Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano
Expediente 473/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diez al veinticinco de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Cuadernos de pruebas Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos de los puntos vigésimo, fracción III, y vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental de son susceptibles de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte.
- Principal
El suscrito Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a treinta de octubre del dos mil veinte.- Doy Fe.- Pedro Ignacio Arredondo Ramírez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las once horas con dieciséis minutos del treinta de octubre del dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 473/2020-5, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y Secretario con quien actúa y autoriza Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en: escrito de demanda; acuerdo de admisión de once de agosto del dos mil veinte; con las constancias de notificación a las autoridades señaladas como responsables, y emplazamiento del tercero interesado; así como con los informes justificados rendidos por las responsables. De igual modo, se da cuenta con la circunstancia de que por auto de catorce de octubre del dos mil veinte, se tuvo como autoridad inexistente al Director de la Central de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo, con la circunstancia de que el actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil, fue omisión en rendir su informe justificado no obstante encontrarse debidamente notificado desde el trece de agosto del año en curso. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. Con respecto a la autoridad que fue omisa en rendir su informe justificado, tómese en consideración dicho aspecto en el momento procesal oportuno. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades responsables; así como que no existen pruebas pendientes por desahogar. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa no formuló alegatos, mientras que el tercero interesado sí; de igual modo, que la agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. Por ello la Juez dispuso: Téngase a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por perdido el derecho de formular alegatos. Por otro lado, se tiene al tercero interesado por formulando manifestaciones de su parte. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente período. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del expediente 473/2020-5, relativo al juicio de amparo promovido por Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de agosto del dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta capital, turnado en la propia data a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDAD ORDENADORA: C. Juez Primero del Ramo Civil, C. Juez Segundo del Ramo Civil, C. Juez Tercero del Ramo Civil, C. Juez Primero Mercantil, C. Juez Segundo Mercantil, C. Juez Tercero Mercantil, C. Juez Cuarto Mercantil, C. Juez Quinto Mercantil, todas con domicilio ampliamente conocido en la capital del Estado de San Luis Potosí. C. Juez del Juzgado Tercero de Distrito del noveno circuito. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: C. Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil, C. Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil, C. Actuario adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil, C. Actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil, C. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil, C. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil, C. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil, C. Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil, C. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito del noveno circuito. C. Director de la Central de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Los anteriores con domicilio ampliamente conocido en el Estado de San Luis Potosí. IV.- ACTO RECLAMADO.- El auto de exequendo o ejecución dictado en mi contra, en su parte donde se ordena el embargo de mis bienes." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y citó como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. El once de agosto de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; pidió informes justificados a las autoridades responsables y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, misma que se ordenó tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado. Así, conforme al acta que antecede, se inició la audiencia la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los efectos de los actos reclamados se materializan en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran este expediente. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que la parte quejosa, real y efectivamente reclama: El auto de exequendo dictado en su contra, en la parte donde se ordenó el embargo de sus bienes. TERCERO. Oportunidad de presentación de la demanda. En su demanda de amparo, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintitrés de julio del año en curso. Por su parte, en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la suspensión de plazos y términos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante la contingencia por el virus COVID-19; periodos que abarcaron del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, reanudándose tales plazos a partir del tres de agosto del presente año, teniendo en consideración que el uno y dos del mes señalado en último término fueron inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el libelo de amparo fue presentado el seis de agosto del dos mil veinte, es inconcuso que su presentación ocurrió dentro del plazo legal. CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, a los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto Mercantil en esta ciudad, al Juez Tercero de Distrito del Noveno Circuito, y a los actuarios adscritos a dichos juzgados, por así haberlo manifestado expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, con excepción del adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil, quien fue omisión en rendir su informe justificado no obstante encontrarse debidamente notificado desde el trece de agosto del año en curso, sin que la aquí quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Sin que en el caso proceda presumir cierto el acto reclamado al citado actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil, pues si bien fue omiso en rendir el informe justificado que le fue solicitado, lo cierto es que al haber negado los actos su superior jerárquico Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, resulta evidente que no puede ejecutar actos inexistentes. Ahora bien, no obstante que de tales informes se dio vista a la quejosa, ésta no aportó medio de convicción alguno tendiente a desvirtuar tal negativa, como era su carga probatoria conforme a la interpretación, a contrario sentido, del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que al prevalecer dicha negativa debe concluirse que los actos atribuidos a tales autoridades son inexistentes. En virtud de lo anterior, y ante la falta de prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a tales autoridades. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos que la quejosa reclama del Juez Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, consistentes en la orden de emplazamiento y embargo dictados el dieciocho de junio del dos mil veinte, en el expediente 377/2020 de su índice, relativo juicio ejecutivo mercantil promovido por Homero de León Portales, en contra de la aquí quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y otra, ya que así lo refirió expresamente el Secretario de Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, al rendir el respectivo informe justificado. De igual modo, son ciertos los actos reclamados al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con sede en esta ciudad, pues así lo señaló expresamente en el informe justificado rendido en autos. Lo que se corrobora además con las documentales que el referido Secretario encargado del despacho acompañó como justificación de sus actos, las cuales obran en un cuaderno de pruebas por separado. Documentales que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. SEXTO. Antecedentes relevantes del caso. Previo al estudio oficioso de la procedencia del juicio, es preciso traer a cuenta los antecedentes relevantes del caso, los cuales se desprenden de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad, como justificación de sus actos, las cuales fueron previamente valoradas, de las que se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito de demanda presentado el diecisiete de junio del dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Homero de León Portales, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y otra, el cual fue turnado al Juzgado Tercero Mercantil en esta ciudad (fojas 1 a 12 del cuaderno de pruebas por separado). 2. En proveído de dieciocho de junio del dos mil veinte, el Juez Tercero Mercantil en esta ciudad tuvo por recibido el escrito de demanda, radicándola bajo el número de expediente 377/2020, de igual forma, la admitió a trámite, por lo que tuvo a Homero de León Portales, demandado en la vía ejecutiva mercantil a la aquí quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y a Ana María Kemp López; en consecuencia, ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada (fojas 13 a 15, ibídem). 3. El veintitrés de julio del dos mil veinte, la Actuaria Irma Patricia Lara Castillo, dejó citatorio para el día siguiente en el domicilio señalado como el de la aquí quejosa, a efecto de practicar la diligencia; luego, el veinticuatro de julio siguiente, la misma no se pudo llevar a cabo por encontrarse el domicilio cerrado (fojas 21 a 23 del cuaderno de pruebas). Séptimo. Causas de improcedencia. Establecido lo anterior, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo a efectuar el análisis del fondo del asunto, debe estudiarse si se actualiza alguna causa de improcedencia respecto del acto reclamado, que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, el tercero interesado señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues señala que el acto reclamado no causa perjuicio a la quejosa, pues se encuentra dictado con pleno apego a derecho. Las anteriores manifestaciones deben desestimarse, pues resulta contrario a la técnica del juicio de amparo, aludir a una causal de sobreseimiento alegando razones que involucran indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al no advertirse la existencia de diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni alguna de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. OCTAVO. Estudio del acto reclamado. En virtud de lo anterior, procede analizar los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado sin que se cause indefensión a las partes, o se falte a los principios de congruencia y exhaustividad, implícitos en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la tesis 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Conceptos de violación En relación con el auto de exequendo reclamado, la parte quejosa aduce esencialmente que se infringen en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se pretende dar cumplimiento a una orden de embargo sobre bienes que aduce son de su propiedad, sin haber sido oída ni vencida en juicio, aunado a que dicha orden carece de fundamentación y motivación, pues refiere que no tiene adeudo alguno. Tales motivos de queja resultan infundados por las razones que a continuación se explican. Al respecto, como se dejó precisado en los antecedentes del acto reclamado, el auto de exequendo en cuestión fue dictado dentro del expediente 377/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil, del índice del Juzgado Tercero Mercantil en esta ciudad; procedimiento jurisdiccional promovido por Homero de León Portales, en contra de la aquí quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y de Ana María Kemp López, por el pago de cantidad líquida y prestaciones accesorias. A dicha demanda recayó el auto que constituye el reclamado, y que fue dictado el dieciocho de junio del dos mil veinte, en el que se admitió aquélla, y se ordenó despachar ejecución en contra de Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y Ana María Kemp López, por lo que se ordenó al diligenciario correspondiente acudir al domicilio de las referidas demandadas, a efecto de requerirles de pago, o en su defecto, embargarles bienes de su propiedad, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, los que debían quedar en depósito de la persona