Blanca Ponciano Heredia
Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Blanca Ponciano Heredia
- Martha Ponciano Heredia
Actuaciones
- Principal
. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California, a través del cual comunica que mediante acuerdo de veintiséis de noviembre del presente año, dictado en el juicio amparo 1357/2019-III de su índice; ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Martha Ponciano Heredia y otros. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiuno de noviembre del año en curso: Agréguese el escrito que firma la quejosa Rosalba Rosales Medina, mediante el cual en cumplimiento al segundo punto de la prevención de doce de noviembre del presente año, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el municipio donde desempeña sus labores es Rosarito, Baja California. Asimismo, téngase por recibido el diverso escrito que firma Martha Ponciano Heredia, en su carácter de quejosa y representante común de los mismos, mediante el cual en atención al primer punto de la prevención citada con antelación refiere que la quejosa se desiste de la autoridad responsable Fiscalía General de la República; en atención a su escrito, no se tiene como autoridad responsable en el presente juicio a la Fiscalía General de la República. Incompetencia Ahora, atento a lo anterior, y la demanda de amparo presentada, es posible advertir que, en el caso, la acción de amparo se entabla en contra del proceso legislativo que derivó en la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del año en curso, que inició su vigencia el uno de octubre de la anualidad; cuerpo legal que se reclama por su sola entrada en vigor (último párrafo de la foja 10 del escrito de demanda), es decir, en su carácter de norma autoaplicativa. Además, se reclama la aplicación y ejecución de las disposiciones que lo integran. Pues bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que la misma debe ser prevenida por el juzgador que resida en el lugar donde habrá de acatarse o aplicarse el cuerpo de la legislación que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo especifica las reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito indica la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación: 1. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; 2. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, 3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor (autoaplicativas), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 324, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, por una parte, los quejosos manifiestan bajo protesta de decir verdad estar desempeñando o haberse desempeñado como maestros; docentes, inspector de zona, director y/o personal de apoyo a la educación, adscritos a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Por otro lado, junto con la demanda se exhiben los siguientes documentos: Martha Ponciano Heredia: -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). Blanca Ponciano Heredia: -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). María Teresa Handall Mondragón: -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Copia de la credencial de trabajo expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). Sonia Licon Ramírez: -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Copia de la credencial de trabajo expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). Yolanda Ochoa Quintero: -En original carta de trabajo expedida por la Jefa del Departamento Municipal de Administración de Personal y Recursos Humanos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con sede en Tijuana. -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Copia de la credencial de trabajo expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. -Impresiones y originales de diversos talones de cheques expedidos por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y Secretaría de Planeación y Finanzas (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). Rosalba Rosales Medina: -En original carta de trabajo expedida por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Mexicali, Baja California). -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Instituto de Seguridad (expedidos en la ciudad de Rosarito, Baja California). Cabe destacar que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que actualmente desempeña sus labores en el municipio de Rosarito, Baja California. Lorena Araceli Aguirre Bueno: -En original carta de trabajo expedida por la Jefa del Departamento Municipal de Administración de Personal y Recursos Humanos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Originales de diversos talones de cheques expedidos por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y Secretaría de Planeación y Finanzas (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California). -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Damaris García Estrada: -En original carta de trabajo expedida por el Delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. -Copia simple de la Credencial para Votar Expedida Por el Instituto Nacional Electoral; (con domicilio en Tijuana, Baja California). -Copia de la credencial de trabajo expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. -Originales de diversos talones de cheques expedidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas (expedidos en la ciudad de Tijuana, Baja California).
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