Blanca Marina Vera Kú

Expediente 408/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
408/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Blanca Marina Vera Kú

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INFUNDADO EL INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra la resolución que declaró infundado el incidente de repetición del acto reclamado planteado por la parte quejosa en los presentes autos, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con la citada resolución relativa al incidente de repetición del acto reclamado, dictada en el presente expediente. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. DUPLICADO DEL INCIDENTE. Es destruible atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a); lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente principal, así como del cuaderno incidental. Finalmente, se hace la precisión que no obran documentos originales en resguardo en el presente expediente, dado que en data veintidós de septiembre de dos mil veintitrés compareció a este Juzgado el autorizado de la parte quejosa a recoger los documentos ordenados para su devolución en auto de dieciocho de septiembre de los presentes, (fojas 174 y 175 del presente expediente). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa *********, mediante el cual solicita la devolución de todos los documentos exhibidos en el presente juicio como originales. En atención a su contenido, toda vez que no existe impedimento alguno para acceder a lo solicitado, proceda la Secretaria de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación de la documentación exhibida por la parte quejosa, y devuélvase la misma por conducto de las personas que indica en su escrito de mérito, y déjese a su disposición a fin de recoger el citado documento, previo recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por la quejosa ******************** dentro del juicio de amparo 408/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: El oficio ******************** emitido por el Jefe del Departamento de Registro de Control Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La detención y retención del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ********************. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Una vez que se admitió la demanda de amparo, así como su ampliación y se tramitó el juicio por toda su secuela legal correspondiente, el diez de julio de dos mil veintitrés se dictó la sentencia correspondiente. En dicha sentencia se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "40. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres realice lo siguiente: 41. a) En el ámbito de sus atribuciones, se pronuncie con libertad de jurisdicción, de inmediato y de manera formal mediante acuerdo ministerial de manera fundada y motivada, respecto del destino del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ********************, y de los documentos presentados para acreditar la propiedad que se hubieren exhibido por la parte quejosa, teniendo en cuenta el tiempo efectivo de retención, y en su caso, la procedencia del aseguramiento. 42. b) Lo que deberá notificar a la parte quejosa en términos de la legislación aplicable, a fin de pueda ejercer los derechos que constitucional y legalmente le correspondan, respecto del proceso penal. 43. En el entendido que, en caso de no contar con elementos suficientes para determinar que el vehículo en cuestión es instrumento u objeto de algún hecho ilícito, devuelva a la quejosa, de manera plena, o bien en calidad de depositaria, atendiendo a si existen o no, elementos para continuar con alguna investigación." TERCERO. Ejecutoria de la sentencia dictada en los autos Una vez que causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, en acuerdo de ocho de agosto siguiente se tuvo por recibido el oficio signado por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, en el que informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. En atención a lo anterior, por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. CUARTO. Denuncia de repetición del acto reclamado Mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el siete y diez de agosto, ambos de la presente anualidad, la quejosa ******************** denunció la repetición del acto reclamado, la que se admitió a trámite en acuerdo de veintidós de agosto siguiente. En ese propio acuerdo, se requirió a la autoridad responsable Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número Tres, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días rindiera su correspondiente informe. QUINTO. Recepción del informe En auto de cinco de septiembre del año en curso, se recibió el informe de la responsable, se fijó fecha para la celebración de la audiencia correspondiente y se ordenó dar cuenta con ello al resolver la presente repetición del acto reclamado, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de repetición del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 199 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en el Acuerdo General 8/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica entre otros, el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se resuelve sobre la denuncia de repetición del acto reclamado en un juicio de amparo que se tramitó y resolvió en este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la denuncia de repetición En el caso concreto, la denuncia de que se trata se presentó dentro del plazo a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, esto es, dentro los quince días siguientes al en que la parte denunciante tuvo conocimiento de la resolución emitida por la responsable el dos de agosto de dos mil veintitrés (acto aquí denunciado). Ello es así, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que se le notificó a la directa quejosa el tres de agosto de dos mil veintitrés. Luego, el aludido plazo de quince días para la presentación de la repetición transcurrió del siete al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, sin contar los días sábados y domingos que mediaron entre esas fechas; por tanto, es claro que se presentó en tiempo la denuncia de repetición dado que fue antes de que concluyera el plazo que tenía para hacerlo (siete de agosto de dos mil veintitrés). Por otro lado, también se cumplen los presupuestos jurídicos necesarios para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado, dado que de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su procedencia no se encuentra condicionada a que este órgano hubiera tenido por cumplido el fallo protector. TERCERO. Informe de la autoridad responsable Al rendir su correspondiente informe, el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, negó haber incurrido en repetición del acto reclamado, precisando esencialmente que en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; se emitió el acuerdo ministerial de dos de agosto del año en curso, dictado en la carpeta de investigación ********************, en el que con libertad de jurisdicción, fundada y motivadamente se justificó el aseguramiento del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ********************. CUARTO. Análisis de fondo de la repetición del acto reclamado Es infundado el incidente de repetición del acto reclamado promovido por la quejosa ********************, por las consideraciones que enseguida se exponen: La Litis en el caso, se circunscribe a determinar si la autoridad responsable Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, incurrió o no en repetición del acto reclamado. Ahora, es oportuno tener en cuenta que el juicio de amparo tiene por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de los derechos que le fueron vulnerados con el acto de autoridad que se ha declarado inconstitucional, ya sea restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo, o bien, si es de carácter negativo, obligando a la autoridad a actuar en el sentido de respetar lo que el derecho exija; por ello, cuando es concedida la protección constitucional, los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a vigilar el cumplimiento que las responsables deban dar al fallo protector. En tal virtud, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé, en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, la denuncia de repetición del acto reclamado. Es pertinente señalar que para que ésta se actualice, es necesario que el acto denunciado como tal, sea idéntico en la violación de derechos que involucró al que se reclamó en el juicio de amparo, de tal manera que se advierta claramente que el nuevo acto se está basando en los mismos supuestos y motivos. También debe destacarse que la repetición del acto reclamado regulada en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 199 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando, una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto del acto de autoridad que se consideró inconstitucional por estar viciado uno de sus elementos, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado, dictando un acto ulterior en idénticos términos que el primero, con igual sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos que fueron protegidos en el fallo constitucional, con lo cual desconoce el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado, requiere como presupuesto esencial, que la autoridad responsable haya emitido un acto que involucre los mismos supuestos y motivos por los que fue otorgada la protección constitucional, pues, precisamente lo que se cuestiona y analiza es la repetición de los actos autoritarios encaminados a dar cumplimiento al fallo constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 207678, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUÁNDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales". Una vez expuesto lo anterior, procede analizar ahora si la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con sede en esta ciudad, incurrió en repetición del acto reclamado, para lo cual debe efectuarse un estudio comparativo entre el acto declarado inconstitucional y el que se denuncia como reiterativo de éste. Tal como lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 68/98, con número de registro digital 195588, que a continuación se cita: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En ese orden, es pertinente establecer en primer término los razonamientos y fundamentos del fallo protector emitido por este Juzgado Federal el diez de julio de dos mil veintitrés, esto es, cuáles fueron los vicios detectados al momento de ejecutar la retención del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ******************** (que constituyó el acto reclamado), lo cual motivó el efecto para el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. De la lectura a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al estimarse que la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres, fue omisa en emitir determinación alguna en la que se indiquen los motivos y fundamentos que justificaran la retención del vehículo en comento, así como de los documentos relativos a su posesión y origen. Ello, atendiendo el contenido de los artículos 228 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se establece que cuando se trate de aseguramiento de objetos, productos o instrumentos en una técnica de investigación, el cual causa una afectación directa a derechos, debe de