Blanca Mariela Urrutia del Ángel

Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
260/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Blanca Mariela Urrutia del Ángel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto de los actos reclamados. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse el expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General relativo, pues se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, contados a partir de este acuerdo, dicho cuaderno se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la constancia de notificación del oficio con el que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable foránea, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquélla carece de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no le ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 260/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la autorizada de la quejosa; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, al precisar que la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, es: Fiscales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de esta ciudad, y para demostrar su dicho, exhibe impresiones de imágenes fotográficas de sus instalaciones. En ese tenor, téngase como inexistente a la primera autoridad citada, suspendiéndose toda comunicación oficial con ella desde este momento. Por lo que, se comisiona a la oficial judicial "A", que realice la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a requerir el informe justificado de las supracitadas fiscalías especializadas, habida cuenta que en el escrito de demanda fueron señaladas como autoridades responsables; máxime que, por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvieron por rendidos sus informes de ley. Por otra parte, con copia certificada del escrito que se provee, dese cuenta en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la copia certificada del escrito de la autorizada de la quejosa; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, al precisar que la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, es: Fiscales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de esta ciudad, y para demostrar su dicho, exhibe impresiones de imágenes fotográficas de sus instalaciones. En ese tenor, téngase como inexistente a la primera autoridad citada, suspendiéndose toda comunicación oficial con ella desde este momento. Sin que haya lugar a requerir el informe previo de las supracitadas fiscalías especializadas, habida cuenta que en el escrito de demanda fueron señaladas como autoridades responsables; máxime que, en interlocutoria de once de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió en relación a la suspensión definitiva de los actos que de aquélla se reclaman. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental respecto de dichas autoridades, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

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