Blanca Yuliana Orozco Alcala
Expediente 2242/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2242/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Blanca Yuliana Orozco Alcala
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; agréguense a los autos sin mayor trámite la intervención ministerial 491/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano judicial, en virtud de que se presentaron con posterioridad a la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se programó y se celebró a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 2242/2023-II, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que no requieren de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad, en donde radica la autoridad que tramita el juicio de origen. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en dichas premisas, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar la resolución del incidente del recurso de revisión dentro del juicio laboral 759/5/2018. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede esta ciudad, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene como cierto. CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz del concepto de violación que hace valer la parte quejosa, el que no se transcribe porque no lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello no se priva a la parte quejosa del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Se hace la aclaración de que con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el análisis del asunto se efectuará únicamente a la luz de lo establecido en el artículo 17 Constitucional, dado que este tutela el derecho de que se administre justicia a toda persona en los términos que fijan las leyes. Sentado lo anterior, debe decirse que la parte quejosa alega sustancialmente en su concepto de violación que la autoridad responsable se ha abstenido de resolver lo conducente respecto del incidente del recurso de revisión promovido dentro del juicio laboral 759/5/2018, y que ha transcurrido en exceso el plazo que prevé la Ley Federal del Trabajo, vigente a la fecha de presentación de la demanda laboral de origen, para resolver lo conducente, ya que la audiencia incidental se efectuó el siete de septiembre de dos mil veintitrés; concepto de violación que se estima fundado aunque suplido ante su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta de que con dicho acto se viola en su perjuicio lo establecido por el artículo 852, fracción III, de la ley obrera, lo que se traduce en violación a su derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 17. En efecto, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en lo conducente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." Por su parte, el diverso numeral 852 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. ." De la anterior transcripción destaca el hecho de que una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes, respecto del recurso de revisión, deberá resolverse de plano el mismo; ahora bien, el siete de septiembre del año en curso, se verificó la audiencia relativa al recurso de revisión que nos ocupa, dentro del juicio laboral 759/5/2018, como se desprende de las documental que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término. Asimismo, se advierte que se reservó el dictado de la resolución correspondiente, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se haya resuelto dicho incidente, no obstante haber transcurrido más de dos meses después de celebrada la audiencia, cuando dicho incidente debió haber sido resuelto de plano, conforme a lo previsto por el artículo 852, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, hace manifiesta la violación al artículo 17 constitucional, porque no se está respetando el principio de economía, concentración y sencillez del procedimiento, motivo por el que debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable constriña sus actos de manera estricta al ordenamiento constitucional transgredido y al diverso 852, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, para que la responsable resuelva de plano el recurso de revisión de referencia, como lo alude el citado numeral del código obrero. No impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional, el hecho de que la Junta responsable haya expresado en su informe justificado que no ha emitido la resolución del recurso de revisión de referencia debido al cúmulo de trabajo con el que cuenta; sin embargo, también debe decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para acordar el ocurso cuya omisión se reclama. Así, el hecho de que la junta responsable en su informe justificado refiere que cuenta con una carga excesiva de trabajo, ello no justifica que incumpla con su responsabilidad de administrar justicia, además de que a quien esto resuelve no corresponde conocer de tales hechos, sino que, en todo caso, debe manifestarlo ante las instancias correspondientes a fin de que estas tomen las medidas pertinentes para atender el reclamo de los ciudadanos que ocurren en demanda de justicia laboral ante las juntas, para que se realicen los estudios respectivos que solucionen los problemas de exceso de trabajo y falta de recursos humanos que en un momento dado pueda aducir. Apoya lo considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 1283, del Tomo XXII, relativo a Septiembre de 2005, Novena Época, registro 177266, Materia Laboral, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional."Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en el juicio de amparo 2242/2023-II, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales y para los efectos jurídicos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de Lucero de León Guevara, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe.WAFA
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra el acto de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes con el número 2242/2023-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde; sin tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Audiencia Constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. .. La experiencia también lleva a sostener que el sobreseimiento por cesación de efectos o inexistencia del acto no serán recurridos, lo cual es obvio, pues la parte quejosa habrá sido restituida anticipadamente en el goce de la garantía que estimó violada y por ello el sobreseimiento en esos términos no le causa afectación. En esa medida, teniendo en cuenta la aludida experiencia y dado el gran número de asuntos que se reciben en este juzgado con las aludidas características, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, solicítese a la parte quejosa informe a este juzgado dentro del término de tres días, legalmente computado, si estaría conforme o no con el sobreseimiento que se decrete fuera de audiencia una vez recibido el informe justificado del que se advierta la cesación del acto reclamado o su inexistencia, en su caso. En el entendido que de no realizar manifestación alguna se le tendrá conforme con dicha determinación y se procederá a declarar la firmeza del sobreseimiento fuera de audiencia, ordenándose el archivo definitivo del juicio en el propio acuerdo de sobreseimiento. Instrúyase al actuario que lo antes expuesto sea contenido en la lista de acuerdos para conocimiento completo de la parte quejosa. ... Por lo que hace al tercero interesado, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado se proveerá lo conducente, a fin de tener plena certeza del acto reclamado y del carácter que en su caso, aquél pueda tener en el juicio laboral de origen. .. Asimismo, como lo dispone el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario de la adscripción, o en su caso, podría ser recogida en la secretaría correspondiente, en uno u otro caso, deberá dejarse constancia legal de su recibo. ...
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