Blanca Perla Ortiz Martinez

Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
943/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Blanca Perla Ortiz Martinez
  • Secretaría de Bienestar Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Secretario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite testimonio de la resolución dictada en sesión de veinticinco de marzo de la presente anualidad, dictada en el conflicto competencial C.C.A. 6/2021 de su índice donde resolvió, lo siguiente: "ÚNICO.- Es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en la presente resolución." Acúsese recibo de estilo correspondiente a la Superioridad. Consecuentemente, previa anotación que se haga en el libro de gobierno, se ordena archivar el asunto como concluido, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la destrucción del expediente que nos ocupa una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, que será a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno, en virtud de que el expediente en que se actúa al ser aquellos donde se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, además que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado electrónicamente por el actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo de los autos del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial registrado bajo el número C.C. 6/2021 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad de Juárez, por el que remite el expediente 83/2021 de su índice en un tomo, relativo al juicio de amparo 943/2020-IV del índice de este juzgado de Distrito, e informa que no acepta la competencia declinada para conocer del juicio promovido por ****, contra actos de la Secretaría de Bienestar Federal. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Pese a los razonamientos del oficiante, este juzgador no comparte su determinación. Se considera necesario señalar que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos; esto con el objeto de analizar posteriormente las características de la ejecución. La ejecución de los actos reclamados, se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas y cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar donde deba efectuarse dicha ejecución. Por tanto, si el acto reclamado posee una ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba realizarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La legislación establece como reglas de competencia para el juicio de amparo, las siguientes: Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. Es aplicable la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso interesa destacar el referente a la competencia por territorio, por tal motivo, se considera necesario puntualizar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, el órgano oficiante rechazó la competencia por considerar que se trata de actos omisivos que no requieren de ejecución material; sin embargo, las "omisiones" reclamadas radican esencialmente en la afectación que se causa en la salud de la parte quejosa, como persona vulnerable -en la demanda se señala que la quejosa es una persona con discapacidad permanente, consistente en parálisis cerebral infantil-, al no brindársele el apoyo económico que deriva del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Con base en lo anterior es dable concluir que si bien los actos se pretenden reclamar como "omisiones", lo cierto es que se trata de actos ejecutables y, por tanto, no existe causa legal por la cual la competencia territorial para resolver el juicio se surta a favor de este Juzgado, toda vez que su ejecución tuvo verificativo en Ciudad de Juárez, Chihuahua (fuera de la jurisdicción de este juzgado), por tanto basta con que un acto tenga ejecución para poder determinar la competencia por territorio; consecuentemente, se insiste en que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada I.15°.A.41 K sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo del dos mil once, página dos mil doscientos ochenta y ocho, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Motivo por el que no se considera aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, mayo de dos mil catorce, página 500, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAS DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", en la que apoya su determinación el juzgado oficiante, toda vez que establece que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, siempre que los actos reclamados no requieran ejecución material. De ahí que este juzgador reitera carecer de competencia legal por razón de territorio para resolver el asunto y corresponda su conocimiento al homólogo en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, dado que la ejecución de los actos se realiza en el citado estado. Tales elementos se consideran suficientes para determinar que de la demanda de amparo en cuestión deba conocer el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad de Juárez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial planteado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y continúese actuando en el cuaderno de antecedentes. Comuníquese el presente proveído al juzgado Federal oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado electrónicamente por la parte quejosa, mediante el cual pretende interponer recurso de inconformidad en contra el proveído dictado el tres de diciembre del año en curso. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/30/2020, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina reservar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, no se da ninguno de los supuestos para que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Dicha determinación busca, no solo observar el contenido de las circulares y de los acuerdos administrativos que obligan a este Juzgador, sino también velar por el respeto de los derechos procesales de las partes, dado que en el periodo de suspensión de labores que existe en este momento, no pueden correr los plazos y términos que prevé la normatividad de la materia para la tramitación del juicio de amparo y, en consecuencia, no se puede integrar debidamente el expediente en que se actúa. Notifíquese.

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