Blanca Selene Corzo Gamboa y Otros.
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Blanca Selene Corzo Gamboa y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de ratificación de ***, de veinticinco de mayo del año en curso, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de mayo del actual, de la que se desprende que ratificó la firma que calza el escrito de desahogo de prevención recibido por la Oficialía de Partes de este Juzgado, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; por lo que en atención a ello se provee. Vista la demanda de amparo promovida por la quejosa de referencia, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero para la Atención de Delitos Graves en el Estado, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. 2. Juez Segundo para la Atención de Delitos Graves en el Estado, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. 3. Juez de Control y Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas. 4. Juez de Control y Enjuiciamiento de Cintalapa, Chiapas. 5. Juez Primero de Procesos Penales Federales en el Estado. 6. Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado. 7. Fiscalía de Distrito Frailesca, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Villaflores, Chiapas. 8. Director General de la Policía Especializada de la Fiscalía General en el Estado y elementos a su mando. 9. Comandante Regional de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con sede en Villaflores, Chiapas, y elementos a su mando. 10. Director de la Policía Federal de la Fiscalía General de la República y elementos a su mando. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En la especie, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la inejercitabilidad de la acción constitucional, ya que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis del escrito de demanda, se advierte que ésta carece de la firma autógrafa original de la solicitante en mención, pues sólo se aprecia en copia simple, de ahí que, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, es pertinente transcribir los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. La firma, es la manifestación de la voluntad por excelencia, que hace patente la intención del justiciable de instaurar un procedimiento, al ser una de las formas de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En efecto, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por la parte interesada, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa. Así, la falta de la firma autógrafa original tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviada a quien no firmó. Por tanto, si la demanda de amparo no contiene firma autógrafa en original por quien aparece como promovente, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo, toda vez que si la Constitución Federal establece que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y el artículo conducente de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, refiere que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por la parte agraviada, por su representante legal o por su defensor, por lo que al carecer de firma autógrafa en original la demanda, es claro que el promovente no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora bien, si la parte que considera que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales, promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de la firma autógrafa en original, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Por ello, tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de la parte agraviada de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, por lo que tiene que concluirse que si la demanda fue presentada sin firma autógrafa en original, situación que como se dijo, no se presupone el interés de la agraviada de motivar al órgano jurisdiccional. En el caso particular, se destaca que la demanda de amparo no contiene firma autógrafa "original" de ***, ya que en la última hoja del escrito relativo aparece el nombre y firma de la promovente, pero reproducido en copia simple; lo cual no puede considerarse como la expresión de la voluntad necesaria para la tramitación del presente juicio de amparo, al ser un documento que por su naturaleza es fácil de confeccionar. Por tanto, si el escrito mediante el cual se promueve la demanda de amparo no ostenta firma autógrafa original, es claro que no puede tenerse por legalmente promovida dicha demanda. Sin que se trate de alguna irregularidad de las previstas por el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal, susceptible de ser subsanado. Es aplicable al presente caso, la tesis , emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA." Asimismo, por identidad de razón, la jurisprudencia , emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual refiere: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que pase inadvertido lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J.32/2011 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Del criterio que antecede se desprende que los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, y si en el caso de recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. Ello, pues se traduce en una omisión del servidor público de asentar como observación que la promoción no cuenta con firma autógrafa de la persona que la suscribe, y como consecuencia, trae consigo la presunción de que se exhibió con la firma original. No obstante, en el caso particular no se actualiza la omisión de que trata el criterio de jurisprudencia que antecede; es decir, que un servidor público, específicamente, el oficial de partes, no haya analizado y, en su caso, asentado que el escrito de demanda que nos ocupa carece de firma original. Lo anterior es así, en virtud de que la demanda de amparo en análisis fue presentada mediante buzón judicial, y no directamente ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa. Debe decirse, que en términos del artículo 11 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al depositarse las promociones en el buzón judicial, sin que un servidor público verifique los elementos que las mismas deben reunir al presentarse ante los órganos jurisdiccionales, es responsabilidad exclusiva de los promoventes, entre otras, que los escritos que depositen se encuentren debidamente firmados, así como también, cumplir con los requisitos que la propia Ley de Amparo exige para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada. Tan es así que el propio sello de que disponen los promoventes como constancia de depósito anuncia "validez de sello sujeto a revisión de documentos". Consecuentemente, no es jurídicamente atribuible a los servidores públicos que participan en las oficialías de correspondencia común de esta sede judicial, la irregularidad con que cuenta el escrito de demanda de amparo de ***, para así generar la presunción de que se presentó en original y con la referida signatura. Por tanto, recae en el individuo que depositó el escrito que nos ocupa la irregularidad de haberlo presentado sin firma original. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al no advertirse la firma autógrafa original de la promovente en el libelo constitucional. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como ***. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente y advertida de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad, manifieste si ratifica o no la firma que calza en el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 3a. 24 , emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro a la letra se transcribe: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 6 del Acuerdo General 21/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención presencial a los justiciables, se fijan las catorce horas del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la diligencia en comento. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que para tal efecto, se ha creado un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional el día y la hora precisados, mismo que será entregado por conducto del actuario en caso de ser notificada de manera personal, sin perjuicio de que para el supuesto en que sea notificada por medio de aviso, citatorio o por lista, el referido Código se dejará en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que cuando acuda a la cita puedan ingresar. Asimismo, infórmesele que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, autorizado en términos amplios de la quejosa ***, con el cual señala correo electrónico y números telefónicos de la autoridad responsable 2. Instituto de Salud, con sede en esta ciudad, para el efecto de que por esos medios se le realicen las notificaciones respectivas, y así rinda con oportunidad su respectivo informe justificado. En atención a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, puesto que en términos de lo dispuesto por el oficio DG/SAJ/DCA/5003/2841/2021, signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso Administrativo del Instituto de Salud, se dio a conocer que, en virtud del oficio circular SH/CGRH/0011/2021, de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, se prolongará la suspensión de labores no esenciales, al catorce de mayo de dos mil veintiuno, reanudándose actividades el diecisiete de mayo de la presente anualidad, por el que, reiteró la imposibilidad de realizar cualquier mandamiento de Autoridad Federal respecto a la notificación o cumplimiento de solicitudes relacionadas con asuntos Penales, juicios Civiles o mercantiles, del fuero común o federal. Además, de que del estado de autos se observa que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable 2. Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos, rindiendo su respectivo informe justificado. Notifíquese.
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