Blanca Olivia Cervantes Hernandez
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Blanca Olivia Cervantes Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO FRANCISCO FACUSSETH MASSU. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Blanca Olivia Cervantes Hernández, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV.-ACTOS RECLAMADOS: 1).- al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN, le reclamo: "La admisión del recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de fecha 03 de mayo de 2019, dentro del Juicio Ejecutivo Oral Mercantil No. 168/2018, y como consecuencia de la revocación del auto de fecha 03 de mayo de 2019 en el que decretó la caducidad de la instancia." 2).- al C. MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL, le reclamo: "La resolución de fecha 05 de mayo de 2019 mediante la cual indebidamente radicó el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de 03 de mayo de 2019, así como la Sentencia de fecha 10 de julio de 2019, ambos dictados dentro del Toca Civil No. 162/2019, en la cual resolvió revocar el auto de fecha 03 de mayo de 2019 en el que el Juez de Origen había decretado la caducidad de la instancia en el Juicio Oral Ejecutivo Mercantil No.168/2018, y a la vez, ordena reponer el procedimiento del juicio de origen". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, quien la returnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, se aceptó el returno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 380/2023-VIII-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se ordenó emplazar al tercero interesado, se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumbe a la vía indirecta, éstos fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La admisión del recurso de apelación en el juicio oral mercantil 168/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad. ii. El auto de cinco de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual radicó el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, así como la resolución de diez de julio de dos mil de ese mismo año, dictados del toca civil 162/2019. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues al rendir sus informes justificados, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por las propias autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, atendiendo a las razones que a continuación se exponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis de las citadas porciones normativas, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, sólo procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Este tipo de actos son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Además, deben producir en los gobernados efectos materiales inmediatos sobre tales derechos. En oposición a lo antes mencionado, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación y que no lesionan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales. Lo anterior es así, ya que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna en la esfera del gobernado. Cabe precisar que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir como ya se dijo, una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2,006,589, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la Jurisprudencia consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902, la cual oportunamente se comparte: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sentado lo precedente, debe destacarse que la quejosa es parte formal en el juicio de origen, ya que en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el juez responsable le reconoció la personalidad de albacea de la sucesión a bienes de Humberto Sada Díaz de León, quien fuera parte demandada en dicho sumario y le dio la intervención legal correspondiente. Luego, de la de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución que repuso el procedimiento y declaró la rebeldía de la parte demandada. En esa manera, se tiene que el acto reclamado no se trata de aquellos que por su naturaleza afecten materialmente derechos sustantivos, impidiendo en forma actual su ejercicio, esto, aún antes del dictado de la sentencia definitiva. Se afirma lo anterior, en virtud de que la determinación reclamada, únicamente tiene efectos sobre derechos adjetivos de la parte quejosa, los cuales no son de carácter irreparable, dado que dicha violación se produjo dentro de juicio, de tal manera que sólo se genera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva. Al respecto, debe señalarse que las consecuencias jurídicas son meramente procesales y no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo generan la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influyan para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el Tribunal Colegiado de Circuito a través de la promoción del juicio de amparo directo. Cierto es, que en un principio se decretara la caducidad de la instancia y con posterioridad a través de un recurso de apelación se reponga el procedimiento y se declarara la rebeldía del actor, desde luego, por sí mismo, no le genera afectación algún derecho sustantivo, sino de índole procesal, incluso, la temática sobre la procedencia del recurso en un juicio oral, puede ser motivo de una violación procesal, claro está, de obtener una sentencia definitiva en contra de sus intereses, lo cual no ha ocurrido. Sin que sea trascendental el hecho de que se declarara la rebeldía del demandado quien ya falleció, puesto que al haberse integrado a la Litis a la aquí quejosa, la legitima en todo caso, para participar en el juicio de origen, lo cual, sin lugar a dudas, a promover amparo directo contra la violaciones procesales que estime ocurran dentro del procedimiento. En suma, cabe destacar que, cuando se le dio intervención en el juicio de origen, esto es, mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, ello fue con motivo de la resolución de veinte de enero de ese mismo año, al otorgarle el carácter de albacea de Humberto Sada Díaz de León, en el juicio sucesorio testamentario 516/2021; es decir, al otorgársele dicho encargo de albacea, la genera una expectativa de derecho