Blanca Maricel Godoy Ávila y Otros.

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • R. A. G. G, representado por Fernando Romero Malpica A. y Otros.
  • Blanca Maricel Godoy Ávila y Otros.
  • W. A. G. G, representado por Fernando Romero Malpica A. y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de queja contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, inciso IV), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 20, 21, 22 y 23, todos del Capítulo Sexto y 34 del Capítulo Décimo Segundo, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente (en los casos aplicables) y en los libros de control electrónicos respectivos; asimismo, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 8/2023, de su índice, suscitado entre este Juzgado Quinto de Distrito y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula, Chiapas, anexando al efecto, el cuaderno principal del Juicio de Amparo Indirecto 405/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Chiapas. Tomando en consideración que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es COMPETENTE para conocer del asunto el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez. SEGUNDO. Remítanse los autos al juzgado de Distrito declarado competente, para que determine lo que en derecho corresponda." Atento a lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, se deja sin efectos el proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés. Ahora, antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Fernando Romero Malpica Aguilar, en favor de Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, del cual se aprecia la razón actuarial de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, signado por el actuario judicial de la adscripción, por medio del cual se advierte que los directos quejosos, Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, no se encontraban imposibilitados para presentar la demanda de amparo promovida a su favor; ello toda vez que al constituirse el fedatario judicial de la adscripción a las instalaciones de Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes, "Berriozábal 1", con sede en Berriozábal, Chiapas, fue atendido por Roberto de Jesús Hernández López, quien manifestó ser Auxiliar Jurídico del referido Centro Asistencial, con quien una vez identificado y hacerle saber el motivo de su comparecencia en ese lugar, solicitó la presencia directa de los quejosos Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, cerciorándose de que los quejosos de referencia no presentaran huelas de lesiones visibles en su anatomía; asimismo, en ese mismo acto, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor De igual forma, se advierte que al rendir su informe de suspensión de plano por las autoridades señaladas como responsables Encargado de la Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante, con sede en Tapachula, Chiapas, señalaron que los actos que se reclaman no son ciertos, toda vez que los directos quejosos Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G., no han sido objeto de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y tampoco han ejecutado mandamiento que implique la materialización de los actos que se reclaman. Por lo tanto, resulta evidente que los quejosos Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G., no se encuentran imposibilitados de presentar la demanda de amparo promovida a su favor, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia por lo anteriormente expuesto, la demanda promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar, en favor de Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conforme a las disposiciones transcritas, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna otra disposición de la Ley de Amparo, en el caso particular la improcedencia deriva del artículo 15 de la citada ley, ya que dicha disposición establece que cuando se trate de los actos que describe y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Por tanto, para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso es necesario que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, lo cual en el presente caso no se actualiza ya que de las actuaciones anteriormente apuntadas, no se aprecia esa circunstancia, por el contrario, como se precisó, se advierte que los citados quejosos no se encuentran privados de su libertad, lo que se corrobora con la razón actuarial de mérito. En relatadas circunstancias, si la demanda de amparo fue promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar, en favor de Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, sin que se aprecie de manera certera que éstos se encuentren imposibilitados para promover por propio derecho, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por analogía, la tesis con registro 223900, consultable en el Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 272, del rubro y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar, en favor de Blanca Maricel Godoy Ávila, y los infantes de identidad resguardada de iniciales W.A.G.G. y R.A.G.G, ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 15, de la propia ley de la materia. Comuníquese lo anterior, a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Copainalá, Chiapas, mediante el cual solicita se le otorgue prórroga para que esté en aptitud de dar cumplimiento a lo requerido en la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional, toda vez que la Comisión de Hacienda del Senado de la República, no ha informado respecto a la solicitud de la ampliación de recursos extraordinarios. Al efecto, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tales condiciones, como lo solicita la autoridad oficiante se le otorga el término de diez días hábiles, contados a partir de que concluya la prórroga otorgada con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, para que remita copia certificada de las constancias así como de las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que en caso de no hacerlo en el término concedido y ante la actitud de no informar y enviar las constancias relativas; con fundamento en el numeral 192, párrafo segundo, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo, se le aplicará multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Cobra aplicación por identidad jurídica, el criterio, que literalmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DE LAS." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto; el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual transcribe el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ***, de su índice, promovido por******, en favor de*******, y los infantes de identidad resguardada de iniciales******; del que se advierte que, decreta la suspensión de plano respecto a los actos reclamados en favor de los referidos quejosos; y, declina competencia a favor de éste Órgano de Control Constitucional, en virtud que refiere que los actos reclamados son ejecutados por el Titular de la Estación Migratoria, de esta ciudad, conocida como "Estación Cupapé", pues a su criterio la ejecución material del acto reclamado, se efectuará en esta ciudad, la que se encuentra dentro del ámbito geográfico en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción. Al efecto, fórmese el expediente correspondiente, regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Órgano de Control Constitucional, bajo el expediente 567/2023-V y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, no acepta la competencia planteada por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, atento a las siguientes consideraciones: De la lectura integral que se realiza del libelo de demanda, específicamente del capítulo de antecedentes que vertió el