Blanca Olivia Vargas López

Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Blanca Olivia Vargas López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintidós. Devolución de constancias. Visto lo de cuenta, se advierte que el cuatro de julio de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto, y a la fecha, obra en el Juzgado un legajo de pruebas ?ANEXO I? exhibido por la autoridad responsable magistrado de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítanse mediante oficio las documentales de referencia, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 1 Del referido cómputo, se excluyen los días veinticinco y veintiséis de junio del presente año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. 20/10/22 13:01:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.da.d4 RICARDO FROYLAN YEPIZ ROSAS Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destruible una vez transcurridos tres años2 . Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Tomos de prueba. Por otra parte, se advierte, que obra en el Juzgado un legajo de pruebas ?ANEXO I? exhibidos por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítase mediante oficio las documentales de referencia, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintiséis minutos del quince de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables; así como, con el oficio y anexos que suscribe la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, registrado bajo el folio 9456. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio que suscribe la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 39/2022, con número de orden 52/2022, del índice de este juzgado. Sin que sea el caso acusar recibo de estilo, toda vez que la remisión de las constancias de la presente comunicación con firma electrónica fue a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, háganse las anotaciones en el libro cuatro de juzgado relativo a "Comunicaciones Oficiales Recibidas" y dese de baja en la noticia mensual de estadística. Por otra parte, tomando en consideración que los terceros interesados Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora; presidente, Tesorero y Contralor, todos adscritos al mismo Ayuntamiento en mención; no señalaron domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, a pesar de estar debidamente notificados para ello; por lo que al haberles transcurrido el término -de tres días- que se les concedió, sin que hubiesen hecho manifestación alguna al respecto; se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, y se ordena que las mismas, aún las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista en los estrados de este juzgado, hasta en tanto efectúe el señalamiento de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación; así como la documental exhibida por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 196/2022 L-III; y, RESULTANDO Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Blanca Olivia Vargas López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y otras autoridades. En veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado los siguientes: La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas que ofertadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y que este le encomendó vía exhorto a la junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, ordenado dentro del expediente número 464/2012, promovido en contra del Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora. Existencia del acto reclamado. Es cierto acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y del magistrado de la Quinta Ponencia, con residencia en esta ciudad; así como a la junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, pues así lo manifestaron las dos primeras autoridades por conducto del magistrado de la Quinta Ponencia; y, aun y cuando la última de las autoridades señalada como responsable, no hubiese hechos manifestación respecto a que si es o no cierto el acto que se le atribuye, del contenido de su informe se advierte la certeza del mismo, así como de las constancias que remitió el magistrado de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en apoyo a su informe con justificación, de las cuales se advierte la existencia del acto impugnado. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, así como de las manifestaciones hechas por la parte quejosa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda ante la autoridad responsable, radicada con número de expediente 464/2012, en el cual se ordenó el emplazamiento de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora; de su presidente municipal, su tesorero y contralor. Posteriormente, por auto de veinte de mayo de dos mil trece, se tuvo por contestada la demanda por parte de los demandados Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora; presidente municipal, tesorero y contralor -aquí terceros interesados-. Luego, en audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el ocho de agosto de dos mil trece, la responsable admitió las pruebas ofrecidas por las partes, a saber: Pruebas de la parte actora: 1. Confesional expresa; 2. Instrumental de actuaciones; 3. Presuncional lógica, legal y humana; 4. Confesional por posiciones a cargo del Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora, de su presidente, tesorero y contralor municipal; (se ordenó girar atento exhorto con los insertos necesarios a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, para que en auxilio de las labores del tribunal de Justicia Administrativa, desahogue dicha probanza) 5. Documentales, consistentes en: - Recibo de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce; - Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce; y, - Oficio número 078/2012, de dos de octubre de dos mil doce; 