producirse una determinación de aseguramiento de manera inmediata, una vez recibida la cadena de custodia por el primer respondiente. Y por tanto, si la autoridad ministerial no emitió la determinación de aseguramiento correspondiente, se constituyó una actuación arbitraria del derecho de protección de las pertenencias de la quejosa, garantizada por el artículo 16 constitucional. Dicho razonamiento fue reforzado con la tesis XXX.4o.2 P (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, visible a página 2181, del rubro y texto siguientes: "ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL DECRETADO FUERA DEL SUPUESTO DE FLAGRANCIA DELICTIVA REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CORRESPONDIENTE JUEZ DE CONTROL. El artículo 16, catorceavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado con la reforma penal de dos mil ocho, introdujo el control judicial inmediato sobre las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación del Ministerio Público, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de los indiciados, víctimas u ofendidos. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 146, 227, 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene la regla general de que las autoridades investigadoras (policía y Ministerio Público), en el conocimiento de un hecho delictivo en flagrancia, por sí mismas, pueden ejecutar las técnicas de investigación de cadena de custodia, inventario, puesta a disposición ante autoridad competente y aseguramiento, respecto de los indicios, instrumentos, objetos o productos de ese ilícito, cuando éstos hayan sido encontrados en el lugar del acontecimiento o hallazgo. Asimismo, si se trata de aseguramiento de vehículos involucrados en delitos culposos ocasionados con motivo de su tránsito, en su artículo 239, prevé una regla general, consistente en privilegiar la entrega en depósito de ese tipo de bienes, a su propietario o poseedor; mientras que su numeral 240 regula su excepción, pues indica que de actualizarse alguno de los supuestos ahí contenidos, el Ministerio Público ordenará su aseguramiento y resguardo, hasta en tanto se esclarecen los hechos investigados; sujetando dicha actuación a aprobación judicial, en los términos previstos en el ordenamiento en comento. Cabe señalar que el artículo 252, segundo párrafo, del propio código, exige la autorización previa del Juez de control de los actos de investigación que implican afectación a los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal, en perjuicio de alguna persona. Así, el anterior marco normativo permite concluir que el artículo 252 mencionado es aplicable a los casos en los cuales un automotor puede ser un instrumento, objeto o producto de un delito, y éste es ubicado en un lugar diverso, en un momento posterior a su comisión (sin flagrancia delictiva) pues, en este supuesto, el Ministerio Público, para efectuar válidamente sobre ese bien alguna técnica de investigación -como lo es el aseguramiento en la carpeta de investigación- debe gestionar la autorización previa del correspondiente juzgador, quien tiene la obligación constitucional de ponderar la pertinencia y justificación de la medida solicitada, a fin de estimar legal su ejecución, aun cuando cause una afectación jurídica a alguna persona." De este modo, la protección constitucional se otorgó para el efecto de que el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, se pronunciara con libertad de jurisdicción, de inmediato y de manera formal mediante acuerdo ministerial de manera fundada y motivada, respecto del destino del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ********************, y de los documentos presentados para acreditar la propiedad que se hubieren exhibido por la parte quejosa, teniendo en cuenta el tiempo efectivo de retención, y en su caso, la procedencia del aseguramiento. Lo cual debía notificar a la parte quejosa en términos de la legislación aplicable, a fin de pueda ejercer los derechos que constitucional y legalmente le correspondan, respecto del proceso penal. En el entendido que, en caso de no contara con elementos suficientes para determinar que el vehículo en cuestión es instrumento u objeto de algún hecho ilícito, lo devolviera a la quejosa, de manera plena, o bien en calidad de depositaria, atendiendo a si existen o no, elementos para continuar con alguna investigación. Expuesto lo anterior, el que ahora resuelve llega a la conclusión que en el acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, no se advierten los mismos aspectos analizados en la sentencia dictada en los presentes autos. Como se precisó con antelación, la denuncia de repetición del acto reclamado constituye una reiteración de un acto idéntico, no similar o parecido. En el caso, la parte quejosa expone que al emitir la responsable el acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, se repite el acto reclamado en este juicio, ya que hizo una reiteración en cuanto al aseguramiento del multicitado vehículo, lo que la deja en el mismo estado de indefensión al no justificar y motivar de forma concreta dicho aseguramiento (señalar los elementos de prueba plenos que se tienen). Ahora bien, del estudio y análisis comparativo entre el fallo protector y el acuerdo que se señala como reiterativo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, y teniendo presente los motivos que llevaron este órgano jurisdiccional a conceder el amparo, se concluye que en esta última actuación, la responsable no reitera la misma violación por la que se estimó inconstitucional el acto reclamado en este juicio de amparo, ya que de la sola lectura del citado acuerdo se llega a la convicción de que no se incurrió en el mismo