Blanca Rocío Zúñiga Barreto

Expediente 1614/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1614/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Blanca Rocío Zúñiga Barreto

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director del Hospital General de la Zona número 89 de la Delegación Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, del índice de este órgano, ordenándola registrar bajo número 508/2022, de lo que se toma nota.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Parte quejosa realiza manifestaciones. Téngase por recibido el escrito signado por Gabriel Fernando Delgadillo Becerra, autorizado en amplios términos de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en autos, y al respecto hace manifestaciones en torno al actuar de las autoridades responsables respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual se provee a continuación: Estado de autos. Ahora bien, del análisis del sumario, se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "SEXTO. Efectos del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, las autoridades responsables -dentro del ámbito de sus atribuciones- deberán: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el decreto 28439/LXII/21, en específico los artículos 33, 39, 70, 153, fracciones XIX y XX, y cuarto y quinto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como el contenido de los artículos transitorios del propio Decreto. El efecto de la protección constitucional implica que ninguna autoridad disminuya en lo futuro el monto de la pensión de la parte quejosa obtenida conforme a una disposición anterior, en aplicación de los preceptos señalados (.) Se estima necesario precisar que conforme al principio de relatividad de las sentencias consagrado en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos, los efectos de la presente sentencia aplican únicamente a la parte quejosa." Así las cosas, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se recibió el comunicado de la apoderada general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que a la fecha de la emisión de dicho oficio, no se han aplicado en el monto de pensión del impetrante los artículos 33, 39, 70, 153, fracciones XIX y XX, y cuarto y quinto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como el contenido de los artículos transitorios del propio Decreto; y refiere la abstención de aplicar en el presente y en un futuro en perjuicio del quejoso los efectos y consecuencias de los preceptos por los cuales se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a lo actuado en autos. Del escrito que ahora se acuerda, la parte quejosa realiza manifestaciones tendentes a evidenciar que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues no es suficiente que la responsable informe que no se le han aplicado las normas declaradas inconstitucionales, además, que ninguna autoridad disminuya en lo futuro el monto de la pensión de la parte quejosa obtenida, ello únicamente a la parte aquí quejosa. Y toda vez que el efecto de la protección constitucional ejecutoria de amparo implica que ninguna autoridad disminuya en lo futuro el monto de la pensión de la parte quejosa obtenida. Entonces, para cumplir con la sentencia amparadora la responsable deberá emitir un acuerdo, declaratoria o determinación en la que especifique dicha circunstancia, esto es, se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el decreto 28439/LXII/21, en específico los artículos 33, 39, 70, 153, fracciones XIX y XX, y cuarto y quinto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como el contenido de los artículos transitorios del propio Decreto. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de quien ahora acuerda que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es, del acuerdo, declaratoria o determinación en la que especifique dicha circunstancia acatando la sentencia amparadora. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por el Secretario Carlos Alberto Galván Gutiérrez, que autoriza y da fe. NCM/CAGG/hmre

  3. Principal

    Téngase por recibido el comunicado MFE/2241/2022, que signa la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del acta de notificación a la parte actora del acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, así como las diversas a la actora y demandada del acuerdo de veinte de julio del año en curso y del proveído de cinco de agosto de la anualidad que transcurre, ello dentro del juicio laboral 649/2010-F1; por lo tanto, se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, debe realizar los actos siguientes: "Realice las gestiones acordes a la etapa en la que se encuentra, a fin de ejecutar el laudo dictado en el juicio natural, ello en términos de los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En la inteligencia que, no obstante los lineamientos establecidos en esta ejecutoria de amparo, el tribunal responsable deberá continuar de oficio con la etapa de ejecución hasta su conclusión; ello, pues en caso de su inobservancia podría traer como consecuencia la imposición de diversos medios de apremio y/o sanciones". Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que demuestre las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su caso las constancias con las que se acredite las gestiones encaminadas a dar cumplimiento al laudo pronunciado en el juicio laboral de origen. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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