Blanca María Julia Flores Ramírez
Expediente 1227/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Blanca María Julia Flores Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada , secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1227/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó al juicio la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: En atención a lo expuesto, se declara precluido el derecho de las partes para formular su alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Blanca María Julia Flores Ramírez, por propio derecho y en su calidad de albacea definitiva de la sucesión radicada a bienes de Celso Oropeza Negrete, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1227/2019 y previa prevención formulada el once de noviembre de este año (foja 23), el diecinueve de los siguientes (foja 31) se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se reservó proveer sobre la existencia de tercero interesado y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En proveído de veintiséis de noviembre de la anualidad en curso (foja 39, reverso) se reconoció el carácter de terceros interesados a Sergio Iván Oropeza Flores y a Hugo Oropeza Flores, en su calidad de coherederos dentro de la sucesión de la que deriva el acto reclamado. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales, en esta fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve dictada dentro del toca de apelación I-356/2019, que confirmó la interlocutoria pronunciada dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 403/2019, radicado a bienes de Celso Oropeza Negrete, por la cual se declaró como únicos y universales herederos a la quejosa Blanca María Julia Flores Ramírez, así como a sus hijos Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 38). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe justificado, consistente en el original del toca de apelación I-356/2019, en un tomo de pruebas. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente del amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en el único concepto de violación, la promovente señala que la resolución reclamada es ilegal por lo siguiente: Porque el juzgador primario violó lo dispuestos en los artículos 49, 391, 520, 573, 574, 575, 1035 y 1036 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, así como en los diversos 460, 818, 826 y 835 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que al hacer la declaratoria de herederos, no tomó en cuenta la repudiación de la herencia y la solicitud que se había realizado en autos para que se declarara como única y universal heredera a la quejosa Blanca María Julia Flores Ramírez; Que al dictarse la sentencia interlocutoria de la primera sección y realizar la declaratoria de herederos, debió tomarse en cuenta todo lo actuado en la misma, es decir debió tomarse en cuenta la repudiación que realizaron Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores; Que la solicitud que realizaron Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores respecto de la repudiación, no fue atendida debidamente en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve y que el pronunciamiento contenido en ese proveído, no tiene ningún efecto legal dentro del juicio; Que no es verdad que se hubiera consentido lo acordado en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, ya que esa repudiación se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Código Civil del Estado, es decir, expresa y por escrito y que por ende, debió tomarse en cuenta al momento de realizar la declaración de los herederos; y, Que además, la repudiación, una vez que es hecha, es irrevocable, sino en los casos de dolo o violencia y que por tanto, lo acordado en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, no deja sin efectos esa repudiación y por lo que, subsiste la obligación del juez natural de tomarla en cuenta al resolver la primera sección. Concepto de violación que es inoperante como se demostrará a continuación. Para hacerlo, en primer término debe señalarse que los motivos en los que la magistrada responsable apoyó su determinación, se resumen en lo siguiente: Que no existía razón jurídica para que el juez del conocimiento al pronunciar la sentencia de la primera sección, nuevamente se ocupara del estudio y de la decisión de la repudiación de derechos hereditarios que Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores, hicieron valer al denunciar la sucesión, porque ello fue atendido de manera oportuna y legal, por el juez de los autos en el proveído de siete de mayo de este año; y, Que además, esa determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, fue consentida por la parte apelante, pues estuvo en condiciones de combatirla y no lo hizo, lo que trajo como consecuencia que en la interlocutoria de la primera sección, se hiciera innecesario volver a pronunciarse respecto de esa repudiación; y que por ello, en la resolución de segundo grado, ya no era dable que se estudiara nuevamente lo relativo a la repudiación, en términos de los artículos 92 y 95, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Atendiendo a lo expuesto, deben calificarse inoperantes los argumentos que la promovente expuso como conceptos de violación, en la medida que en ellos no ataca las consideraciones en las que la magistrada responsable apoyó su decisión para confirmar la interlocutoria pronunciada dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 403/2019, que declaró como únicos y universales herederos a la quejosa Blanca María Julia Flores Ramírez, así como a sus