Blanca Tzetzangari Contreras Piña

Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
495/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Blanca Tzetzangari Contreras Piña

Actuaciones

  1. Principal

    ...HA CAUSADO ESTADO..ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; HACIENDOSE LA OBSERVACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho... Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-495/2018-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". IV. Norma General Acto reclamado: La ejecución de sentencia del juicio Ordinario Civil número 463/2016, el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble ubicado en la calle Loma Blanca número 27, de la colonia Loma Larga (conjunto habitacional de interés social), en esta ciudad capital; y Ordenar que el depósito judicial, mediante en línea expedido por BANAMEX con la referencia alfanumérica número -por las cantidades de $179,700.00 (ciento setenta y nueve mil setecientos pesos 00/100 m.n.); $157,926.00 (ciento cincuenta y siete mil novecientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) y por $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m.n.), respectivamente, sean destinados a pagar el crédito Infonavit, sin que se haya convenido tal acto, extralimitándose en sus resoluciones, circunstancia que de llegar a consumarse me causaría un DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial del dos de abril de dos mil trece, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa manifiesta se le demandó la formalización de contrato en la vía ordinaria civil, ante el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar, de este Distrito Judicial. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble, dentro del juicio ordinario civil 463/2016, como se advierte de los antecedentes de su libelo constitucional, fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución del laudo, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, la promovente pretende combatir un acuerdo mediante el cual, como ya se dijo, la responsable ordenó otorgar a su contraria la escritura correspondiente del bien inmueble, asimismo a la desocupación y entrega del bien señalado, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto de la suscrita, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio ordinario civil número 463/2016, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la negativa de la parte demandada para cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio de origen, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivas de la parte quejosa imposible de reparar pues evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por BLANCA TZETZANGARI CONTRERAS PIÑA, contra los actos reclamados al Juez Séptimo de Primera Instancia en materia Civil, de este Distrito Judicial, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden...

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-495/2018-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". IV. Norma General Acto reclamado: La ejecución de sentencia del juicio Ordinario Civil número 463/2016, el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble ubicado en la calle Loma Blanca número 27, de la colonia Loma Larga (conjunto habitacional de interés social), en esta ciudad capital; y Ordenar que el depósito judicial, mediante en línea expedido por BANAMEX con la referencia alfanumérica número -por las cantidades de $179,700.00 (ciento setenta y nueve mil setecientos pesos 00/100 m.n.); $157,926.00 (ciento cincuenta y siete mil novecientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) y por $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m.n.), respectivamente, sean destinados a pagar el crédito Infonavit, sin que se haya convenido tal acto, extralimitándose en sus resoluciones, circunstancia que de llegar a consumarse me causaría un DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial del dos de abril de dos mil trece, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa manifiesta se le demandó la formalización de contrato en la vía ordinaria civil, ante el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar, de este Distrito Judicial. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble, dentro del juicio ordinario civil 463/2016, como se advierte de los antecedentes de su libelo constitucional, fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución del laudo, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, la promovente pretende combatir un acuerdo mediante el cual, como ya se dijo, la responsable ordenó otorgar a su contraria la escritura correspondiente del bien inmueble, asimismo a la desocupación y entrega del bien señalado, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto de la suscrita, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio ordinario civil número 463/2016, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la negativa de la parte demandada para cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio de origen, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivas de la parte quejosa imposible de reparar pues evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por BLANCA TZETZANGARI CONTRERAS PIÑA, contra los actos reclamados al Juez Séptimo de Primera Instancia en materia Civil, de este Distrito Judicial, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Por último, se tiene a la quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al -, virtud a que tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

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