Blanca Veronica Flores Jaime
Expediente 971/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Blanca Veronica Flores Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 971/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 971/2018-II, promovido por Blanca Verónica Flores Jaime, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este juzgado, Blanca Verónica Flores Jaime, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. (fojas 2 a 12) SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de tres de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. (fojas 19 a 22) La parte tercera interesada Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, fue emplazada a juicio el cuatro de julio de dos mil dieciocho. (foja 27) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos se avoca al conocimiento del juicio burocrático 30/85/18, y acepta la competencia declinada por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para conocer la demanda presentada por Blanca Verónica Flores Jaime. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 28 a 30). Al respecto, el Tribunal responsable exhibió copia certificada del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, (foja 38), del que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°. CUARTO. Causales de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos señaló que la conducta de la que se duele el hoy quejoso se encuentra efectuada conforme a derecho y emitida por una autoridad competente, siguiendo los lineamientos previstos por la Ley, por lo que considera que no se han violentado los derechos fundamentales del quejoso, y por tanto estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Además, citó como apoyo la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, página 6673, Quinta época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL"; y la diversa tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVI, página 1815, Quinta Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL". Sin embargo, se desestima la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación en que está sustentada, se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Respecto a las tesis que como apoyo cita sobre la inexistencia del acto reclamado resultan inaplicables, porque la propia autoridad señaló de forma categórica que es cierto el acto reclamado, para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho que en vía de amparo se combate, además no guardan relación con el motivo de improcedencia que hace valer, sino que se trata de una hipótesis de sobreseimiento que no se actualiza en el presente asunto. Por otra parte, la tercera interesada manifiesta que no existe conducta alguna que violente derecho humano, toda vez que la responsable actuó de conformidad y con apego a las leyes aplicables al caso en concreto, razón por la que considera que debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo: "Artículo 63.El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." No obstante, no resulta procedente el sobreseimiento solicitado por la tercera interesada, pues además que no constituye una causa de improcedencia, aun cuando señala que el acto reclamado no existe, ello constituye una mera afirmación sin fundamento, pues no establece argumento jurídico, o razón alguna por la que considera que ello acontece y como quedó acreditado en el considerando tercero de esta resolución, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que el acto reclamado sí existe y remitió copia certificada del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho que aquí se reclama. En ese orden de ideas, en virtud de que las partes no hacen valer otra causa de improcedencia en relación al acto reclamado y este juzgador no advierte de oficio que se actualice una diversa, procede ocuparse del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, registrado ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Blanca Verónica Flores Jaime, demandó en la vía laboral al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos diversas prestaciones (foja 32). 2.- Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, de oficio, declinó competencia para conocer del juicio laboral 01/264/18, y ordenó remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 32 a 35). 3.- El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje notificó a la apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral de origen, el proveído mediante el cual se declaró incompetente (foja 36). 4.- Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos se avocó al conocimiento del juicio, registrándolo con el número 30/85/18 y requirió al promovente con la finalidad de que adecuara la demanda en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido se continuaría el procedimiento laboral y dicha omisión quedaría bajo su más estricta responsabilidad, en el caso concreto, su conducta se valoraría al momento de resolver en definitiva el asunto. Este último acuerdo constituye el acto reclamado (fojas 38 y 39). 5.- El cinco de junio de dos mil dieciocho, la aquí quejosa desahogó la prevención citada (foja 41). 6.- El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda interpuesta por Blanca Verónica Flores Jaime contra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 44 y 45). SEXTO. Estudio del concepto de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son inoperantes e infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular se advierta queja deficiente que suplir. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 67/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 263, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).". En primer lugar, debe precisarse que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos al emitir el auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual previno a la parte actora, aquí quejosa para que ajustara su demanda a los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aceptó de forma tácita la competencia propuesta por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tanto, resulta patente que el Tribunal responsable hizo suyos todos los argumentos y motivos que tomó en consideración para declinar la competencia; aspecto de especial importancia pues será necesario atender a ello al conocer de la constitucionalidad del acto reclamado. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 28/2004, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, Página 320, de rubro: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA." Ahora bien, de la interpretación gramatical del 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador ordinario estableció de forma expresa un supuesto especial de procedencia del juicio de amparo bi-instancial en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y..." No obstante, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), determinó que dicho precepto tenía que ser interpretado de la forma más coherente con los contenidos de la Constitución, en esa tesitura definió que en este supuesto específico, dicha hermenéutica, llevaba a considerar que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra dichos actos, siempre que éstos sean definitivos, es decir, que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, la que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida, siempre que no existan medios ordinarios de defensa pendientes de agotarse. Así, en el presente asunto, la última resolución consiste en el acuerdo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, porque es la que materializa y define el conocimiento del asunto de origen y es en su caso la que genera agravios o trasciende a la esfera jurídica de las partes