respecto los bienes que en vida fueron propiedad del demandado en el juicio de donde derivan los actos reclamados, como en el caso, del 50% restante del inmueble Litis del asunto. En ese sentido, si el siete de marzo de dos mil dieciocho, cuando se embargó el inmueble ubicado en avenida San Isidro número 505, colonia Villas San Isidro, en Torreón, Coahuila de Zaragoza, solamente se embargó el 50% del mismo, ello con motivo de la sociedad conyugal que tenía en vida con el demandado en dicho juicio de origen, en este momento no le impide el ejercicio de algún derecho, o en su caso, del encargo que le fue conferido. Ello se afirma, pues el 50% del inmueble que es de su propiedad, no le fue embargado y respecto el diverso 50% es una expectativa que nació el veinte de enero de dos mil veinte, al habérsele designado albacea en el juicio sucesorio testamentario, al haberse llevado a cabo la primera sección, por tal motivo, desde luego, el hecho de que se haya repuesto el procedimiento en el juicio de origen una vez que se declaró la caducidad de la instancia e incluso, el hecho que se declara la rebeldía de la parte demandada en el juicio de origen, el que se le reconociera personalidad en el juicio del que emana el acto reclamado, su continuación no le impide el ejercicio de algún derecho, pues diferente sería, que no tuviera legitimación activa para participar en el sumario de referencia. Se insiste, aun y cuando la parte quejosa sostenga la temática de la no recurribilidad en el juicio de origen, es temática de una violación procesal en el amparo directo, dado el momento procesal en que se encuentra dicho expediente, ya que la albacea le corresponde cuidar el legado que le fue encargado, lo cual, desde luego, puede hacer en el sumario de referencia al habérsele reconocido personalidad y en consecuencia la intervención correspondiente. Razonamientos anteriores, que llevan a concluir que en el caso, los actos reclamados no son de imposible reparación ya que estos solamente podrían constituir violaciones adjetivas reclamables en amparo directo y no en indirecto durante la tramitación del juicio de origen. No sobra decir que, sobre la temática del acto reclamado, esto es, sobre la resolución de segunda instancia que revoca la de primera en que se dictó la caducidad de la instancia, existe jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se sostuvo que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Agregó, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Afirmó que no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. Concluyendo que, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Consideraciones anteriores, visibles en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los derechos fundamentales reconocidos a las personas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 364, sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, tomo IV, parte SCJN, página 244, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que el juicio de garantías no es improcedente, cuando se reclaman actos que han sido materia de otro amparo desechado con anterioridad, puesto que si no se entró al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, el quejoso puede solicitar nuevamente la protección federal, ya que en tal caso, no puede decirse que, en términos de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el segundo juicio, han sido materia de una ejecutoria". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, con sede en Victoria de Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, con sede en la ciudad de Durango, Durango: a) Inaplique y en lo sucesivo se abstenga de aplicar en la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo en lo que respecta a los artículos 13 al 18 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. b) Deje insubsistente solamente lo relativo al cobro de los tributos complementarios denominados como "fomento de la educación pública en el estado" que fue aplicado en el recibo de pago con número 2021131711577, fechado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, así como los subsecuentes recibos 2021131725590, 2021131737262 y 2022131755896, fechados el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, veinte de diciembre de dos mil veintiuno y diecisiete de enero de dos mil veintidós, respectivamente. c) La devolución de referencia deberá hacerse mediante los mecanismos previstos para ese fin, por lo que bastará que se deje a disposición de la parte quejosa, la cantidad correspondiente para que proceda ésta a recogerlo ante esa dependencia, atendiendo a que fue la propia parte quejosa quien se autoliquidó las normas contenidas en el recibo que aportó, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal; de ahí que la autoridad exactora, no se encuentre obligada a agotar búsquedas de la parte quejosa, con el fin de materializar la devolución ya que ello se insiste, es obligación del promovente del amparo. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia definitiva y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, con sede en Victoria de Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 2021131711577, 2021131725590, 2021131737262 y 2022131755896, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 24789, por la cantidad de $15,951.51 (quince mil novecientos cincuenta y un pesos 51/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de quince de mayo del dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 2021131711577, 2021131725590, 2021131737262 y 2022131755896, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. De ahí que, si la quejosa a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Blanca Ivonne Estrada Aguilar201/2020
- Blanca Leticia Castro Rodríguez1380/2019
- Blanca Maria Sanchez Guerra1269/2021
- Blanca Marisela Rivera Gómez1610/2023
- Blanca Nydia Garza Moreno1993/2022
- Blanca Olivia Cervantes Hernández472/2018
- Blanca Patricia Livas Ávila283/2022
- Blanca Rocio Alvarez López94/2019
- Blanca Rocio Alvarez Serrano530/2018
- Blanca Rocío Álvarez Serrano666/2018
- Blanca Rocio Alvarez Serrano1040/2018
- Blanca Rocío Alvarez Serrano757/2019