Blanca Rosa Nieves Piña

Expediente 70/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
70/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Blanca Rosa Nieves Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el escrito presentado por la parte quejosa en el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo anterior téngase por señalado como domicilio el que indica.

  2. Principal

    Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente expediente.

  3. Principal

    Visto el oficio relativo a la autoridad Secretario de Finanzas y Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, ambos del Municipio de Querétaro, mediante el cual dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remiten las constancias que acreditan tal circunstancia. En consecuencia, con el oficio de cuenta y anexos al mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 649/2016, en el que se resolvió: "(.) PRIMERO. QUEDA FIRME CONCESIÓN DEL AMPARO, a la quejosa xxx, para los efectos precisados en el considerando octavo, reflejados en el punto resolutivo segundo de la sentencia recurrida, respecto de los artículos 90 a 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; que prevén el Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, que reclama a la Secretaría de Finanzas, Director de Impuestos y Ayuntamiento, todos del Municipio de Querétaro. SEGUNDO. En la materia de la revisión se REVOCA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PORTEGE a la quejosa xxx, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Querétaro, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 20, 23 y 25, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, vigente hasta el 2 de diciembre de 2008, relativos al Impuesto sobre Traslado de Dominio y para los efectos precisados en los puntos 1 y 2, situados en la penúltima parte del considerando último de la presente ejecutoria. (.)". En consecuencia, acúsese recibo; intégrese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. REQUERIMIENTO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, en lo que a su esfera competencial corresponde, concretamente se le pide: I. Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en su texto vigente, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia., respecto del Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales. II. Se ordene al Municipio de Querétaro realice la devolución del importe pagado por concepto de Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, consignado en el recibo oficial Z-3877382, con número de operación 771470852016. III. No se apliquen en su perjuicio los artículos 20, 23 y 25 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente hasta el dos de diciembre de dos mil ocho, esto es, ni en el presente ni en el futuro. IV. El Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro deberá reintegrar a la parte quejosa la cantidad total enterada en aplicación del impuesto sobre traslado de dominio, pues la concesión del amparo contra una Ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, lo que implica la devolución de la cantidad que por ese concepto, recargos y actualizaciones pagó el contribuyente, reflejado en el recibo de pago electrónico con folio xxx y número de operación xxx, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, expedido a nombre de la quejosa aquí recurrente, con motivo del impuesto sobre traslado de dominio, por la cantidad total de doce mil cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional. JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Con relación al plazo concedido, se precisa que es el que se estima prudente para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debido a la realización de varios trámites administrativos con esa finalidad, como en el caso lo constituyen la emisión de títulos de crédito o realización de depósitos bancarios; además, se suma el hecho de que constituye un hecho notorio para este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que existe un número elevado de juicios de amparo en donde tienen intervención las autoridades indicadas, precisamente para dar cumplimiento a sentencias concesorias, todo lo cual permite colegir que por la excesiva carga de trabajo es dable concederles el plazo a que se ha hecho alusión; la ampliación del plazo está permitida a este juzgado en ejercicio de la facultad discrecional que establece el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESERVA DE VINCULAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En el presente caso ha de reservarse el requerimiento que se debe realizar al superior jerárquico de la autoridad antes mencionada, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuya teleología descansa en vencer la renuencia de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de aquélla autoridad que por razón de sus funciones tenga una injerencia directa en su materialización. Sin embargo, la justificación de esta determinación radica en la interacción constante con las autoridades requeridas por causa de la cercanía en el trato dentro de un círculo habitual de relaciones incluso como terceros cuya intervención se hace necesaria en determinados procedimientos y que llevan a la certeza de su presteza en el cumplimiento de los requerimientos que se les han hecho, cuyo conocimiento bien encuadra en el concepto de hecho notorio dado por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que motiva la reserva antes apuntada, aunado a que en caso de una inusitada contumacia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su superior no quedaría exento de la obligación que estatuye a su cargo el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues esta determinación no constituye ninguna dispensa, menos aun cuando está de por medio la ejecución de una sentencia que en sí es de orden público y que adquiere mayor relevancia cuando está de por medio el restablecimiento de una persona en el goce de sus derechos humanos. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a ochenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las nuevas disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone en relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquél funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el reintegro de la cantidad que deberá efectuar, puede ser a través de cheque que será expedido a nombre de la parte quejosa, el cual podrá ser entregado a su autorizado en términos amplios; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida y remitir a la brevedad las constancias con las que acredite el cumplimiento total correspondiente, entre ellas, la copia del título de crédito que, en su caso, extienda a favor de la parte quejosa; por tanto, deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. En ese orden de ideas, hágase saber a la parte agraviada que, con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de sentencia, se encuentra en aptitud de solicitar ante este tribunal que el reintegro de la cantidad que le debe ser devuelta con motivo del fallo protector, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito elevar expresamente su petición, y bajo protesta de decir verdad y acompañando además el documento que lo avale, proporcionar su clave interbancaria, la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente; en el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este tribunal se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo vigente, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. Notifíquese.

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