que bajo su responsabilidad señalara el actor. Sin que en el caso, a la fecha en que la autoridad responsable rindió su informe justificado, se hubieran ejecutado dichas órdenes, contra la aquí quejosa. Ahora bien, la peticionaria del amparo refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por haberse dictado la orden reclamada, sin haber sido oída y vencida en juicio, sin embargo, es infundado dicho motivo de inconformidad, atendiendo a lo siguiente: El segundo párrafo del referido precepto constitucional, es del tenor siguiente: "Artículo 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En el citado numeral, se consagran las garantías de debido proceso legal y de audiencia a favor de los gobernados, previo a la emisión de actos que los priven de sus derechos, propiedades o posesiones; destacando que si bien se refiere a actos privativos y no de molestia, lo cierto es que la garantía de debido proceso legal no es exclusiva de los actos privativos, sino que también debe observarse en los actos de molestia, ya que en su emisión puede violarse ésta cuando no se observan las formalidades esenciales del procedimiento o cuando se aplican leyes retroactivas en perjuicio del gobernado. Por su parte, la garantía de audiencia se encuentra supeditada a su aplicación en el caso concreto, pues si se trata de actos privativos la audiencia debe ser previa, en caso contrario (acto de molestia), la audiencia puede ser incluso posterior a su emisión, ya que con tal acto no se persigue la privación de algún derecho, ni tiene efectos definitivos, sino que su única finalidad es variar una situación jurídica preexistente, que si bien puede afectar algún derecho integrado a la esfera jurídica del gobernado, no lo priva definitivamente de éste, sino que únicamente modifica los términos de su ejercicio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo IV, julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que, contrario a lo argumentado por la parte quejosa en su demanda de amparo, con la emisión del acto que aquí se reclama, consistente en el auto de exequendo dentro del juicio ejecutivo mercantil 377/2020, del índice del Juzgado Tercero Mercantil en esta ciudad, la autoridad responsable no viola en su perjuicio la garantía de audiencia a que alude el artículo 14 constitucional. A ese respecto conviene resaltar que, según lo ha definido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004, cuya ejecutoria se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 163; dicha garantía se encuentra referida al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional para otorgar al posible afectado una noticia completa de la demanda presentada por la parte actora, con sus documentos y anexos, otorgándosele una oportunidad razonable para que pueda contestar, de modo que el tiempo de que disponga para hacerlo realmente se lo permita, además de que en el procedimiento deberá otorgarse a las partes o al posible afectado una oportunidad razonable para aportar las pruebas pertinentes para demostrar los hechos en que se funden y expresar los alegatos correspondientes, es decir, las argumentaciones jurídicas que con base en las pruebas desahogadas estime necesario exponer, a fin de llegar a la conclusión del procedimiento con una resolución en la que el juzgador decida el litigio; debiendo cumplirse esas formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Bajo esta perspectiva, contrario a lo que alega la peticionaria del amparo, no se viola en su perjuicio la garantía en cuestión con la emisión del acuerdo que reclama. Lo anterior, en virtud de que, si bien se ordenó requerir a la parte demandada, aquí quejosa el pago de las prestaciones reclamadas, y en su defecto, se procediera al embargo y aseguramiento de bienes suficientes de su propiedad a efecto de garantizar el pago de aquéllas; lo cierto es que tal mandamiento se emitió dentro de un procedimiento judicial, con motivo de un adeudo, respecto del que la aquí quejosa funge como deudora, sustentado en dos documentos ejecutivos denominados pagarés. De ahí que, hasta el momento procesal en que se emitió el auto cuya diligenciación reclama la parte quejosa, contrario a lo alegado, se observaron las formalidades para su emisión previstas en los artículos 1392 al 1396 del Código de Comercio, y con ello, las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se advierte que el actor presentó su demanda acompañada de títulos ejecutivos, y hecho ello, como lo disponen los preceptos indicados, se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada. Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso no se viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía de previa audiencia, pues la orden de embargo que se estableció en el auto de exequendo reclamado, no es un acto privativo en virtud de que no se suprime a la demandada definitivamente algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que el auto de exequendo, es un acto de molestia que tiene como finalidad que se siga un juicio en contra del gobernado y garantizar mediante el embargo, el pago de las prestaciones reclamadas basadas en título ejecutivo; y si bien se ordena el embargo de bienes, ello está expresamente permitido por el artículo 1392 del Código de Comercio, que dispone que una vez que se presente demanda acompañada de título ejecutivo ante el Juez competente, como en el caso, deberá dictarse auto con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. De esta manera, al estar sujeto el embargo que en su caso se practique, a las resultas del juicio, no puede considerarse que éste sea de carácter definitivo, en virtud de que, en su caso, ello acontecerá una vez que el particular sea oído y vencido en el procedimiento en el que es parte (pues también se ordena su emplazamiento), ocasión en que podrá oponer las excepciones que le correspondan, y eventualmente, se emitirá una determinación en que se le prive definitivamente del bien o bienes embargados. Así, se insiste, si bien el embargo como medida de aseguramiento ocasiona limitación de los derechos de propiedad y posesión sobre determinados bienes muebles o inmuebles del demandado, no es necesario que se decrete con audiencia previa del ejecutado, ya que, como antes se expuso, no constituye una privación definitiva de esos derechos, sino una medida provisional de