BLANCA ROSA FONTES MARTINEZ y Otros.
Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- BLANCA ROSA FONTES MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra el auto dictado el nueve de abril de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y las constancias que obran en el expediente, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente: La omisión de dictar la resolución en el expediente 1197/2010 (4)bis. Ahora, de las constancias que remite el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de abril de dos mil veintiuno, se dictó el laudo en el laboral 1197/2010(4)bis; lo que tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la demanda (once de marzo de dos mil veintiuno). Bajo ese contexto se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque con la emisión del laudo cuya omisión se reclamó, se destruyeron los efectos del acto combatido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del doce de abril del año en curso. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALENTE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y las constancias que obran en el expediente, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente: La omisión de dictar la resolución en el expediente 1197/2010 (4)bis. Ahora, de las constancias que remite el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de abril de dos mil veintiuno, se dictó el laudo en el laboral 1197/2010(4)bis; lo que tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la demanda (once de marzo de dos mil veintiuno). Bajo ese contexto se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque con la emisión del laudo cuya omisión se reclamó, se destruyeron los efectos del acto combatido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del doce de abril del año en curso. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo número 206/2018; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 264/2019 de su índice, interpuesto contra la sentencia que por una parte sobreseyó el presente juicio, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; ténganse por recibidos los autos y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, para los efectos legales consiguientes, hágase del conocimiento de las partes que la superioridad, revocó la sentencia impugnada y al efecto sobreseyó el presente asunto. Ahora, a fin de no duplicar las actuaciones en este juicio, no ha lugar a glosar las copias deducidas del presente expediente, con fundamento en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a su destrucción. Por lo que únicamente, agréguense las actuaciones originales a partir de la remisión del expediente para la substanciación del recurso de revisión. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto, este juzgado, por una parte, sobreseyó y por otra parte concedió el amparo a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
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