente, hasta en tanto feneciera el término concedido a las partes para el ofrecimiento de medios de convicción; luego, por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno (fojas 417 a 419 del tomo de prueba), el referido juzgador admitió diversas probanzas ofrecidas por las partes actora y demandada. 10. En audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (fojas 441 a 443 del tomo de pruebas), verificada en el juicio de origen, se hizo constar la comparecencia del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso). 11. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno (foja 447 del tomo de prueba), el juzgador de origen señaló día y hora para la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en específico, para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora Alma Vargas Guerra (aquí tercera interesada). 12. Mediante escrito presentado quince de octubre de dos mil veintiuno (fojas 486 a 493 del tomo de prueba), en el juicio de origen, el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), interpuso incidente de nulidad de actuaciones, teniendo como materia del reclamo el hecho que, a su parecer, no se le notificó de manera personal el proveído citado en el numeral 11 que precede; y, por proveído de veintinueve de octubre siguiente (foja 494 del tomo de prueba), dicho incidente se desechó de plano, por ser notoriamente improcedente, bajo las consideraciones ahí contenidas. 13. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno (foja 495 a 498 del tomo de pruebas), en el juicio de origen, Blas González Zaragoza (aquí quejoso), interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo citado en el numeral 12 que antecede; así, por auto de veintinueve de noviembre subsiguiente (foja 499 del tomo de prueba), el juez de origen determinó no admitir dicho recurso, al haberse interpuso de forma extemporánea. En ese contexto, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado al 12) Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. SEXTO. Causas de improcedencias. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, respecto del acto precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, consistente en el emplazamiento del quejoso al juicio ordinario civil 212/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, verificado el seis de febrero de dos mil diecinueve, este juzgador federal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (.)" Del texto de los dispositivos en consulta, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona el emplazamiento de la parte quejosa al juicio ordinario civil de origen, en el cual se ostenta tercero extraño. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Bajo esa premisa, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, previo a exponer las razones que darán sustento a la actualización de la causa de improcedencia aludida, para mayor claridad del asunto, es conveniente destacar que para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte en un juicio o procedimiento que no fue emplazada a juicio o convocada a comparecer a un procedimiento, o bien, que dicho llamamiento se practicó en forma incorrecta. Sustenta la anterior consideración la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Esbozado lo anterior, también es importante destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio -aun por equiparación- dependerá de la titularidad del derecho que reclame, sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes que la resolución disponga o con aquellos que se afecten en la ejecución. Es así, porque cuando se sigue un juicio o procedimiento sin llamar a quien es titular de los derechos puestos a controversia, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos desde el punto de vista constitucional, pues los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal otorgan a todo gobernado los derechos fundamentales de audiencia y legalidad, lo que provoca que no pueda discutirse válidamente lo atinente a un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para defenderse. Así, conforme a la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación de la persona extraña; por consiguiente, su interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando se controvierten derechos respecto de los cuales tiene interés, pues el solo procedimiento substanciado sin su participación afecta directamente sus derechos fundamentales, ya que de éstos pueden derivar una resolución que los lesione. Sustenta la anterior la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Época: Séptima Época Registro: 232345 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 223 INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada; al de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que, si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los preceptos citados de la Ley de Amparo." Ahora, para justificar la causa de improcedencia en consulta, de nueva cuenta es dable destacar algunos antecedentes deducidos de las constancias ofrecidas como prueba por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (tomo de prueba), consistentes en fotocopia certificada del juicio ordinario civil 221/2018 de su índice, a las que se otorgó valor probatorio pleno en el considerando quinto de esta sentencia, de las que se advierte, en lo conducente, lo siguiente: 1. Por auto de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 131 y 132 del tomo de prueba), en el cual, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en suma, admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria civil, promovida por Alma Vargas Guerra (aquí tercera interesada), por conducto de su apoderada, en contra de Horacio Thomas Elías (ajeno a este juicio de amparo), en la que demandó diversas prestaciones; por tanto, ordenó emplazarlo en los términos ahí indicados. 2. Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 143 del tomo de prueba), se tuvo a la parte actora pretendiendo enderezar la demanda en contra de Blas González Zaragoza (ahora quejoso), y se le previno para que estableciera con precisión cuáles eran las prestaciones que en específico le reclamaba al citado demandado, bajo el apercibimiento correspondiente. 3. Por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 147 del tomo de prueba), se tuvo a la parte actora cumpliendo la prevención descrita en el numeral 2 que antecede, por lo que se le tuvo enderezando la demanda inicial en contra de Blas González Zaragoza (ahora quejoso); por tanto, se ordenó su emplazamiento y correrle traslado con los documentos ahí descritos, en términos del auto de radicación de catorce de junio de dos mil dieciocho (ver numeral 1), para los efectos legales conducentes. 4. Mediante razón actuarial de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 152 a 155 del tomo de prueba), el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en síntesis, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en departamento número 202, perteneciente al condominio "La Fuente", construido en el lote número 1, manzana 7, supermanzana 15, avenida Acanceh, retorno Cantera, en esta ciudad, y previamente de cerciorarse que era el domicilio del demandado Blas González Zaragoza, por el nombre oficial de la supermanzana y manzana, nomenclatura existente que tuvo a la vista, y porque así se lo informó la persona que se encontraba al interior del referido domicilio, quien dijo ser el propio demandado y buscado (Blas González Zaragoza), identificándose con credencial para votar, por lo que procedió a practicar la diligencia de emplazamiento en los términos ahí asentados; asimismo, le hizo saber que contaba con el término de nueve días para contestar la demanda entablada en su contra, así como para oponer las excepciones y defensas conducentes; le corrió traslado con las copias de la demanda y sus anexos, así como de la cédula de notificación; finalmente, dio por terminada la diligencia. 5. Por escrito de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 156 a 177 del tomo de prueba), presentado en el juicio de origen, el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), contestó la demanda entablada en su contra, y opuso las excepciones y defensas ahí apuntadas; así, mediante acuerdo de doce de marzo siguiente (foja 255 del tomo de prueba), el juez de origen reservó su admisión para el momento procesal oportuno; luego, señaló día y hora para la ratificación del mandato otorgado por el citado demandado en favor de los profesionistas descritos en el auto de mérito. 6. En audiencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 260 del tomo de prueba), el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), compareció al juicio de origen y ratificó el mandato otorgado a favor de los profesionistas José del Carmen Pérez Mendoza y Fidel López Guzmán. 7. Mediante audiencia de conciliación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 261 del tomo de prueba), se hizo constar la comparecencia del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso); y, toda vez que las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio, se admitió la contestación de la demanda formulada por el referido demandado; por cuanto a la demanda reconvencional propuesta por el multicitado demandado (ahora quejoso), se admitió a trámite y se ordenó correr traslado a los demandados reconvencionistas, con la finalidad que dieran contestación a la misma. 8. En audiencia de depuración del procedimiento de dieciséis de octubre de dos mil veinte (fojas 338 y 339 del tomo de prueba), el mandatario judicial del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), compareció a la citada audiencia, en la que se desahogó la excepción procesal de acumulación interpuesta por el demandado; y, en virtud que aquélla se declaró improcedente, se ordenó abrir el periodo de ofrecimiento de pruebas. 9. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 340 a 351 del tomo de prueba), el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), por conducto de su mandatario judicial, ofreció sus pruebas; así, mediante acuerdo de seis de noviembre siguiente (foja 412 del tomo de prueba), el juzgador de origen reservó acordar lo conducente, hasta en tanto feneciera el término concedido a las partes para el ofrecimiento de medios de convicción; luego, por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno (fojas 417 a 419 del tomo de prueba), el referido juzgador admitió diversas probanzas ofrecidas por las partes actora y demandada. 10. En audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno (fojas 441 a 443 del tomo de pruebas), verificada en el juicio de origen, se hizo constar la comparecencia del demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso). 11. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno (foja 447 del tomo de prueba), el juzgador de origen señaló día y hora para la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en específico, para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora Alma Vargas Guerra (aquí tercera interesada). 12. Mediante escrito presentado quince de octubre de dos mil veintiuno (fojas 486 a 493 del tomo de prueba), en el juicio de origen, el demandado Blas González Zaragoza (aquí quejoso), interpuso incidente de nulidad de actuaciones, teniendo como materia del reclamo el hecho que, a su parecer, no se le notificó de manera personal el proveído citado en el numeral 11 que precede; y, por proveído de veintinueve de octubre siguiente (foja 494 del tomo de prueba), dicho incidente se desechó de plano, por ser notoriamente improcedente, bajo las consideraciones ahí contenidas. 13. