Blanca Rosa Fernández Ahumada

Expediente 350/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
350/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Blanca Rosa Fernández Ahumada
  • Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósense a los autos los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte siete facturas con número de folio 915, 890, 498, 475, 465, 112 y 034, respectivamente, así como diversas constancias y acuses de autos, que exhibió en originales con su escrito inicial de demanda y que obran a fojas 37 a 53 del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el párrafo 3°, del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contados a partir de aquél en que quede legalmente notificada del presente proveído, comparezca personalmente ante este órgano de control constitucional a recoger el citado documento que en original exhibió en este juicio de amparo. Se apercibe a la indicada quejosa que de no cumplir con lo requerido en el plazo concedido para tal efecto, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósense a los autos los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte siete facturas con número de folio 915, 890, 498, 475, 465, 112 y 034, respectivamente, así como diversas constancias y acuses de autos, que exhibió en originales con su escrito inicial de demanda y que obran a fojas 37 a 53 del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el párrafo 3°, del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contados a partir de aquél en que quede legalmente notificada del presente proveído, comparezca personalmente ante este órgano de control constitucional a recoger el citado documento que en original exhibió en este juicio de amparo. Se apercibe a la indicada quejosa que de no cumplir con lo requerido en el plazo concedido para tal efecto, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Blanca Rosa Fernández Ahumada, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio, por los motivos y razones expuestos en el considerando tercero de esta determinación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil quince. Vista de la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de la autoridad que indicó como responsable, Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio, ha transcurrido y dado que a la fecha no ha desahogado el citado requerimiento, en consecuencia, como se precisó en proveído de diez de junio del presente año, se hace efectivo dicho apercibimiento y por ende se le deja de tener con el carácter de autoridad responsable. En vista de lo anterior así como de los autos que integran el presente juicio de amparo, de los cuales se advierte que la parte quejosa Blanca Rosa Fernández Ahumada ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables La incorrecta integración de la carpeta de investigación FED/PUE/PLB/0000049/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio, toda vez que la autoridad señalada como responsable, omitió integrar el exhorto VIII-029/2015, en donde el impetrante acreditó la propiedad del camión tipo pipa, modelo 1985, con cabina marca International, modelo 2003, color blanco, con motor diesel marca Detroit 350, con número de serie 06R-0076481, chasis modelo 1985; así como la negativa de la responsable de recibir el escrito presentado por la ahora quejosa, mediante el cual solicitó se le tuviera deduciendo los derechos de propiedad sobre el referido vehículo automotor. Ahora, con lo anterior y en vista de que en párrafos precedentes se dejó de tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio, se llega a la conclusión de que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, en virtud de que, ante la inexistencia de dicha autoridad, es evidente que no existen los actos reclamados, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Dentro de la tramitación del presente juicio de garantías, la quejosa Blanca Rosa Fernández Ahumada, no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar la inexistencia de la autoridad responsable y, por tanto, la inexistencia de los actos reclamados. Ahora, es necesario precisar que al respecto el párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, establece "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y En consecuencia, dada la inexistencia de la autoridad responsable y como consiguiente de los actos reclamados que se le atribuyen, en la especie se configura la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, al tenor de lo dispuesto por el dispositivo legal invocado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento [inexistencia de acto], resulta preferente a cualquier causal de improcedencia [artículo 61 de la Ley de Amparo], pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; y, estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte quejosa se duele de la incorrecta integración de la carpeta de investigación FED/PUE/PLB/0000049/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio, al haber omitido integrar el exhorto VIII-029/2015, en donde el impetrante acreditó la propiedad del camión tipo pipa, modelo 1985, con cabina marca International, modelo 2003, color blanco, con motor diesel marca Detroit 350, con número de serie #06R-0076481, chasis modelo 1985; así como la negativa de la responsable de recibir el escrito presentado por la ahora quejosa, mediante el cual solicitó se le tuviera deduciendo los derechos de propiedad sobre el referido vehículo automotor, emitida por la autoridad señalada como responsable, y ésta no existe, por tanto, es por demás claro que la parte quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá probar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo [sobreseimiento por inexistencia de acto]. Por tanto, se dejan sin efecto las once horas con veinticinco minutos del tres de julio de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento [al igual que las de improcedencia], es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, no puede probar la existencia de un acto inexistente, por ende, el resultado del fallo, siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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