6. Informe de autoridad a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Prueba de los Demandados: 1. Confesional expresa; 2. Presuncional; 3. Instrumental de actuaciones; 4. Documentales, consistentes en: - Cincuenta y cuatro comprobantes de pago. 5. Testimonial a cargo de: - Oscar Siqueiros Urías; - Ramón Rafael Erunes Gallego; y - Enrique Figueroa Serrano. (se ordenó girar atento exhorto con los insertos necesarios a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, para que en auxilio de las labores del tribunal de Justicia Administrativa, desahogue dicha probanza) 6. Testimonial a cargo de: - Betsabe Hernández Tabanico; - Ana Mercedes Castro Somoza; y, - Pedro Juan Davis Mendoza; (se ordenó girar atento exhorto con los insertos necesarios a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, para que en auxilio de las labores del tribunal de Justicia Administrativa, desahogue dicha probanza) Por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable, ordenó de nueva cuenta girar atento exhorto a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, para que en auxilio de las labores del Tribunal de Justicia Administrativa, desahogara las pruebas confesional por posiciones y testimoniales ofertadas por las partes. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal Responsable, tuvo por recibido el exhorto parcialmente diligenciado; ordenó hacer efectivo el apercibimiento en cuanto a la prueba confesional por posiciones a cargo del Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora, de su presidente, tesorero y contralor municipal, quienes no comparecieron al desahogo de la misma; asimismo, ordenó de nueva cuenta, girar atento exhorto a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, a fin de que se sirviera desahogar las pruebas testimoniales ofertadas por la parte demandada. Exhorto que fue depositado en las oficinas del Servicio Postal Mexicano, según razón levantada por el actuario del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Luego, por oficio número 86/2022-P5, de cuatro marzo de dos mil veintidós, suscrito por el magistrado adscrito a la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, requirió a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, informara sobre el estado procesal del exhorto 99/2016, y de encontrarse desahogado lo remitiera de inmediato. Finalmente, por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, tuvo por recibido el informe por parte de la Junta Especial exhortada, mediante el cual hace saber que no era posible llevar a cabo el desahogo de las pruebas testimoniales, ya que los domicilios de los atestes Betsabe Hernández Tabanico, Ana Mercedes Castro Somoza y Pedro Juan Davis Mendoza, resultaron ser inciertos; por lo que ordenó requerir a la parte demandada para que dentro del término de tres días, señale con precisión el domicilio donde deban ser notificados para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los mismos; apercibida que de no hacerlo, dicha probanza se declarará desierta; de igual manera, hizo saber que respecto al diverso testigo Oscar Siqueiros Urías, al momento de hacer la notificación, se les informó que éste había fallecido en el mes de noviembre del año dos mil dieciocho, remitiendo para tal efecto copia certificada del acta de defunción número 00062 de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho; por lo que ordenó dejar sin efecto la prueba testimonial a cargo de este. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con las actuaciones de las responsables se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado, esto es, terminar la paralización en la que se encontraba el juicio de origen al realizar las gestiones encaminadas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. Sin que obste a lo anterior que el desahogo de las pruebas testimoniales ofertadas por la parte demandada en el juicio de origen -aquí terceros interesados- aún no se haya llevado a cabo, toda vez que como ya quedo establecido, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de desahogar la totalidad de las pruebas que ofertadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y que este le encomendó vía exhorto a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste de Sonora, con residencia en Nogales, ordenado dentro del expediente número 464/2012, promovido en contra del Ayuntamiento Constitucional de Imuris, Sonora; lo que se traduce en una paralización del procedimiento por parte de las responsables, misma que con las constancias que anexaron a su informe justificados acreditan que la omisión fuente de dicha paralización fue destruida al constituirse el actuario en los domicilios de los atestes, para efectos de que comparecieran al desahogo de la prueba testimonial a su cargo; sin poder llevarla a cabo dicha notificación, al resultar incorrecto los domicilios proporcionados; y además, al haber fallecido uno de los testigos propuestos por la parte demandada; imposibilidad que no puede ser atribuida a las autoridades responsables, máxime que en dicha contienda se requirió a la parte demandada para que precise el domicilio cierto y correcto donde deban ser notificados los testigos en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el considerando II del presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Blanca Olivia Vargas López respecto del acto reclamado y por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de mayo de dos mil veintidós. Integración del oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el magistrado de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe pruebas documentales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de ellas al dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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