hijos Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores. Así es, porque para que este juzgador estuviera en condiciones de emprender el estudio de sus conceptos de violación, la accionante del amparo debió señalar porque, contrario a lo que sostuvo la magistrada responsable, NO se podía considerar que en el proveído de siete de mayo de este año pronunciado en el sucesorio de origen, se atendió lo relativo a la solicitud de repudiación que realizaron los coherederos Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores; es decir, tenía que demostrar que en ese auto, no se atendió lo relativo a esa petición, con independencia que, como lo dijo la resolutora de segunda instancia, cuando se le atendió esa petición, no se acordó favorable a sus intereses. De la misma forma, tuvo que argumentar que no era cierto que ese proveído de siete de mayo de este año, fue consentido en términos de los artículos 92 y 95, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado y demostrar que interpuso algún recurso que la ley concediera en contra del mismo; para así desvirtuar el argumento de la magistrada responsable, en el sentido que el tema relativo a la repudiación constituye un aspecto revestido de firmeza legal y que por ende, sí podía ser estudiado nuevamente en la segunda instancia. Contrario a ello, el quejoso se limitó a señalar que el juez de los autos no tomó en cuenta la repudiación de la herencia y la solicitud que se había realizado en autos para que se declarara como única y universal heredera a la quejosa Blanca María Julia Flores Ramírez; que al dictarse la sentencia interlocutoria de la primera sección y realizar la declaratoria de herederos, debió tomarse en cuenta todo lo actuado en la misma, es decir debió tomarse en cuenta la repudiación que realizaron Hugo y Sergio Iván, de apellidos Oropeza Flores; y que la solicitud que realizaron respecto de la repudiación, no fue atendida debidamente en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, pero sin precisar porqué. De la misma forma, se limitó a señalar que no es verdad que se hubiera consentido lo acordado en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, ya que esa repudiación se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Código Civil del Estado, es decir, expresa y por escrito y que una vez que es hecha, es irrevocable, sino en los casos de dolo o violencia y que por tanto, lo acordado en el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, no deja sin efectos esa repudiación y con ello, subsiste la obligación del juez natural de tomarla en cuenta al resolver la primera sección. Sin embargo, se insiste, no argumenta y menos lo demuestra, que se haya interpuesto algún recurso contra la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, en la que se les dijo toralmente, que no era factible tenerlos por renunciando a los derechos hereditarios y al mismo tiempo, cediendo los mismos, porque para que ello procediera, deberían en primer término, tener acreditado el derecho respectivo, es decir, que primero se le tenía que reconocer (en la primera sección) y hasta entonces, podían repudiarlo o cederlo Consecuentemente, si la promovente en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por la magistrada responsable, realiza manifestaciones que se dirigen principalmente a señalar que la repudiación debió tomarse en cuenta porque se realizó en términos del artículo 826 del Código Civil del Estado y que ésta, una vez que es hecha, es irrevocable, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada; sobre todo, porque la peticionaria del amparo confunde la firmeza legal de las determinaciones por consentimiento tácito de las mismas, con la validez legal del acto mismo de la repudiación que ya se realizó en autos, en torno al cual, no se ha realizado pronunciamiento alguno en cuanto a su eficacia jurídica. Sin que sea impedimento para realizar la anterior calificación de inoperancia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Blanca María Julia Flores Ramírez, por propio derecho y en su calidad de albacea definitiva de la sucesión radicada a bienes de Celso Oropeza Negrete, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexta. Publicación. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Blanca María Julia Flores Ramírez, por propio derecho y en su calidad de albacea definitiva de la sucesión radicada a bienes de Celso Oropeza Negrete, contra los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, descritos en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Jesús Humberto Trujillo Barajas, apoderado jurídico del tercero interesado Sergio Iván Oropeza Flores, por el cual, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Jesús Humberto Trujillo Barajas, apoderado jurídico de Sergio Iván Oropeza Flores, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo en virtud de así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable y como lo solicita se le tiene apersonándose al presente juicio en su carácter tercero interesado. Ahora bien, se tiene por señalado el domicilio que indica el promovente para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa quienes no podrán gozar de las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no les fueron conferidas expresamente. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado tome nota de lo anterior para realizar las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y a los terceros interesados por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), y c) de la Ley de Amparo.
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