Blanca Torres Díaz

Expediente 1857/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1857/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Blanca Torres Díaz
  • Tribunal de Abritraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que la sentencia que sobresee en el juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos relativos al juicio de amparo 1857/2017, promovido por Blanca Torres Díaz; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno en esa fecha a este Juzgado de Distrito, Blanca Torres Díaz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto siguientes (foja 2): AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. ACTO RECLAMADO La omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto del incidente de falta de personalidad planteado por la demandada en la audiencia de ley del juicio laboral D-218/2015, por lo que la tramitación de ese sumario se encuentra paralizada desde el catorce de agosto de dos mil diecisiete. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Recibida la demanda, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó bajo el expediente 1857/2017, y se desechó. TERCERO. Inconforme con la anterior determinación, la peticionaria del amparo interpuso queja, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en donde se registró bajo el expediente 118/2017, y en sesión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, determinó revocar el acuerdo recurrido y ordenó admitir a trámite la demanda (fojas 25 a 46). CUARTO. Así, recibidos los autos de este sumario, en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, la demanda se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se proveyó sobre el emplazamiento de la parte tercero interesada. Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo su diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. QUINTO. En atención a la autorización concedida a la suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones del Titular, y por autorización otorgada en sesión celebrada el cinco de diciembre dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/6440/2017 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se procede al dictado de la sentencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto fracción VI del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que fuera modificado por su similar 24/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso se reclama un acto (omisión) que se atribuye a una autoridad del trabajo residente en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la accionante del amparo comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: Del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto del incidente de falta de personalidad planteado por la demandada en la audiencia de ley del juicio laboral D-218/2015, por lo que la tramitación de ese sumario se encuentra paralizada desde el catorce de agosto de dos mil diecisiete. Resulta aplicable a la anterior precisión de los actos reclamados, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Además, con lo anterior, se cumple la exigencia de toda sentencia emitida en el juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la citada fracción I del dispositivo 74 de la Ley de Amparo, en relación, por identidad de las razones que la integran, se cita la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (foja 57); y como apoyo remitió fotocopias certificadas de diversas constancias que integran el juicio laboral de origen (fojas 59 a 61) y a requerimiento de este juzgado federal, se recibió fotocopia de todo lo actuado en ese sumario (fojas 67 a 135); documentales que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con las que se desvirtúa la negación de actos, pues se advierte que en audiencia de catorce de agosto de dos mil diecisiete, el tribunal responsable se reservó el acuerdo correspondiente al incidente de falta de personalidad planteado por la parte demandada (fojas 127 a 129). Luego, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO. Sea que las partes lo aleguen o no, procede el estudio de las causas de improcedencia, por ser de estudio preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la suscrita secretaria encargada del despacho estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Efectivamente, hecho el análisis de los argumentos de inconformidad que hace valer la solicitante de amparo, así como de las constancias allegadas por la autoridad responsable, y las recabadas por este juzgado federal, se advierte, en primer término, que el acto reclamado en este juicio de amparo, en esencia, lo constituye la omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto del incidente de falta de personalidad planteado por la demandada en la audiencia de ley del juicio laboral D-218/2015, por lo que la tramitación de ese sumario se encuentra paralizada desde el catorce de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, se evidencia que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el tribunal responsable destacó que en razón de que en la audiencia de ley de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se reservó el acuerdo relativo a la incidencia de falta de personalidad propuesta por la parte demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, procedía a señalar las trece horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la referida audiencia incidental (foja 132). Atento a lo expuesto, es dable concluir, que los efectos del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados como si se hubiere concedido el amparo y protección federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. Se afirma lo anterior, pues el sumario laboral dejó de estar paralizado y se dictó el acuerdo que se había reservado desde la audiencia de ley; que son precisamente las violaciones de las que se dolía la peticionaria de garantías; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página: 210, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia VI.2o. J/339 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Página: 70, del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, ya que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija, cuando sea de carácter negativo, lo que en el caso ocurre, pues la abstención reclamada ha cesado con el acto desplegado por la responsable, porque el sumario laboral dejó de estar paralizado y se dictó el acuerdo que se había reservado desde la audiencia de ley; que son precisamente las violaciones de las que se dolía la peticionaria de garantías; por lo que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del acto ante citado y por los motivos aludidos. Cabe destacar que la suscrita secretaria encargada del despacho se encuentra impedida para estudiar la legalidad de las actuaciones emitidas por la responsable, pues al realizarlo estudiaría un acto que no fue reclamado, lo que rompería los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; en efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral deben estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas, fue abandonado conforme a la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". El sobreseimiento decretado imposibilita entrar al estudio y análisis de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme, como así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia número 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo VI, de 1917 a 1995, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita secretaria encargada del despacho, que la peticionaria solicita a este juzgado federal que se dé vista a la representación social adscrita con las actuaciones de los juicios de amparo 1287/2016, 1957/2016, y 428/2017, pues la impetrante aduce que la conducta del tribunal responsable pudiera actualizar la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo (foja 4); sin embargo, a consideración de quien esto resuelve, no es el caso de acatar la obligación impuesta en el segundo párrafo del numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando expeditos sus derechos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1857/2017, promovido por Blanca Torres Díaz, en contra del acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resuelve y firma la licenciada Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones del Titular, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgada en sesión celebrada el cinco de diciembre dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/6440/2017 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión; hasta hoy cinco de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado ante la Secretaria Ana Laura Gutiérrez Sauza, quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador adscrito. Conste. CON LA REFERIDA DATA, LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CERTIFICA: QUE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO NO EXISTE OPOSICIÓN DE LAS PARTES PARA LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA CON SUS DATOS PERSONALES; EN CONSECUENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y EL ACUERDO 76/2003 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 19 Y TERCERO TRANSITORIO DEL DIVERSO ACUERDO GENERAL 30/2003 DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO, SE ORDENA REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA SIN SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS PARTES. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención que por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado que le fueron solicitadas el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 63); por tanto, se tiene que se encuentra transcurriendo el término para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida de las referidas constancias, a fin de que manifiesten si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con dieciocho minutos del veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado, visto su contenido, téngasele remitiendo copias certificadas derivadas del expediente laboral D-218/2015, mismas que forman parte del informe justificado recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 57 a 61). Por lo que, dese vista a las partes con dichas constancias, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Finalmente, atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Notifíquese.

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