Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos

Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 34/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad judicial responsable: a). Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 02/2020 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, en la que lo haga en su calidad de titular de ese juzgado y, en caso de que éste se encuentre a cargo de diversa persona, ésta emita el nuevo acto expresando el carácter con que lo suscribe y cite los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorguen facultades para emitirla y las razones que le permitan actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. (.)" Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1529 el Juez Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que tuvo a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, ratificando el convenio que presentaron ante el juzgado responsable el treinta de abril pasado, relativo a la guarda, custodia, convivencia y alimentos de sus dos menores hijos, los alimentos propios de las partes, se repartieron los bienes que indicaron y solicitaron su divorcio voluntario. Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia de divorcio de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que aprobó el convenio celebrado entre las partes, al haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Civil para el Estado de Veracruz y no encontrar ninguna norma jurídica violentada. En consecuencia, de conformidad con los artículos 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, lo elevó a categoría de cosa juzgada, como si fuera sentencia ejecutoria, ordenándoles su debido cumplimiento, dejándose a salvo sus derechos para que lo ejecuten en caso contrario, así como dejando expeditos sus derechos para modificarlo en caso de las circunstancias que imperaron al momento de su elaboración cambien, con fundamento con el artículo 58, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, decretando su divorcio, del mismo modo, declaro terminada la sociedad conyugal en términos del artículo 185 del código civil para el estado de Veracruz. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el titular del juzgado Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y, en caso de que éste se encontrara a cargo de diversa persona, emitiera una nueva resolución expresando el carácter con que lo suscribía y citara los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorgara facultades para emitirla y las razones que le permitieran actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, llegaron a un convenio conciliatorio, que se elevó a categoría de cosa juzgada, concluyendo el juicio de origen; por tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por las autoridades responsables 2. Juez y 1. Secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial XVIII de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad judicial responsable: a). Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 02/2020 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, en la que lo haga en su calidad de titular de ese juzgado y, en caso de que éste se encuentre a cargo de diversa persona, ésta emita el nuevo acto expresando el carácter con que lo suscribe y cite los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorguen facultades para emitirla y las razones que le permitan actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. (.)" Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1529 el Juez Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que tuvo a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, ratificando el convenio que presentaron ante el juzgado responsable el treinta de abril pasado, relativo a la guarda, custodia, convivencia y alimentos de sus dos menores hijos, los alimentos propios de las partes, se repartieron los bienes que indicaron y solicitaron su divorcio voluntario. Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia de divorcio de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que aprobó el convenio celebrado entre las partes, al haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Civil para el Estado de Veracruz y no encontrar ninguna norma jurídica violentada. En consecuencia, de conformidad con los artículos 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, lo elevó a categoría de cosa juzgada, como si fuera sentencia ejecutoria, ordenándoles su debido cumplimiento, dejándose a salvo sus derechos para que lo ejecuten en caso contrario, así como dejando expeditos sus derechos para modificarlo en caso de las circunstancias que imperaron al momento de su elaboración cambien, con fundamento con el artículo 58, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, decretando su divorcio, del mismo modo, declaro terminada la sociedad conyugal en términos del artículo 185 del código civil para el estado de Veracruz. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el titular del juzgado Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y, en caso de que éste se encontrara a cargo de diversa persona, emitiera una nueva resolución expresando el carácter con que lo suscribía y citara los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorgara facultades para emitirla y las razones que le permitieran actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, llegaron a un convenio conciliatorio, que se elevó a categoría de cosa juzgada, concluyendo el juicio de origen; por tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por las autoridades responsables 2. Juez y 1. Secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial XVIII de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad judicial responsable: a). Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 02/2020 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, en la que lo haga en su calidad de titular de ese juzgado y, en caso de que éste se encuentre a cargo de diversa persona, ésta emita el nuevo acto expresando el carácter con que lo suscribe y cite los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorguen facultades para emitirla y las razones que le permitan actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. (.)" Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1529 el Juez Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que tuvo a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, ratificando el convenio que presentaron ante el juzgado responsable el treinta de abril pasado, relativo a la guarda, custodia, convivencia y alimentos de sus dos menores hijos, los alimentos propios de las partes, se repartieron los bienes que indicaron y solicitaron su divorcio voluntario. Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia de divorcio de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que aprobó el convenio celebrado entre las partes, al haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Civil para el Estado de Veracruz y no encontrar ninguna norma jurídica violentada. En consecuencia, de conformidad con los artículos 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, lo elevó a categoría de cosa juzgada, como si fuera sentencia ejecutoria, ordenándoles su debido cumplimiento, dejándose a salvo sus derechos para que lo ejecuten en caso contrario, así como dejando expeditos sus derechos para modificarlo en caso de las circunstancias que imperaron al momento de su elaboración cambien, con fundamento con el artículo 58, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, decretando su divorcio, del mismo modo, declaro terminada la sociedad conyugal en términos del artículo 185 del código civil para el estado de Veracruz. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el titular del juzgado Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y, en caso de que éste se encontrara a cargo de diversa persona, emitiera una nueva resolución expresando el carácter con que lo suscribía y citara los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorgara facultades para emitirla y las razones que le permitieran actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, llegaron a un convenio conciliatorio, que se elevó a categoría de cosa juzgada, concluyendo el juicio de origen; por tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por las autoridades responsables 2. Juez y 1. Secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial XVIII de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de trece de julio de dos mil veintiuno, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad judicial responsable: a). Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil 02/2020 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, en la que lo haga en su calidad de titular de ese juzgado y, en caso de que éste se encuentre a cargo de diversa persona, ésta emita el nuevo acto expresando el carácter con que lo suscribe y cite los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorguen facultades para emitirla y las razones que le permitan actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. (.)" Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1529 el Juez Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que tuvo a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, ratificando el convenio que presentaron ante el juzgado responsable el treinta de abril pasado, relativo a la guarda, custodia, convivencia y alimentos de sus dos menores hijos, los alimentos propios de las partes, se repartieron los bienes que indicaron y solicitaron su divorcio voluntario. Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia de divorcio de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que aprobó el convenio celebrado entre las partes, al haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Civil para el Estado de Veracruz y no encontrar ninguna norma jurídica violentada. En consecuencia, de conformidad con los artículos 2877, 2878 y 2886 del Código Civil del Estado, lo elevó a categoría de cosa juzgada, como si fuera sentencia ejecutoria, ordenándoles su debido cumplimiento, dejándose a salvo sus derechos para que lo ejecuten en caso contrario, así como dejando expeditos sus derechos para modificarlo en caso de las circunstancias que imperaron al momento de su elaboración cambien, con fundamento con el artículo 58, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, declaró disuelto el vínculo matrimonial que une a Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, decretando su divorcio, del mismo modo, declaro terminada la sociedad conyugal en términos del artículo 185 del código civil para el estado de Veracruz. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versaban en que el titular del juzgado Cuarto de Primera Instancias del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz y, en caso de que éste se encontrara a cargo de diversa persona, emitiera una nueva resolución expresando el carácter con que lo suscribía y citara los dispositivos, acuerdos o decretos que le otorgara facultades para emitirla y las razones que le permitieran actuar en tal sentido, en caso de ausencia accidental, temporal o por vacaciones del titular. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Cesar Ivan Arrazola Carrera y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, llegaron a un convenio conciliatorio, que se elevó a categoría de cosa juzgada, concluyendo el juicio de origen; por tanto, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio al aquí impetrante de garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por las autoridades responsables 2. Juez y 1. Secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial XVIII de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz; en atención a su contenido, estese a lo acordado en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvieron por recibidas las constancias que refiere y se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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