promovente del amparo, se obtienen los siguientes datos: Que la demanda de amparo fue promovida por Fernando Romero Malpica en favor de********************, y los infantes de identidad resguardada de iniciales********************, quien refirió que los directos quejosos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conocida como "Estación Cupapé". Además, del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se evidencia con meridiana claridad que el Juez de Distrito Declinante, en primer término decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en el Aseguramiento, detención retención y alojamiento prolongado; la privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento y retención de documentos de identidad de los directos quejosos por parte de las responsables; seguidamente, determina declarar la legal incompetencia para conocer del asunto en virtud que los actos referidos se encuentran ejecutándose fuera de la jurisdicción de dicho Órgano de Control Constitucional. Ahora, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se advierte que dicho precepto legal establece, tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Si el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el cual se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción esté la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado y se hubiese presentado la demanda. En ese contexto legal, tenemos que el Juzgado de Distrito declinante, toma en cuenta únicamente la primera regla establecida en el inciso a). Sin embargo, no puede pasar inadvertido, que lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no es el que se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse en algún lugar, sino si la ejecución ocurre en la jurisdicción de uno, dos o más jueces de Distrito para establecer quién debe conocer. De lo anterior se obtiene que, para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto por razón de territorio, se debe analizar si el acto reclamado tiene una ejecución material y si ésta debe ejecutarse en uno o en más lugares. Como se dejó previamente establecido en párrafos precedentes, reclama actos respecto de los cuales no existe la certeza jurídica que se encuentren ejecutándose dentro de la jurisdicción de éste Órgano de Control Constitucional, puesto que en el juicio de amparo remitido no obra constancia alguna que corrobore dicha circunstancia. Lo anterior es así, en primer término, porque la "Estación Migratoria conocida como Cupapé", no existe; y, seguidamente, porque no obra diligencia de ratificación de la demanda de los directos quejosos, para jurídicamente establecer que en esta ciudad se estén ejecutando los actos reclamados. Por tanto, aún no existe certeza jurídica que los actos reclamados en esta vía, se están materializando o tengan ejecución en territorio cobre el que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ejerza jurisdicción, razón por la cual no se acepta la competencia declinada. Ahora, si el acto reclamado se materializa en diversos lugares, la competencia para conocer del juicio de amparo recae en el Juez de Distrito que conoció en primer lugar el asunto, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción en alguna de las localidades en donde se ejecute el acto reclamado, esto, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, ya que, de lo contrario, se obligaría al particular a controvertir el acto ante cada Juez de Distrito en donde pueda materializarse o donde estén las cuentas de que se trate e incluso las sucursales de la institución a la que pertenezcan, teniendo así diversas demandas de amparo respecto de los mismos actos reclamados y generando con ello diversos inconvenientes, tanto en comunicación como por la posibilidad de dictar sentencias contradictorias. Es aplicable por analogía, la Tesis del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de inmovilización de su cuenta bancaria abierta en el Estado de Tamaulipas y presentó la demanda en la Ciudad de México, pues fue en una sucursal de la institución bancaria de esa ciudad donde le informaron que su cuenta estaba inmovilizada. El Juez de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México al que se turnó el asunto declinó la competencia por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, al estimar que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en donde se abrió la cuenta bancaria, quien la rechazó al considerar que le correspondía a aquél, porque el acto reclamado se ejecutó en su jurisdicción y el quejoso señaló autoridades responsables de esa ciudad, por lo que devolvió el asunto al Juez declinante, quien insistió en su incompetencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento o inmovilización de cuentas abiertas en instituciones bancarias que tengan diversas sucursales y, por ende, que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un lugar, se surte en favor del Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo. Justificación: Lo anterior, porque del artículo 37 de la Ley de Amparo se deducen tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si comenzó a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el cual se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción esté la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado y se hubiese presentado la demanda. Ahora bien, el referente para definir la competencia que consideran las dos primeras reglas es la ejecución material del acto reclamado, pues en la tercera, por tratarse de actos que carecen de ejecución, se considera el lugar en el cual el quejoso presentó la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga una ejecución material no es el lugar en el que se deba ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto, sino más bien si esa ejecución puede ocurrir en más de un sitio, pues de considerar que es competente el Juez del lugar donde pueda materializarse o donde estén las cuentas e, incluso, las sucursales de la institución a la que pertenezcan podrían generarse diversos inconvenientes, dando lugar a una multiplicidad de juicios a los que se debe dar trámite con la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación, lo cual justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto." De ahí, que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con fundamente en el artículo 37 de la Ley de Amparo no acepte la competencia declinada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, por ser esta ante quien se presentó la demanda de amparo y en su momento decretó la suspensión de plano de los actos reclamados en primer término. Por lo expuesto con antelación, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, devuélvase al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, la demanda y constancias relativas al juicio de amparo ********************, de su estadística, para los efectos legales a que haya lugar; solicitando al Juez indicado, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese cuadernillo de antecedentes. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por encontrase registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y al diverso profesionista únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con el registro de referencia. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "********************"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta y notificación del expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, para que realicen las subsecuentes notificaciones del presente expediente por vía electrónica a los usuarios "********************" y "********************". Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito..

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