Blanca Yasmín Flores Guevara
Expediente 330/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Blanca Yasmín Flores Guevara
Actuaciones
- Principal
... se desechó la demanda origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, JOSE AMEZCUA CARREÓN Y OLIVIA CASTRO GARCÍA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa - Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil quince. Visto; agréguese el escrito signado por la quejosa Dora Irma Rebolledo Zárate, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil quince. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, déjese en autos una copia del escrito de agravios, distribúyanse las demás entre las partes; y en el término de tres días contado a partir de que se encuentre debidamente integrado este juicio, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil quince. Vistos; agréguense los oficios signados por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia y Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en representación del Jefe de Oficina de Hacienda del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales remiten el informe preliminar solicitado por este Juzgado en auto de doce de marzo de la presente anualidad; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos del juicio de amparo número 330/2015, promovido por Blanca Yasmín Flores Guevara, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como el escrito de cuenta, del que se advierte que la parte promovente dio respuesta en tiempo y forma a la prevención formulada por este Juzgado en auto de doce de marzo del año en curso. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: "la ilegal ejecución de multas las cuales el auto de fecha 29 de enero del presente año 2015 que las hace efectivas aún no ha causado estado toda vez que aún no causa estado toda vez que la responsable ordenadora apenas dio curso al recurso de apelación en efecto devolutivo y se ordenó se remita el testimonio de apelación a la alzada, multas consistentes en: sesenta días de salarios mínimos vigentes en el estado, por desacato a un mandado judicial por parte de la quejosa en relación con el juicio civil 440/2014/V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial de Xalapa. Luego entonces aún no han emitido la resolución que sea firma para ejecutar las multas impuestas. Así las cosas, el suscrito de oficio procede al estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Nueva Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado..." Precisado lo anterior, se obtiene que la solicitante del amparo en esencia reclama el auto de veintinueve de enero de dos mil quince, emitido en los autos del juicio del juicio civil 440/2014/V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial, donde se le hacen efectivas las multas impuestas por desacato judicial consistentes en sesenta y treinta días de salarios mínimos vigentes en el Estado. Asimismo, es necesario destacar que en el capítulo de conceptos de violación la promovente manifiesta: ".se dio curso al recurso de apelación en efecto devolutivo y se ordenó se remita al testimonio de apelación a la alzada, como se desprende del auto de fecha veintinueve de febrero dedos mil quince.". En ese orden, quien esto resuelve, estima que el acto reclamado en la demanda que se estudia no es susceptible de impugnarse a través del presente juicio de amparo. Al caso conviene citar el contenido de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 3/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO.", que con independencia de que se refiere a la materia mercantil, en esencia atiende de igual forma a la naturaleza civil del acto que aquí se impugna, argumentos que en esencia precisó: ".resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." De la lectura del artículo y fracción transcritos se advierte que establece tres supuestos esenciales para determinar que el juicio de garantías es improcedente; el primero, es que se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa; el segundo, que haya sido interpuesto por el quejoso; y, el tercero, que dicho recurso tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Por otra parte, el recurso de apelación en materia mercantil, así como su tramitación, se encuentran previstos en el Código de Comercio, en los capítulos XXV y XXVI, que en los artículos .1344 y 1345, vigentes hasta antes de la reforma de diciembre de dos mil ocho y que fueron los que interpretaron los órganos colegiados contendientes, establecían: "Artículo 1344. La apelación debe interponerse por escrito, dentro de nueve días improrrogables, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria, y en el mismo escrito se expresarán por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule. El Juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, expresará si lo admite en un solo efecto o en ambos efectos, dando vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga y ordenará se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente a la superioridad dentro de un plazo de tres días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio. Será causa de responsabilidad la falta de envío oportuno al superior de los autos o testimonio respectivo para la substanciación del recurso. Artículo 1345. Cuando la apelación proceda en un solo efecto no se suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deberá señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación, que podrán ser adicionadas por la contraria y las que el Juez estime necesarias, remitiéndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no señalarse las constancias por el recurrente, se tendrá por no interpuesta la apelación. Si el que no señale constancias es la parte apelada, se le tendrá por conforme con las que hubiere señalado el apelante. Respecto del señalamiento de constancias, las partes y el Juez deben de cumplir con lo que se ordena en el párrafo final de este artículo. Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelación se admita en efecto devolutivo se remitirán las originales al superior, pero se dejará en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las demás constancias. Si la apelación se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la resolución, hasta que cause ejecutoria. Al recibirse las constancias por el superior, no se notificará personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por más de seis meses. Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al superior, éste dentro de los tres días siguientes dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas por y ante el Juez a quo, citando en su caso a las partes para oír sentencia, misma que se pronunciará dentro del plazo de quince días contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el superior examine documentos voluminosos, podrá disfrutar de ocho días más para pronunciar resolución. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior, revocada la calificación, se procederá en consecuencia. El tribunal de apelación formará un solo expediente, iniciándose con la primera apelación que se integre con las constancias que se remitan por el inferior, y se continúe agregándose las subsecuentes que se remitan para el trámite de apelaciones posteriores." De los artículos transcritos se desprende que la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, el cual será resuelto por el tribunal superior y tendrá por objeto confirmar, reformar o revocar las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia, en contra de las cuales resulte procedente dicho recurso. Asimismo, se advierte que las apelaciones se tramitarán o denegarán de plano, para lo cual bastará la presentación del escrito de las partes; de tal suerte que el Juez de primera instancia, ante quien se presentan, emitirá un pronunciamiento respecto de la procedencia de éstos y resolverá sobre su admisión, sin perjuicio del análisis que deberá efectuar el tribunal de alzada, quien tendrá facultad para efectuar nuevamente el cómputo y determinar sobre la procedencia del recurso de apelación, quien en definitiva resolverá lo conducente. Que corresponde al tribunal de apelación sustanciar el recurso de apelación en forma definitiva, pues es quien cuenta con facultades para resolver sobre la procedencia y admisión; y, en su caso, sobre las cuestiones de fondo planteadas. De lo anterior se desprende que el tribunal de apelación cuenta con facultades para resolver la cuestión de fondo materia de la apelación pero, además, podrá nuevamente calificar si la determinación del Juez de primera instancia sobre la admisión fue correcta o no. Así, es de resaltar que el recurso de apelación establece un procedimiento específico para su tramitación, en el que se señala que se presentará ante el Juez de primera instancia, en donde se está radicando el asunto, quien se pronunciará respecto de la admisión e iniciará con la sustanciación del procedimiento, es decir, se trata de la primera etapa de su tramitación, cuya decisión es susceptible de ser modificada por el tribunal de alzada, quien cuenta con facultad expresa para ello. Sin embargo, el hecho de que la determinación del Juez de primera instancia sea susceptible de ser modificada, no implica que no se esté tramitando el recurso de apelación, pues para ello resulta necesario que exista precisamente dicha calificativa por parte del Juez de primera instancia, quien una vez admitido el recurso lo sustanciará y remitirá al tribunal de alzada, quien se pronunciará en definitiva sobre la procedencia o no del recurso y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas. Es preciso tener en cuenta que trámite significa paso de una parte a otra, o de una cosa a otra. De tal suerte que en el caso de la tramitación de la apelación nos encontramos en el supuesto de que el Juez de primera instancia es a quien corresponde dar inicio a una consecución de pasos que culmina con la determinación del tribunal de alzada. Por tanto, es de concluir que el procedimiento del trámite del recurso de apelación ha iniciado con la admisión por parte del Juez de primera instancia, quien, conforme a lo dispuesto por la ley, deberá remitirlo al tribunal de alzada, por lo que desde ese momento ha comenzado a surtir efectos legales y, por ello, se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en el que se establece que el juicio de garantías será improcedente cuando se esté tramitando un medio de defensa ante los tribunales ordinarios, el cual tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello es así pues, tal como quedó precisado en párrafos anteriores, el recurso de apelación previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio establece que éste tendrá por objeto confirmar, reformar o anular el acto impugnado, de tal suerte que la interposición de ese recurso y el pronunciamiento del Juez de primera instancia, resultan suficientes para actualizar el supuesto del artículo 73, fracción XIV, de la ley de la materia, puesto que el recurso de apelación ya se está tramitando. No obsta a lo anterior, el hecho de que el tribunal de alzada sea quien deba decidir en definitiva sobre la procedencia del recurso, puesto que cuenta con facultades expresas para ello, y en caso de considerar que el Juez local se equivocó, podrá desecharlo o, en su caso, procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. De tal suerte que el inicio de la tramitación se da desde el momento en que el recurso de apelación es admitido por el Juez de primera instancia, puesto que éste, de igual forma, en caso de así considerarlo, puede desecharlo o tenerlo por no interpuesto." Ahora bien, conforme a lo ya transcrito es evidente que para tenerse por actualizada la causal de improcedencia invocada, basta que el juez de primera instancia haya dado curso a la admisión y tramitación de la sustanciación del recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa respecto del acto que se pretende impugnar por la vía Constitucional; tramitación que se encuentra corroborada con las constancias que al efecto remitió la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1150 de diecisiete de marzo de dos mil quince, en concreto, con la copia certificada del acuerdo fechado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, en el cual la aludida juez admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de fecha veintinueve de enero del año en cita -aquí impugnado-. No es óbice a lo anterior el hecho de que en el caso se trate de la vía ordinaria civil y no mercantil, dado que el contenido de los artículos 509, 512, 513, 514, 515, 516, 518 y 520 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, es similar a los que se invocan en el contenido de la ejecutoria ya transcrita, siendo el contenido de éstos el siguiente: "Artículo 509.