aseguramiento, supeditada a la resolución de la controversia, por lo que no se encuentra inmersa dentro del respeto de la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 constitucional, pues ésta sólo opera tratándose de actos de privación definitivos; además, se justifica que el mencionado embargo se decrete atendiendo a su finalidad, que es la de garantizar el cumplimiento de una obligación preexistente contraída por el deudor. De ahí, que el auto de exequendo en que se contiene la orden que por esta vía se combate, no infringe en perjuicio de la impetrante del amparo la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 229, en la página 188, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Así como, en la jurisprudencia P./21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18 del tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Fundamentación y motivación Por otra parte, de la lectura del multicitado auto, se observa que el juzgador responsable explicó las razones para emitir el auto de exequendo; asimismo, se citaron los preceptos legales aplicables al asunto, derivado de la demanda presentada por la parte actora en el juicio de origen. En ese sentido, ese proveído cumple con el derecho humano de fundamentación y motivación exigible a las resoluciones judiciales, pues se apoyó en los preceptos jurídicos que permite expedirlo y en él se expuso de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, de ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer por la quejosa. Luego, el auto de exequendo sí está fundado y motivado, pues se insiste, el juzgador responsable cita los preceptos del Código de Comercio que a la letra dicen: "Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." "Artículo 1,061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente." "Artículo 1,065. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar ó para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse." "Artículo 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido." "Artículo 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: (.) IV. Los títulos de crédito; "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, *a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Artículo 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." "Artículo 1,399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones." "Artículo 1,400. Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por el artículo 1061 de este ordenamiento respecto de las documentales en que funde sus excepciones, el juez dejará de admitirlas, salvo las que sean supervenientes. En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas, o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga." "Artículo 1,401. En los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver; y todas las demás pruebas que permitan las leyes. Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente. Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción. Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará dentro de los diez días siguientes." Asimismo, la motivación toral del auto de exequendo es aplicable cuando se demanda en juicio ejecutivo mercantil con base en un título que trae aparejada ejecución. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que como el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 66/97, de la Novena Época, en Materias Común y Civil, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable a página 67, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, de contenido siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Por lo anterior, se estima que el auto de exequendo señalado como acto reclamado fue motivado correctamente, toda vez que fue emitido con motivo de la demanda promovida por Homero de León Portales, en contra de la aquí quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, y de Ana María Kemp López, mediante el cual instó juicio ejecutivo mercantil en su contra, por el pago de diversas cantidades líquidas señaladas en los títulos de crédito base de la acción. En las anotadas condiciones, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a la quejosa Blanca María del Socorro Gutiérrez Cano, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando quinto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que en el misma data pidió informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito en términos de lo dispuesto por el numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, no consta de autos la notificación personal realizada al Representante Social de la Federación del acuerdo de que se trata. En tal virtud, con apoyo en la disposición legal invocada, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial de la adscripción para que de inmediato proceda a realizar la notificación del acuerdo de once de agosto de dos mil veinte, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Diferimiento de audiencia En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Asimismo, se hace notar a las partes que su asistencia a la misma no es obligatoria, pues el numeral 124 de la Ley de Amparo, lo establece como una posibilidad, no como una carga procesal. Escrito de cuenta Finalmente, téngase por recibido el escrito a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual, el tercero interesado Homero de León Portales, comparece en atención al requerimiento formulado en proveído de trece de octubre de dos mil veinte, y al efecto precisa que es su deseo señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, en el presente juicio de amparo, su domicilio físico. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 26, fracción I, de la Ley de la Amparo, téngase como domicilio procesal del citado tercero interesado el ubicado...Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Vista la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dentro del término de tres días que para tal efecto se le concedió en los acuerdos de que se trata. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo a la parte quejosa, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, y en consecuencia, se tienen como autoridad inexistente al Director de la Central de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en tal virtud, suspéndase toda comunicación con la citada autoridad.... Notifíquese.
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