Blanca Yadira Sánchez Acevedo
Expediente 3401/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3401/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2018
Partes del expediente
- Blanca Yadira Sánchez Acevedo
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 51 y 52), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Luego, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el dieciocho de enero de dosa mil dieciocho; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que proveyó: Visto el oficio de cuenta suscrito por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual rinde informe justificado y acompaña copia certificada del acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Efectivamente, del numeral invocado se desprende que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los destruye, dando lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de la omisión que se ataca y restituyendo a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, de modo tal que con la cesación de efectos el acto impugnado deja de afectar la esfera jurídica del gobernado en forma definitiva, por lo que sus consecuencias desaparecen totalmente. En la especie, se llega a la convicción de que el acto reclamado a través del presente juicio de amparo ha cesado en sus efectos, porque se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama a la autoridad responsable la violación al derecho de petición tutelado por el artículo 8 Constitucional, materializado en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el quince de mayo del año dos mil diecisiete. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se pone de manifiesto que el treinta de junio pasado se emitió una respuesta fundada y motivada a la parte quejosa, a su escrito presentado ante la autoridad responsable el quince de mayo pasado y se notificó a la parte aquí quejosa el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; por lo que cesaron los efectos del acto reclamado, tal y como se advierte de la copia certificada del acuerdo de improcedencia de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, así como de las constancias de notificación relativas, el que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, merece eficacia probatoria plena por tratarse de un documento certificado emitido por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado no puede decidirse sobre la constitucionalidad de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así las cosas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia toda vez que, aunque se esperara a la celebración de la audiencia constitucional, el acto reclamado no podría ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa; en la inteligencia de que el resultado del fallo que se llegara a dictar en este juicio de garantías sería en el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la aludida audiencia constitucional para dictar el fallo correspondiente. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Época: Novena Época. Registro: 184572. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 10/2003. Página: 386). Sin que en el caso se tipifique alguno de los supuestos para ampliar la demanda de amparo en contra de la respuesta recaída a la petición que se formuló ante la autoridad responsable; toda vez que en contra de ésta es improcedente la ampliación de demanda, siendo que en su contra debe agotarse el medio ordinario de defensa procedente a fin de cumplir con el principio de definitividad, en los términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones IV, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En consecuencia, se dejan sin efectos las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable, que se giró para notificarle el proveído de veintidós de noviembre pasado en el que, entre otras cuestiones, se le requirió por su informe justificado, ni tampoco se encuentra glosado dicho informe. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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