Blanca Paloma Flores Cabrera

Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
800/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Blanca Paloma Flores Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que se remitió el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que rinda su informe de autoridad, estando a la espera de la respuesta que emita dicha autoridad. Al respecto, si bien la autoridad de cuenta refiere que ya se remitió el citado oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no remite copia del acuse de recibo, por lo que con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Humberto Díaz Vargas, presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia del acuse de recibo del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el cual le solicita emita su respectivo informe de autoridad, en el caso de que la citad Comisión ya haya remitido el citado informe, comunique el acuerdo que haya recaído y sus respectivas notificaciones. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario/a que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 800/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos.La omisión de desahogar las pruebas de informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; del Instituto Mexicano del Seguro Social así como la testimonial a cargo de Martha Cecilia Colín Ortiz, Karina Rosales Camacho y Víctor Uriel Gonzales Peñaloza, admitidas en el expediente laboral ********************. SEGUNDO. El doce de junio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 800/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: la omisión de desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral ********************. No pasa desapercibido para el suscrito, que en la demanda de amparo, la parte quejosa haya alegado que se encontraba pendiente el informe de autoridad a cargo de del Instituto Mexicano del Seguro Social y Testimonial a cargo de Martha Cecilia Colín Ortiz, Karina Rosales Camacho y Víctor Uriel Gonzales Peñaloza; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dichas probanzas la primera fue desahogada el tres de abril de dos mil veintitrés, feneciendo la vista otorgada el tres de julio siguiente; por otra parte, la prueba testimonial ofrecida por la parte actora fue declarada desierta en proveído de dieciocho de agosto del año en curso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó al mismo, relativas al juicio laboral ********************; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, este juzgador advierte que el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, invocó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que con el acto reclamado no se causa un agravio personal u directo, y por tanto no hay una afectación la esfera jurídica del quejoso. En mérito de lo anterior, este juzgador considera que no asiste razón a la autoridad responsable, dado que, en la especia, no se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en dicho ordinal. Ello en razón, de que el acto reclamado por el impetrante, contrario a lo sostenido por la autoridad de mérito, el acto reclamado sí conculca su derecho humano a una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 constitucional, lo que es suficiente para entrar al estudio de los conceptos de violación esgrimidos, y analizar la constitucionalidad del acto reclamado, lo que se explicará en el apartado correspondiente de esta resolución. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En consecuencia, al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes o que el suscrito advierta de oficio, se procede al estudio de fondo de los actos combatidos en la presente instancia constitucional QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En el caso, resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expuestos por el quejoso, ya que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, estos se analizaran a luz de la suplencia de la queja que opera en su favor por ser la parte trabajadora en el asunto de origen. En ese sentido, conviene destacar que el acto reclamado al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el demostrar que no incurrió en esa abstención. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Ahora bien, la parte quejosa, esencialmente alega en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable contraviene su derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional, atinente a que se le imparta una justicia pronta y expedita dentro un plazo razonable, en virtud de que la responsable es omisa en desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, pues desde que fueron admitidas aquellas en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, a la fecha en que se presentó la demanda (ocho de junio de dos mil veintitrés), no se ha recabado el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el juicio laboral de origen. El anterior concepto de violación, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Ahora bien, de las constancias que remitió el tribunal laboral, se advierte que dentro del juicio laboral ********************, en audiencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por las partes, entre ellos, el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual no ha sido rendido en el juicio laboral. Precisado lo anterior, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina en lo conducente, l siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis al precepto de referencia se desprende, medularmente, lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal, de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En el caso, se hace necesaria la transcripción de los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil, los cuales norman el procedimiento laboral, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Los ordinales invocados, en lo conducente prevén: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que, si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se desprende de lo anterior, el procedimiento laboral ante el tribunal estatal de conciliación son claros y breves, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma; en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, es evidente que los términos antes aludidos, en la tramitación del juicio laboral del que emana la omisión reclamada han transcurrido sin que se haya desahogado la totalidad de las pruebas, especialmente el informa de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 113/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de septiembre último, que resolvió la contradicción de tesis 35/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Siendo pertinente aclarar, que dado que la ley burocrática local prevé que el procedimiento que debe seguirse en los juicios de su competencia, es incuestionable, que no procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario fijar términos para el desahogo de las pruebas, ni que previo al dictado del laudo se debe citar para oír alegatos o se deba de cerrar la instrucción, y menos aún, que se elabore un proyecto de resolución, ni que se lleve a cabo una sesión en la que se discuta y vote, por lo que, estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia, por Contradicción de Tesis 2ª/J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, visible en la página 526, del tenor literal siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.". Sin embargo, en el caso el tribunal responsable no ha dado cumplimiento con los términos antes señalados, ya que el estado procesal que guarda el expediente laboral impide que haga el pronunciamiento respectivo del dictado del laudo, dado la existencia de pruebas por desahogar. Por otro lado, si bien el acto reclamado trata sobre violaciones de naturaleza procesal, a juicio de quien resuelve ésta sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, pues vulnera el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento por analogía, la jurisprudencia I.1o.T. J/32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Página 724, que dice: "PRUEBAS. EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA REMOTA PARA SU RECEPCIÓN IMPLICA UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Cuando los tribunales de trabajo señalan una fecha distante para la recepción de los medios de prueba que las partes proponen, tal proceder constituye un acto de imposible reparación que irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no obstante que se trata de una violación adjetiva o procesal, afecta en forma directa e inmediata al oferente, vulnerándose el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial.". No pasa inadvertido para este juzgador que en las constancias que remitió la responsable, mediante proveído de dieciocho de agosto de este año, haya ordenado diligenciar el oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio de correo electrónico proporcionado por la parte actora, para obtener el informe de autoridad, en el juicio laboral ********************, pues con ello no supera la violación demostrada en sede constitucional. Por lo antes expuesto, al incurrir la responsable en denegación de justicia por no desahogar el tiempo y forma la prueba consistente en el informe de autoridad antes referido, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada. SEXTO. Efectos del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la ley de amparo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, la protección constitucional se concede para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: 1. Como fue ordenado en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en caso de que no lo haya realizado, o recibida la respuesta vía correo electrónico, gire exhorto a su homólogo en la Ciudad de México para que por su conducto entregue el oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Valores, en el juicio laboral ********************, para que desahogue la prueba de informe de autoridad a su cargo, dentro del término legal para ello. 2. En caso de que se haya girado la comunicación oficial referida anteriormente, proceda a requerir a la autoridad que conozca de la misma, para que le remita el acuse de recibo de dicho oficio. 3. Una vez recabado dicha acuse, y haya transcurrido el plazo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Valores, rinda el informe de autoridad a su cargo, y ésta no lo haya hecho, requiera tantas veces sea necesario a dicha autoridad para que cumpla con lo ordenado en los autos del juicio de origen, aplicando las medidas de apremio correspondientes. 4. Hecho lo anterior, acredite ante este juzgado federal con las documentales idóneas el desahogo de la prueba antes mencionada. Cabe precisar que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable acredite el acatamiento a los efectos señalados en los párrafos que preceden, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la parte quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de la denegación de justicia reclamada a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto de esta año, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por ende, a la fecha en la que se actúa, es evidente que no ha mediado el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe existir entre la vista concedida en dicho auto y la celebración de la audiencia constitucional, por ello se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Al respecto es aplicable la tesis 1.5º.C.2 K, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, visible en la página 594, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

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