- El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "Artículo 512.- La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto. Artículo 513.- El litigante, al interponer la apelación, debe usar de moderación, absteniéndose de denostar al juez; de lo contrario, quedará sujeto a la corrección disciplinaria que proceda. Artículo 514.- Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida. Se aceptará como expresión de agravios la enumeración sencilla que haga la parte sobre los errores o violaciones del derecho que en su concepto haya cometido el juzgador. Se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar. Artículo 515.- Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo. Artículo 516.- El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." "Artículo 518.- Admitida la apelación en ambos efectos, el Juez, remitirá los autos originales desde luego, a la Secretaría General del Tribunal Superior o en su caso a su superior inmediato, dentro del tercer día, comunicándolo a las partes para que ocurran, si lo desearen, a dicho Tribunal; en el que no se les notificará la llegada de las actuaciones." "Artículo 520.- Llegados los autos o el testimonio en su caso, al tribunal de segunda instancia, éste, de oficio y dentro del término de tres días, examinará la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el inferior. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior; revocada la calificación, se procederá en su consecuencia como corresponda, para que a la mayor brevedad, se cumplan las disposiciones de este Capítulo." Aunado a lo anterior existe el criterio sustentado por el Pleno del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, referente a que tal causal de improcedencia opera conforme a los siguientes supuestos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, tal como quedó evidenciado al tenor de lo expuesto en líneas precedentes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, del Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Por tanto, al advertirse de autos que el auto de veintinueve de enero de la presente anualidad, emitido en los autos del juicio del juicio civil 440/2014/V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, donde se hacen efectivas a la promovente dos multas impuestas por desacato judicial consistentes en sesenta y treinta días de salarios mínimos vigentes en el Estado, de manera simultánea se encuentra tramitándose tanto el recurso de apelación que fuera hecho valer por la parte quejosa en el juicio de origen, como la vía de amparo que ahora nos ocupa, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia ya invocada, ello atento a lo dicho por la propia impetrante corroborado con las constancias que al efecto remitiera la juez responsable ya citada. En apoyo a lo anterior y por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia 1a./J. 3/2010, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 292, del Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO.- Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste. De igual forma se cita por aplicable, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. Así las cosas, es evidente que los efectos de la demanda origen de este asunto, están subjúdices hasta en tanto se resuelva el citado medio ordinario de defensa, mediante el cual la resolución de la que emana el acto que reclama el aquí promovente, puede ser confirmada, modificada o revocada, por lo que evidentemente se actualiza la causal de improcedencia en análisis, puesto que antes de acudir a la vía constitucional, para solicitante del amparo interpuso el medio defensivo que para tal caso establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes estudiada, lo que procede en la especie es desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, de la Nueva Ley de Amparo. Asimismo, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Materia Común, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza lo siguiente siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional. Las tesis a que se hace alusión, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación tal, que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Como está ordenado en auto de doce de marzo del año en curso, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Flores Castellanos y con las restricciones que dicho artículo prevé a José Eduardo Flores Castellanos, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, no tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni tampoco acreditó contar con ella. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Joel Hernández Jiménez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... agréguese el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual remite los autos del Juicio de Amparo 1156/2014, a fin de que este órgano jurisdiccional ordene la notificación de la sentencia dictada en el mismo y siga con la tramitación respectiva. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, agréguese el cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General 54/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integraran, se ordena la notificación personal a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables de la sentencia terminada de engrosar el seis de marzo de la presente anualidad, por el Juez Tercero de Distrito del citado Centro Auxiliar, haciéndoles de su conocimiento para todos los efectos legales, que se proseguirá con la tramitación del presente asunto en este órgano jurisdiccional. Ahora, una vez que quede firme el fallo constitucional emitido, o bien, alguna de las partes interponga recurso de revisión contra el mismo, hágase de su conocimiento; ello, para los efectos legales procedentes. Asimismo, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de la sentencia de mérito a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables.
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