Blanca Patricia Hernandez Uicab

Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
451/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Blanca Patricia Hernandez Uicab

Actuaciones

  1. Principal

    El veintidós de mayo de mayo dos mil veintitrés, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. CONSTE. Mérida, Yucatán, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiocho de abril del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se advierte que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta. Ahora bien, se trae a colación que el acto que BLANCA PATRICIA HERNÁNDEZ UICAB, reclamó en su demanda de amparo, lo constituye la denegación de justicia consistente en la omisión de la Juez responsable de realizar las gestiones tendientes a la recepción y publicación del informe que deberá rendir la UNIDAD DE CAPITANIAS DE PUERTO Y DE ASUNTOS MARÍTIMOS (UNICAPAM), sobre los ingresos de LUIS FELIPE EK HUCHIM, como empleado de dicha institución. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la Juez responsable de realizar las gestiones tendientes a la recepción y publicación del informe que deberá rendir la UNIDAD DE CAPITANIAS DE PUERTO Y DE ASUNTOS MARÍTIMOS (UNICAPAM), sobre los ingresos de LUIS FELIPE EK HUCHIM, como empleado de dicha institución. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que desde fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se ordenó girar oficio a la Dirección de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, sin embargo, como el domicilio de dicha autoridad se encuentra fuera de este Estado, la responsable ordenó girar exhorto (22/2023) al Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Posteriormente, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la responsable dictó un proveído donde solicitó a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, a fin de que informe el trámite que se le ha dado al exhorto 22/2023, mismo que le fue remitido mediante oficio 543/2023, a fin de que le sea enviado a la UNIDAD DE CAPITANIAS DE PUERTO Y DE ASUNTOS MARÍTIMOS (UNICAPAM), el requerimiento realizado, consistente en el informe sobre los ingresos de LUIS FELIPE EK HUCHIM, como empleado de dicha institución. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un proveído en el que se pronunció respecto de las gestiones a fin de poder recepcionar los ingresos de LUIS FELIPE EK HUCHIM, como empleado de dicha institución, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de realizar las medidas oportunas a fin de realizar la recepción y publicación del informe que deberá rendir la UNIDAD DE CAPITANIAS DE PUERTO Y DE ASUNTOS MARÍTIMOS (UNICAPAM), sobre los ingresos de LUIS FELIPE EK HUCHIM, como empleado de dicha institución, en el expediente de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el auto treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y veinticinco de abril de dos mil veintitrés. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA III. Agréguese a los presentes autos el escrito de BLANCA PATRICIA HERNANDEZ UICAB, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintidós de los corrientes. Asimismo, vista la demanda de amparo promovida por BLANCA PATRICIA HERNANDEZ UICAB, contra actos que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, Yucatán; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica: por lo que se pone a su disposición de dirección oficial del correo electrónico institucional 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberán contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documental pública y presuncionales en su doble aspecto, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. ********************Visto el estado procesal que guardan los autos, y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; atento a lo anterior, esta Juzgadora procederá a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente:********************"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."********************En este sentido, el siete de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en este juicio en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los efectos siguientes: ****************************************.para el efecto de que el Gobernador Constitucional otorgue el auxilio de la fuerza pública decretado, en términos de lo solicitado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 891/2016, en donde es actor la aquí quejosa.****************************************En el entendido de que la Jueza responsable deberá brindar las facilidades y dictar las actuaciones que sean necesarias para que se esté en aptitud de desahogar la diligencia ordenada. ****************************************Asimismo, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula para el cumplimiento de la presente sentencia al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento.****************************************Por auto de tres de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la citada resolución causó ejecutoria, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento.********************Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio número suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se informó que en dicha fecha, se desahogó la diligencia de fuerza pública, teniendo como resultado el desalojo del predio ********************, inmueble que le fue entregado a ****************************************Bajo esas premisas, es evidente que la responsable dio cumplimiento con ello, y se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, ya que se otorgó el auxilio de la fuerza pública y se desahogó en los términos solicitados por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente ********************de su índice, motivo por el cual se concedió el amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. ********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.

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