Blanca Rosa Fuentes López
Expediente 1008/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Blanca Rosa Fuentes López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio de dos de septiembre de dos mil veintidós; e (iii) informe justificado. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable y la parte quejosa, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en la Ley de Amparo, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1008/2022, promovido por *******. El problema jurídico concreto analizado en este fallo es el determinar si los razonamientos dados por la autoridad responsable para desechar el recurso de queja promovida por la quejosa en auto de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa titular de la Séptima Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en el expediente 4642/19-15-01-2, se encuentran ajustados a derechos. ANTECEDENTES En el juicio de nulidad 4642/19-15-01-2, se resolvieron favorablemente las pretensiones de ************** y se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada que recayó a la solicitud de diez de julio de dos mil diecinueve, presentada ante la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Una vez declarada ejecutoriada la sentencia, el uno de julio de dos mil veintidós, ante el incumplimiento de la sentencia definitiva, los magistrados de la Sala responsable, de oficio, iniciaron el procedimiento previsto por el numeral 58, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, se requirió al encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal de Oaxaca para que, en término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia, apercibiéndola que de no ser así, le impondría como medida de apremio, una multa trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Posteriormente, el ocho de julio de dos mil veintidós, la Sala regional declara improcedente el trámite de queja interpuesta por la aquí quejosa, en razón que el mismo, ya había sido iniciado el uno de julio anterior. Acto que constituye la materia del presente juicio constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, **************, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde quedó registrada con el número 1008/2022 y fue admitida el dos de septiembre de dos mil veintidós. La audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que anteceden. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una resolución dictada por los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, este juzgador advierte que la intención de la parte quejosa es reclamar de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste, con residencia en Oaxaca de Juárez, lo siguiente: La determinación de ocho de julio de dos mil veintidós emitida en el expediente 4642/19-15-01-2, de su índice, por el que se desechó el recurso de queja intentado por la impetrante. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Sala responsable, quedó acreditada a partir de su informe justificado. En este informe, la Presidenta de la Sala responsable aceptó el dictado del acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós. Informe que se encuentra corroborado con las constancias remitidas, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. LEGITIMACIÓN *************, se encuentra legitimada para promover este juicio constitucional por conducto de su representante, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que es la parte actora en el juicio de nulidad 4642/19-15-01-2; por tanto, tiene legitimación para promover el presente medio extraordinario de defensa. PROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Luego, se advierte que se ha actualizado, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." De dicha transcripción se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la ilegalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En la causal que se invoca, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en estudio, pues como se precisó el acto que se reclama en el presente juicio se hace consistir en el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 4642/19-15-01-2, del índice de la Sala responsable, estimó desechar el recurso de queja propuesto por la parte quejosa, con motivo de que la propia Sala, de oficio, había iniciado el trámite de dicha instancia, ante el incumplimiento de la sentencia dictada en ese asunto, y requirió al encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal de Oaxaca para que, en término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia, apercibiéndola que de no ser así, le impondría como medida de apremio, una multa trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Circunstancia que se corrobora, con la copia certificada del auto de uno de julio de dos mil veintidós, así como con la de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que se advierte que la Sala Regional, ante el incumplimiento de la demandada, le impuso la medida de apremio establecida, requirió de nuevo el cumplimiento, y apercibió de nueva cuenta con otra multa. Es decir, no obstante que subsiste la determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad 4642/19-15-01-2, del índice de la responsable, la misma no puede producir efectos legales al haber dejado de existir la materia del mismo (inicio del procedimiento de queja ante el incumplimiento de la sentencia); el cual, como se indicó, recientemente se requirió a la perdidosa para que cumpla con la sentencia con apercibimiento de multa, en caso de omisión, de ahí que la petición de la quejosa, ya haya sido colmada. Por tanto, no existe motivo para resolver el fondo del asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de la materia del acto reclamado que se impugna. En consecuencia, lo procedente será sobreseer en este juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro digital 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo expuesto, fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ***************, contra el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste, por los motivos y razonamientos expuestos en el apartado "VII" de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad judicial responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, toda vez, a la fecha la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no ha rendido el informe justificado que se le solicitó el dos de septiembre de este año; petición de la cual quedó notificada, el veintidós del actual, por lo que el plazo de quince días concedido para que rinda el referido informe transcurrirá del veintitrés de septiembre al catorce de octubre del año en curso; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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