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno (foja 495 a 498 del tomo de pruebas), en el juicio de origen, Blas González Zaragoza (aquí quejoso), interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo citado en el numeral 12 que antecede; así, por auto de veintinueve de noviembre subsiguiente (foja 499 del tomo de prueba), el juez de origen determinó no admitir dicho recurso, al haberse interpuso de forma extemporánea. Hasta aquí el último antecedente relevante que obra en el juicio de origen; y, se recuerda que la actuación citada en el numeral 4 que precede, constituye el acto reclamado en estudio. En ese orden, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo indirecto (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio de origen; ergo, el referido juicio aún se encuentra en trámite. Ahora, del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso Blas González Zaragoza, se ostenta como propietario del bien inmueble identificado como departamento número 202, perteneciente al condominio "La Fuente", lote 1, manzana 7, supermanzana 15, avenida Acanceh, retorno Cantera, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, así como persona extraña por equiparación en relación con el juicio de origen, al argüir que no fue debidamente emplazado al referido procedimiento y que -a su parecer- dicha irregularidad lo deja en total estado de indefensión, por lo que no puede ser privado de la propiedad del aludido inmueble, sin previamente haber sido oído y vencido dentro del juicio. Con todo, de las constancias que conforman el juicio ordinario civil en consulta, como se vio, es dable deducir que el impetrante de amparo tuvo conocimiento del referido juicio del cual emana el emplazamiento impugnado, por lo menos desde el catorce de febrero de dos mil diecinueve, cuando contestó la demanda entablada en su contra (ver numeral 5 de los antecedentes), incluso en dicho escrito reconvino a la actora en lo principal. Máxime que, como se ha visto, en posteriores fechas el aquí quejoso continúo apersonándose al juicio de origen y a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), no se ha dictado la sentencia correspondiente en dicho juicio. Conviene tener en cuenta que, por proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, la totalidad de las constancias derivadas del juicio de origen se pusieron a la vista del quejoso, debido a que se ostentaba tercero extraño por equiparación, lo cual se le notificó el nueve de mayo siguiente, sin que haya objetado documental alguna. Por tanto, se concluye que la parte quejosa tenía pleno conocimiento del juicio de origen, no controvirtió el hecho de haber comparecido al mencionado asunto y aún se encuentra en trámite el aludido juicio, toda vez que no se ha dictado la sentencia correspondiente. De ahí que, contrario a lo que sostiene en la demanda de amparo, al quejoso no le reviste el carácter de persona extraña a juicio por equiparación en relación con el acto reclamado en estudio. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia en consulta, toda vez que el acto precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, consistente en el emplazamiento realizado a la parte quejosa en el juicio de origen, no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, pues el promovente del amparo tuvo conocimiento de ese acto, como se dijo, por lo menos desde el catorce de febrero de dos mil diecinueve. Bajo esa premisa, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo indirecto en contra del acto precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia; lo anterior, en virtud que la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Luego, si la demanda se presentó hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto reclamado al 12) Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, se considera consentido para efectos del amparo, lo cual torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. ? Conclusión del juzgado de distrito. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado al 12) Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, formuló alegatos; sin embargo, al no formar parte de la litis, no es obligatorio su análisis. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia que a continuación se cita: "Época: Octava Época Registro: 1003194 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1315 Página: 1480 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Blas González Zaragoza, por derecho propio, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
:Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.
- Principal
:I. Regulariza procedimiento y se rinde informe justificado. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por proveído de ocho de abril pasado, entre otras cuestiones, se agregó a los autos la promoción con número de registro interno 6227, por la cual se tuvo a la autoridad responsable Notificador adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, rindiendo informe justificado y se precisó que únicamente lo realizó en atención al oficio 1187/2022-II. Sin embargo, del contenido de la promoción en comento, se aprecia que dicha autoridad también rindió informe justificado en atención al diverso oficio 1188/2022-II, dirigido al "Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo". Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza este procedimiento y en relación con la aludida promoción (que ya obra glosada en autos), se tiene a la autoridad responsable Notificador adscrito a la Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (en atención al oficio 1188/2022-II), rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. II. Difiere audiencia constitucional. Por otro lado, del estado que guardan los autos se advierte que aún transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por conducto del Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual fue puesto a la vista por proveído de once de mayo pasado. En ese contexto, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós.
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