Blanco Uriel Vega García

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Blanco Uriel Vega García
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de enero de dos mil veintitrés. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en la cual se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la Junta responsable, en el ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen 1809/2021." III. Causa ejecutoria y se ordena requerir a la responsable por el cumplimiento al fallo constitucional. Por auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento al fallo constitucional. IV. Actuaciones exhibidas por la responsable. El trece de diciembre siguiente, se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional el oficio suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1809/21. V. Vista de cumplimiento. Por lo anterior, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. VI. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado y archívese este asunto como concluido. VIII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio con anexo que remite la autoridad responsable presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia concesoria, para el efecto de que: "Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen 1809/2021." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad en trato, que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, salvo impedimento legal acreditado, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo ******************** Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinticinco minutos del once de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por las responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en el proveído de admisión, se estimó que una vez que obraran los informes justificados, se proveería en relación con la existencia de terceros interesados; sin embargo, en el caso no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil por razón de turno a este juzgado, Blanco Uriel Vega García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y otra autoridad, ambas de esta ciudad. El nueve de septiembre de la presente anualidad se admitió a trámite, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos reclamados emanan de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados, que la Junta responsable, en contravención a lo dispuesto en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, ha omitido acordar lo conducente en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes; y del actuario adscrito, la omisión de notificar a las partes, las fechas que señale la Junta para el desahogo de las pruebas ofrecidas. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta laboral, toda vez que al rendir su informe con justificación admitió su existencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, de las que se advierte la existencia del acto impugnado. Estudio. 6. Toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio del acto reclamado en el considerado que antecede. 7. En relación con tal acto, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que este transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual obliga a las autoridades a ajustar su actuación a los plazos establecidos en la ley, y en específico los artículos 880 y 883 de la ley obrera. 8. Dicho concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la Junta responsable, a la fecha, no ha emitido pronunciamiento en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en contravención a lo dispuesto en el artículo 880 de la ley obrera, pues en la audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, entre otros puntos, se hizo del conocimiento de las partes que en virtud del cúmulo de trabajo con que cuenta la Junta, se reservó la facultad de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas. 9. Cabe precisar que el invocado artículo 880, de la Ley Federal del Trabajo, derogado en la época de inicio del juicio laboral (año dos mil veintiuno), pero aplicable al presente caso, por disposición expresa del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otras normas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, disponía lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 10. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 11. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 12. Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 13. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 14. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 15. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 16. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 17. Por su parte, los artículos 685, 686 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las Juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 18. El artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo derogado en la época de inicio del juicio laboral, sin embargo aplicable al caso, disponía que una vez concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche; y en caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 19. Ahora, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por las responsables, se desprende que en la audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta del conocimiento se reservó la facultad para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, en virtud del cúmulo de trabajo con que cuenta, sin que a la fecha exista evidencia de que hubiere acordado lo conducente en relación con las pruebas ofertadas. 20. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable contraría los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que a la fecha, ha omitido acordar lo conducente en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, esto es desde la fecha en que se reservó para acordar lo que corresponda (17 de junio de 2022), al día en que se pronuncia la presente sentencia (11 de noviembre de 2022), han transcurrido más de cuatro meses, data que supera en considerable exceso el plazo de cinco días establecido en la parte final de la fracción IV del artículo 880 de la ley laboral, transcrito en apartados que anteceden. 21. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, en tanto que la autoridad ha desfasado el plazo establecido en el código obrero, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 22. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio Inexistencia del acto reclamado. 23. Por otra parte, en atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama del actuario adscrito al tribunal responsable (omisión de notificar a las partes las fechas que señale la Junta para el desahogo de las pruebas ofrecidas), su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el seis de septiembre de dos mil veintidós. 24. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión del actuario adscrito a la Junta laboral, de notificar a las partes las fechas que señale tal Junta para el desahogo de las pruebas ofrecidas, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. 25. Ahora bien, de las constancias enviadas por el actuario señalado como responsable, se advierte que el diecisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta se reservó la facultad para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, y hasta hoy no se ha pronunciado al respecto, por lo que, si a la fecha no se ha determinado las pruebas que en su caso habrán de admitirse para su desahogo, menos aún se ha encomendado al actuario su notificación, por ende, no existe tal omisión reclamada al actuario. 26. En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en la omisión de notificar a las partes las pruebas que se admitan, y a la fecha, no se ha determinado las pruebas que en su caso habrán de desahogarse, es inconcuso que la omisión de notificar no existe. 27. Ello en virtud de que el consabido expediente, no se encuentra en el momento procesal oportuno para ordenar la notificación de probanzas que a la fecha no se han admitido, y por ende, el actuario adscrito a la Junta, no puede incurrir en desatender un mandato que aún no existe. 28. Por lo anterior, se observa que a la data de presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa -seis de septiembre anterior-, no existía el acto reclamado al actuario; por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. 29. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Decisión 30. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, respecto del acto reclamado al actuario adscrito a la Junta laboral, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en relación con dicho acto reclamado. 31. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado a la Junta responsable, se concede el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que realice lo siguiente: ? Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen 1809/2021. 32. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. 33. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Blanco Uriel Vega García, respecto del acto reclamado identificado en el considerando VI, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Blanco Uriel Vega García, respecto del acto reclamado precisado en el apartado IV, por las consideraciones y para los efectos señalados en los diversos V y VII (punto 31), de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr

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