y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, por ende su estudio se integrará con las razones y motivos que la originaron, esto es el acuerdo de la Junta, que no obstante no constituir materia del amparo por sí solo, el Tribunal Estatal convalidó la declinatoria, y se sustentó en lo ahí resuelto para aceptar la competencia, pues de no hacerlo así, no existiría el acto reclamado, por lo que se deben analizar como una unidad en aras de crear certeza y seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Así como, la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 22, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.". De lo anteriormente expuesto se sigue que los conceptos de violación encaminados a combatir de forma directa la actuación de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, consistentes en que omitió especificar los elementos por los cuales declinó la competencia; así como que fue omisa en notificar el acuerdo respectivo de cinco de abril de dos mil dieciocho son inoperantes, porque no constituyen el acto reclamado, y no es jurídicamente posible a través del juicio de amparo proceder al análisis de aspectos que no pueden ser combatidos en esta vía. Por otra parte, la parte quejosa aduce en su capítulo de conceptos de violación que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución; sin embargo, no formuló conceptos de violación en específico, advirtiéndose por este Juzgador que no hubo transgresión a la diversidad de derechos que contemplan los preceptos citados en favor de los gobernados, ni se advierte queja deficiente que suplir, pues como se resolverá, el acto aquí reclamado resulta acorde a las garantías y derechos humanos que tutelan, relacionados con la pretensión jurídica de la quejosa. Ahora bien, mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, convalidó el acuerdo de la Junta en el que declinó la competencia en su favor, en el cual se vertieron los siguientes argumentos: Es un hecho público y notorio que el ente demandado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca constituye un organismo público descentralizado de la administración pública municipal tal como se advierte en su decreto de creación, por tanto las relaciones laborales con sus trabajadores y su competencia se encuentran contempladas en la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos. Los organismos descentralizados al ser entidades integrantes de la administración pública paraestatal forman parte del poder ejecutivo, situación aplicable a los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, es decir crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar sus actividades administrativas específicas. Las legislaturas de las entidades federativas están facultadas constitucionalmente para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo a los apartados "A" o "B" del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin estar obligadas a sujetarse a uno de ellos en especial. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que regirá las relaciones entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores, por tanto corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la competencia del juicio promovido por el trabajador en contra del organismo público descentralizado. En este orden de ideas, resulta pertinente precisar que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, como fue valorado por el Tribunal responsable al convalidar la incompetencia planteada, efectivamente constituye un organismo público descentralizado de la administración pública municipal tal como se advierte de su decreto de creación, que de forma expresa le atribuye esa naturaleza, además que forma parte del poder ejecutivo municipal en sentido amplio, ya que al ser una entidad integrante de la administración pública paramunicipal guarda una dependencia indirecta y mediata, sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, pero se vincula en distintos grados con el titular de dicho Poder, a través de diversos mecanismos de control y vigilancia por parte de éste (de manera horizontal), es decir se trata de un ente dotado de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujeto a controles indirectos para desarrollar sus actividades administrativas específicas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 178/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, Página 729, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.". Así, los artículos 1, 2 y 18 del Acuerdo 3679 que crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, vigente a partir del nueve de noviembre de 1995, establecen: "ARTÍCULO 1.- SE CREA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS Y CON FUNCIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE. ESTE ORGANISMO SE INCORPORARÁ AL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. ARTÍCULO 2.- EL ORGANISMO OPERADOR TIENE POR OBJETO PRESTAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. ARTÍCULO 18.- LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL SISTEMA Y SUS TRABAJADORES SE REGIRÁN POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO." De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la demandada en el juicio laboral de origen, aquí tercera interesada, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regular la prestación y administración del servicio público de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuernavaca, cuyas relaciones laborales se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En ese sentido, contrariamente a lo aducido por la quejosa, en las jurisprudencias 130/2016 y 131/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios previamente sustentados relativos a que la competencia para resolver los conflictos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al regirse por el apartado "A" del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Cierto, la Segunda Sala de Nuestro Alto Tribunal, se apartó del criterio general sostenido anteriormente, pues consideró que las entidades federativas están facultadas constitucionalmente para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados "A" o "B" del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin estar obligadas a sujetarse a uno de ellos en especial, por lo que si el legislador secundario en el Estado de Morelos dispone normativamente que los vínculos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores deben regirse por el apartado "B" del precepto constitucional mencionado; y, en consecuencia, por la legislación burocrática local, ello no transgrede la Carta Magna. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 1006, de rubro y texto: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los 'Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Así como la jurisprudencia 2a./J. 131/2016 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 963, de rubro y texto: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL LEGISLADOR SECUNDARIO TIENE FACULTADES PARA SUJETAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD. Conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Por tanto, si en uso de sus facultades, el legislador secundario sujetó las relaciones de los organismos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo y sus trabajadores a lo previsto en el apartado B del precepto 123 constitucional y, en consecuencia, a la legislación local -Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de esa entidad-, ello no transgrede el texto constitucional, ya que el legislador local que expidió este último ordenamiento está facultado para hacerlo.". Criterios que ponen de manifiesto que el legislador local cuenta con atribuciones para regular las relaciones de trabajo entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores, conforme a cualquiera de los regímenes previstos en los apartados "A" y "B" del artículo 123 constitucional. En ese sentido, el artículo 40, fracción XX, inciso L), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "Artículo 40.