Blanca Nelly Martínez Bustos

Expediente 97/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
97/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Blanca Nelly Martínez Bustos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de octubre del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) No hay originales que devolver. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Mesa lV. Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se certificó que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa ****, en proveído de uno septiembre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna; asimismo, se reservó acordar lo que en derecho correspondiera sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio, una vez que el titular de este órgano jurisdiccional se reincorporara a las labores; circunstancia que ya aconteció; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: ".La dilación procesal con que se ha conducido la autoridad responsable en el expediente laboral J.4/473/2019, al no respetar los términos establecidos en los artículos 685, párrafo primero, 883, 884, fracción II y demás relativos y aplicables de Ley Federal del Trabajo, al prolongar el periodo para desahogar las pruebas ofrecidas por la quejosa." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: "(...)a) Deje insubsistente el proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, única y exclusivamente por lo que se refiere a la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; y, b) Señale nueva fecha para el desahogo de las citadas pruebas, a la brevedad posible, sin mayor dilación injustificada. ." El diecinueve de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el uno de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 2061-004524 remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al que anexó copia certificada del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del expediente del juicio laboral J.4/473/2019, en el que dejó insubsistente el proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, única y exclusivamente por lo que se refiere a la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló las siete horas con quince minutos del uno de septiembre del año en curso, para su verificativo; constancia que por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejó insubsistente el proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, única y exclusivamente por lo que se refiere a la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, emitido en el juicio laboral J.4/473/2019, y señalo nueva fecha para el desahogo de las citadas pruebas a la brevedad posible. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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