Blanca Yesenia Favela Salazar

Expediente 2131/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2131/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Blanca Yesenia Favela Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el oficio signado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, residente en esta ciudad, con anexo que acompaña, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. En dicha misiva, la autoridad responsable informa que el título de propiedad número 1005703, correspondiente al tablaje catastral número 45544 del Ejido de Progreso, municipio de Progreso, Yucatán, ha quedado inscrito y se encuentra a disposición del Registro Agrario Nacional, en espera de ser recogido por el personal de dicha dependencia. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes; por tanto, requiérase a la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, a partir de que quede legalmente notificada, ordene al personal a su cargo que corresponda, que recoja el título de propiedad precisado, a efecto de que proceda a ponerlo a disposición de la parte quejosa, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio constitucional. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente a la parte quejosa, el siete de septiembre siguiente. Por tanto, al haber trascurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso ÁLVARO JOSÉ BARAJAS GONZÁLEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, en un término no mayor a tres días, emitiera por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el once de enero de dos mil veintidós, y lo hiciera del conocimiento de la parte quejosa. Dicha determinación causó ejecutoria el nueve de agosto de la presente anualidad, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio SSP/DJ/33889/2022, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el dieciséis de agosto último, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la diversa misiva SSP/DJ/33888/2022, de doce de agosto del año en curso, con la que dio contestación a la petición realizada por al aquí quejoso el once de enero de dos mil veintidós. Posteriormente, mediante diversa misiva SSP/DJ/36846/2022, recibida en este órgano jurisdiccional el cinco de septiembre actual, dicha responsable remitió las constancias relativas a la diligencia de uno de septiembre del presente año, con la que se notificó al quejoso el oficio señalado en el párrafo precedente. Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directriz bajo la que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como a la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    NOT ELECT En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, se hace una relación de todas y cada una de las constancias que obran en los presentes autos y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual ya obra agregado a los presentes autos. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos y por rendido en tiempo y forma el informe justificado rendido por la autoridad responsable. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con las documentales, presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones que relacionó la parte quejosa en su escrito de demanda, así como con las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO ESTE PERIODO. A continuación, ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial 496/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el cual obra agregado a los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolverse el presente juicio. Seguidamente, se declaró CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS. Al no existir promoción pendiente de acuerdo, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1512/2022-V-A, promovido por Luis Hernán Torres Navarro, en contra del acto que reclama de la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el día diecisiete de junio siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Luis Hernán Torres Navarro, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Previo cumplimiento al auto de prevención, por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 1512/2022-V-A; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, junto con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar en el Juicio Ordinario Familiar de Cesación de Pensión Alimenticia 681/2021, de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así se advierte de las constancias adjuntadas por dicha autoridad responsable a su informe justificado. Esto es, del estudio de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende que por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, fijó como fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar el día trece de septiembre próximo, a las nueve horas, en el Juicio Ordinario Familiar de Cesación de Pensión Alimenticia 681/2021, de su índice; lo que notificó el catorce de junio de dos mil veintidós, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; circunstancia que aconteció con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, al ser inexistente ese acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Hernán Torres Navarro, en contra del acto atribuido al Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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