- Son facultades del Congreso: (.) XX.- Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: (.) L).- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal de Arbitraje." Por su parte, los artículos 1, 2, 8, 11 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal. Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores. Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia dejarán de surtir sus efectos los nombramientos que se les hayan otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40 fracción XX inciso M) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos." Artículo 11.- Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores: para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios". De lo anterior se advierte que el artículo 40 fracción XX inciso L) de la Constitución Política del Estado de Morelos contempla la facultad del Congreso de expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y respecto de la seguridad social de dichos trabajadores, con el señalamiento expreso de que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal de Arbitraje. Por otra parte, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en lo que interesa regula las relaciones de trabajo que se establezcan entre los municipios y sus trabajadores, señalando el artículo 2° que el trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal y sus trabajadores. En consecuencia, debe entenderse que los artículos citados de la Ley del Servicio Civil no se refieren únicamente a los trabajadores del Municipio en sentido estricto, sino también a los organismos descentralizados, ya que de forma expresa el artículo recién citado así lo señala, aunado a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 178/2012 (10a.), que como quedó asentado, señala que dichas entidades forman parte del ejecutivo en sentido amplio. En específico el 114 de la citada legislación señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores y debe entenderse que el Sistema de Agua Potable al tener la naturaleza de organismo descentralizado que forma parte del poder ejecutivo municipal, le resultan aplicables los preceptos legales de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que deriva en la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer del juicio burocrático instaurado por Blanca Verónica Flores Jaime contra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, adversamente a lo alegado por la peticionaria del amparo. Por tanto, no asiste la razón a la quejosa al manifestar que el artículo 114 recién citado no resulta aplicable al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, al ser un ente autónomo, que no pertenece al Estado específicamente, ni es subsidiado, ni recibe órdenes, por lo que le debe aplicar el artículo 123, apartado A de la Constitución, ya que como quedó señalado la Corte definió que los organismos descentralizados al ser entidades integrantes de la administración Pública paraestatal forman parte del poder ejecutivo, criterio que se hace extensivo al orden municipal, por participar de la misma lógica, por tanto al hablar del Municipio debe entenderse que quedan comprendidos los entes descentralizados como el que en el juicio natural fue señalado como demandado, por lo que resulta infundado el concepto de violación. Así, contrario a lo manifestado en los conceptos de violación, la naturaleza jurídica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Cuernavaca, Morelos, no permite concluir que el régimen jurídico aplicable, sea el previsto en el apartado A, del artículo 123 Constitucional, toda vez que de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 8, 11 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, expedida por el Congreso del Estado, en uso de la facultad conferida por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal y 40, fracción XX, inciso L), de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos, así como de los artículos 1, 2 y 18 del Acuerdo 3679 de Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Cuernavaca Morelos, se concluye que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos es la autoridad competente para conocer del juicio burocrático de origen. Tampoco asiste la razón a la quejosa en el sentido que en el auto combatido se determinó de manera dogmática que todos los organismos públicos descentralizados se regirán por lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 constitucional lo que contraviene el principio de legalidad, porque contrario a lo alegado, este principio no se transgrede en razón de que en el acuerdo que sustentó la aceptación de competencia, se declinó a conocer con base en lo expuesto en las tesis jurisprudenciales 130/2016 y 131/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se determina la flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, ya que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Por tanto, la determinación del Tribunal responsable al avocarse al conocimiento y por ende aceptar la competencia planteada por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos en el juicio de origen resulta constitucional, porque considera que la relaciones laborales entre la quejosa y el trabajador actor se rigen por el artículo 123, apartado B, de la Constitución, lo cual como se ha establecido, resulta correcto. Respecto al cúmulo de tesis que cita como apoyo a sus conceptos de violación, por tratarse de criterios derivados de interpretaciones efectuadas a legislaciones de diversos Estados de la República o criterios que son anteriores a la Jurisprudencia de la Corte que señala que cada legislación secundaria establecerá el régimen aplicable del artículo 123 de la Constitución, no resultan aplicables al caso concreto, dada la obligatoriedad de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido que el Alto Tribunal, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), en el que sostuvo que las relaciones de dichos organismos mencionados con sus trabajadores, sólo podían ser regulados de acuerdo con el apartado A del artículo 123 constitucional y actualmente se debe atender a la legislación de cada Estado para determinar el régimen pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Tesis: VI.1o.P. J/26, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Página 1225, Novena Época, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.", que establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federal. En consecuencia, al quedar evidenciado que es constitucional el acto reclamado, y ser inoperantes e infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo anteriormente expuesto, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Blanca Verónica Flores Jaime, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones indicadas en el considerando sexto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito de la Directora Jurídica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio de garantías. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en avenida Morelos Sur, número 166 colonia centro, Cuernavaca Morelos; asimismo, por autorizados para tales efectos a las personas indicadas y en los términos propuestos. Por último, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de la autoridad oficiante los que designa. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. YARIGH*
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