vicio que motivó la concesión del amparo. En efecto, debe tomarse en cuenta que en el fallo protector se destacó que el Fiscal responsable fue omiso en emitir una determinación fundada y motivada respecto el aseguramiento del automotor materia de la Litis en este asunto, pues al momento de llevarse a cabo no existía resolución o acuerdo ministerial que justifique la retención del vehículo y de sus documentos. Con lo que se transgredía el derecho de la quejosa de contar con una resolución fundada y motivada en la que se asienten los motivos de la retención. Y en el acuerdo ministerial de dos de agosto de dos mil veintitrés la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con sede en esta ciudad, decretó el aseguramiento en términos del numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales del vehículo tipo ********************, marca ********************, modelo ********************, color ******************** con número de serie ********************, con número de motor ********************, con número de placas ******************** del ********************, al considerar que el vehículo en cuestión es sujeto de investigación por el delito de falsificación de documentos en general en su modalidad de uso de documento falso, previsto en el artículo 281 y 283 del Código Penal del Estado de Yucatán, dado que el título que ampara la propiedad sobre el automotor, se presume apócrifo. Asimismo, determinó que el vehículo permaneciera en resguardo en atención a la investigación que sigue en curso. De ahí que se estime que este acto de autoridad no es repetitivo del acto impugnado en este juicio, con lo que se pone de manifiesto que no reiteró el vicio del que adolecía el primer acto reclamado, dado que la responsable se ha pronunciado fundada y motivadamente (con libertad de jurisdicción) respecto el acto reclamado. Además, tomando en consideración que antes de la presentación de la demanda y el dictado de la sentencia, no existía pronunciamiento fundado y motivado respecto el aseguramiento (acto negativo) del vehículo, y con motivo de la concesión del amparo se emitió el acuerdo correspondiente en el que, si bien se mantuvo el aseguramiento, se determinó con los argumentos y razonamientos suficientes los motivos por los cuales la autoridad ministerial considera que es necesario el aseguramiento, señalando los dispositivos que sustentan tales razonamientos. En estas condiciones, al emitirse el nuevo acuerdo de fecha dos de agosto último, la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con sede en esta ciudad, no incurrió en el mismo vicio que afectaba al acto reclamado en este juicio (falta de fundamentación y motivación), de ahí que no se produzca en la esfera jurídica de la parte quejosa el mismo sentido de afectación que aquella por la que se otorgó la protección constitucional. Pues como antes se precisó, el amparo en el presente juicio se concedió en esencia, por un vicio de fundamentación y motivación al no existir determinación fundada y motivada que justifique la retención del vehículo, ordenándose a la responsable que se pronuncie con libertad de jurisdicción, fundando y motivando lo relativo al destino del multicitado automotor, y no puede soslayarse que la figura de repetición del acto reclamado prevista en el artículo 199 de la Ley de Amparo, sirve para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo y no para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos en el mismo sentido a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni para analizar si el nuevo es violatorio o no de los derechos humanos. En estos términos, se reitera, no es suficiente que la autoridad responsable emita otro acto en el mismo sentido de afectación del declarado inconstitucional, para que se estime configurada una conducta reiterativa, ya que el presupuesto toral sobre el que descansa esta figura jurídico procesal implica la emisión de un acto de autoridad que reitere exactamente las mismas violaciones de derechos constitucionales que fueron declaradas inconstitucionales en el fallo protector, hipótesis que en la especie no aconteció. En lo conducente cobra aplicación, la jurisprudencia 376, publicada en la página 321, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." En esa tesitura, al existir variaciones ciertas y determinantes entre el acto estimado como repetitivo y el que fue materia de la ejecutoria de amparo, se concluye que la presente denuncia de repetición de acto reclamado es infundada. Al respecto es aplicable, la tesis de jurisprudencia 379, publicada en la página 324, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." En el entendido que al haberse advertido violaciones formales en la emisión del acto reclamado primigenio, no fue materia de análisis en la sentencia de este juicio de amparo las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa. Finalmente, no se realizará mayor pronunciamiento respecto los alegatos formulados por la parte quejosa, al no formar parte de la Litis, sin embargo, resulta pertinente precisar que las manifestaciones vertidas en su escrito, en esencia son las mismas que expuso en los diversos escritos con los que planteó el presente incidente, los cuales sí fueron analizados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundada la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por ********************, dentro de los autos del juicio de amparo 408/2023. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe rendido por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a afecto de celebrar la audiencia en la que se resolverá sobre la repetición planteada por la parte quejosa NOTIFÍQUESE.

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