Blanca Verónica Watanave Ramírez
Expediente 360/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Blanca Verónica Watanave Ramírez
- Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito presentado por ***************, mediante el cual promueve demanda de amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 360/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En el caso, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza (Héctor Guillermo de la Cruz Cortez). Los actos consistentes en: La orden de medida provisional de restitución del inmueble identificado como: parcela número 52-z-2 P/2 con superficie de 5-79-92 hectáreas ubicado en el núcleo agrario denominado el Divisadero municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza, con las dimensiones: Noreste mide 269.330 metros y colinda con parcela 49; Este mide 225.080 metros y colinda con acceso; Suroeste mide 268.170 metros y colinda con Jesús Calvillo de León y Oeste mide 226.360 metros colinda con parcela 47, así como el despojo del mismo; dictada en audiencia celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y cumplimentada el veinte de ese mes y año, dentro de la causa penal con número de expediente 512/2022, que se instruye, entre otros, en contra de la quejosa por los delitos de despojo de inmueble y daños en propiedad ajena. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que la quejosa es imputado en la causa penal indicada, en la que fue vinculada a proceso en la audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se dictó la medida de restitución provisional que ahora reclama, donde además se le impuso la medida cautelar de firma periódica. 3.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados identificados en el punto que antecede, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia. 3.3 Oportunidad de la presentación de la demanda. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso existe prueba fehaciente de que el justiciable conoció el acto reclamado. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado sea consentido por el quejoso tácitamente, entendiéndose por esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, los actos reclamados no entrañan un ataque a la libertad personal, tampoco involucran actos relacionados con las diversas hipótesis enumeradas, por ende, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en este numeral, debido a que el acto reclamado consiste en una medida provisional de restitución que emana de un procedimiento en materia penal en el cual la parte quejosa tiene el carácter de imputada vinculada a proceso; lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. 3.4 Presentación extemporánea. En ese contexto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo en el caso que nos ocupa respecto del acto reclamado, tiene lugar cuando éste no se promovió dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida), no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa en el inciso V titulado "Fecha en que haya sido notificado el acto reclamado", expresa que la orden provisional de restitución del inmueble que nos ocupa fue ordenada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y se cumplimentó el veinte de ese mes y año. Con la precisión de que esa medida fue dictada en los autos de la causa penal 512/2022, que se le instruye por los delitos de despojo de inmueble y daños de propiedad, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza (Héctor Guillermo de la Cruz Cortez). Asimismo, como se señaló, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo se advierte que la quejosa es imputado en la causa penal indicada, en la que fue vinculado a proceso en la audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se dictó la medida de restitución provisional que ahora reclama, donde además se le impuso la medida cautelar de firma periódica. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales, entre otras formas, se practican en la misma audiencia, surtiendo efectos al día siguiente de que fueron practicadas. Por tanto, si la medida de restitución provisional que se reclama fue dictada en la audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, inobjetablemente en esa fecha fue notificada la quejosa de esa determinación. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el trece de abril de esta anualidad, resulta inconcuso que, sin necesidad de llevar a cabo una operación aritmética, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya había transcurrido, por lo que es evidente que no se presentó dentro del plazo que permite la ley, sino que se hizo de manera extemporánea. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. 5. Autorizados para notificaciones. Se tiene por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, ********************y********************, por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 6. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, código postal ********************, en esta ciudad. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
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