Blanca Mayren Reyes

Expediente 929/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
929/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Blanca Mayren Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda y escrito aclaratorio se obtiene que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 900, 91, 92, 93 y 94 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima, relativos al cobro del derecho por el alumbrado público. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado en síntesis: La inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, Colima, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima, relativos al cobro del derecho por el alumbrado público. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializan los supuestos de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que están previstos en el 61, fracciones XIV y XX, la primera de dichas fracciones en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia [.]. Del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo los preceptos transcritos con anterioridad, se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo que, por regla general, es de la forma siguiente: 1) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17, de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Como se anticipó, el quejoso reclama la iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Municipio de Manzanillo, en específico los artículos 1, 2 y 3, relativa al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, así como de la Ley de Hacienda para dicho municipios, en particular los numerales 90, 91, 92, 93 y 94. Asimismo, en el escrito aclaratorio de cuenta el demandante del amparo manifestó que tuvo conocimiento del cobro del derecho de alumbrado público el uno de octubre de dos mil dieciocho, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, pone en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima (veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho), había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que el quejoso no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la existencia del acto de aplicación de las leyes aquí reclamadas, pues al tratarse de leyes heteroaplicativas, el plazo para interponer el juicio de amparo en su contra, es a partir de la fecha en que se demuestre la notificación del primer acto de aplicación; esto de considerar que si el ahora quejoso se enteró del acto impugnado por lo menos desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, entonces el plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo transcurrió del dos al veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, sin contar el seis, siete, doce, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre último, por haber sido inhábiles, con fundamento en los artículos 23 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días ha fenecido al veinticuatro de octubre pasado, en que se presentó la demanda, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causales de improcedencia previstas en el 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y Quinto Transitorio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Congreso del Estado de Colima, y de otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV y 73, fracciones X y XXIX, apartado 5º, inciso a) Constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual fue registrado con el número 929/2018-III. Análisis y prevención de la demanda. De la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado señala, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Con fecha 01 uno de Octubre del 2018 (dos Mil Dieciocho) el suscrito tuvo conocimiento del cobro inconstitucional del derecho de alumbrado público cuando procedí a hacer dicho pago [.]. De lo anterior se advierte que si bien la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el uno de octubre de dos mil dieciocho tuvo conocimiento de un cobro por concepto de derecho de alumbrado público; sin embargo, no se advierte la fecha en que tuvo conocimiento de que el cobro por ese concepto se realizó con fundamento en la Ley de Ingresos y de Hacienda del Municipio de Manzanillo, Colima, en razón de que dichos ordenamientos constituyen los actos reclamados y no el cobro como tal, pues este únicamente constituye el acto de aplicación, de ahí la trascendencia de que exponga cuando se enteró de dicho fundamento. En vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110, 114, fracciones I, II, III y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables y agente del misterio público federal de la adscripción, y con el apercibimiento de las sanciones a que pueden hacerse acreedores aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo conforme a lo que prevé el artículo 261, fracción I, de la citada Ley de Amparo, exponga bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Señale la fecha en que tuvo conocimiento de que el cobro por concepto de derecho al alumbrado público se realizó con fundamento en la Ley de Ingresos y de Hacienda del Municipio de Manzanillo, Colima. En el entendido de que la presente aclaración, la deberá hacer de manera directa el promovente, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la presente aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues la protesta se traduce en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir total o parcialmente con lo requerido, en el término señalado para ello, de conformidad con el artículo 114 de la Ley Amparo, se tendrá por no presentada su demanda.

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