Blanca Narvaez Chimal
Expediente 1472/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Blanca Narvaez Chimal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo. Por tanto, se determina que en términos del punto noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente incidente no es de relevancia documental. En términos el párrafo segundo de la fracción III del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo Conjunto, se establece que el original y duplicado son destruibles por ubicarse en supuesto del contenido en el punto Vigésimo fracción III del multicitado Acuerdo General. Así, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. De conformidad con el punto noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este órgano de control constitucional,******************** por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se especifican: "AUTORIDADES RESPONSABLES Director General de Asuntos Jurídicos, de la SEPH Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la SEPH ACTOS RECLAMADOS: La falta de cumplimiento del oficio número 1287/2019 por parte del Director General de Administración y Desarrollo de Personas de la SEPH, quien hasta la fecha no ha acatado la orden que le fue girada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SEPH, en dicho oficio fue ordenado que regularizara el cambio de dispersión interbancaria, haciendo caso omiso al cumplimiento." Actos que estimó violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Se registró la demanda de garantías con el número ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que legalmente le compete, al corrérsele traslado con copia simple de la demanda de derechos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Publicación de datos personales. En el mismo acuerdo se hizo saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente juicio, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, lo que conlleva su consentimiento tácito a que la presente resolución se publique sin supresión de datos. CUARTO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio en sus demás etapas, en el momento procesal oportuno se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que concluyó con el dictado de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad señalada como responsable, la cual es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo puede ser presentado en cualquier tiempo. TERCERO. Fijación de la litis. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". De lo anterior conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión en dar cumplimiento el Director General de Administración y Desarrollo de Personas de la SEPH, con motivo de la orden que le fue girada, a través del oficio número 1287/2019 por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SEPH, a efecto de que regularizara el cambio de dispersión interbancaria. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director General de Asuntos Jurídicos y Director de Administración y Desarrollo Personal ambos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos reclamados; sin embargo del contenido de los mismos, se advierte la existencia de los actos. Constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen el carácter de prueba plena. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados para todos los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación la diversa jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y ocho, tomo V, Segunda Parte-2, tomo V, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO." QUINTO. Estudio sobre la procedencia del juicio. No habrá de analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, ni los conceptos de violación, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que invoca la responsable Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura de los artículos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, cuyos rubro y texto son: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. La quejosa aduce que la determinación de la responsable en el sentido de ser omiso en ordenar el cambio de dispersión interbancaria para que pudiera la quejosa cobrar los pagos de sus sueldos, y aguinaldo. Como puede advertirse, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajadora, lo que se corrobora con el oficio 1287/2019 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve que la responsable remitió, del que se advierte que es trabajadora, y que recibe un salario el cual se ordenó que fueran liberados las quincenas 7 a 11 y se regularizara el cambio de dispersión interbancaria, el cual es un derecho que nace un contrato de trabajo. Entonces, se insiste, los actos reclamados se circunscriben al ámbito laboral que rige la relación de la quejosa con la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo. Es por ello, que los actos de los que se duele la accionante no pueden calificarse como actos de autoridad, pues derivan estrictamente de una relación laboral que mantiene******************** con la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo. Dicho en otras palabras, tales actos tienen vinculación con las condiciones de trabajo en donde la institución de educación actúa como patrón frente a sus empleados. Entonces, hasta lo aquí relatado se tiene que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que se reclaman (modificación de sus condiciones laborales), en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria para hacer valer sus derechos, de acuerdo con el vínculo existente entre la quejosa y las autoridades que señala como responsables. Se cita por analogía, la tesis VII.2o.T.9 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IX, página 3436, Décima Época, del tenor literal siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." En tales condiciones, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el presente juicio, ello con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en la materia. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado en este juicio biinstancial y el efecto que al proceso le irroga tal resolución, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Se cita en lo conducente, el criterio 1/2011, emitido en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la clasificación de información 241/2010-J, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de derechos. SEGUNDO. Se tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. Notifíquese personalmente
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de derechos". NOTIFÍQUESE
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