Blanca Margarita Villegas Cisneros

Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
198/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Blanca Margarita Villegas Cisneros
  • Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De tal manera, atendiendo a la resolución que puso fin al presente asunto, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14, 21, inciso d), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Conforme lo indica el párrafo segundo, del artículo 35, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2021 SE PUBLICA EN LISTA LA PRESENTE SINTESIS PUES EL PROMOVENTE NO ACUDIÓ A SER NOTIFICADO PERSONALMENTE A ESTE TRIBUNAL, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de ********************, contra un acto reclamado al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales previstas en los artículos 1, 17, 33, 77, 79 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo; fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el número ********************/2021-VI. Ahora bien, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, que cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." También, es aplicable por identidad de razón, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese sentido, a manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así pues, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa ********************, en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de ********************, reclama de la autoridad señalada como responsable, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en concreto, lo siguiente: La resolución engrosada dentro del Toca 242/2010. Al respecto, esta potestad federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo. "61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." En efecto, en lo que aquí interesa, el primer precepto legal en cita, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; mientras que el segundo dispositivo invocado, dispone que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en sala, así como la que establezcan los Tribunales Colegiados es obligatoria, entre otros, para el Juzgado de Distrito. A lo anterior, se aúna la Tesis: 1a. XIX/93, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994 , página 8, que a la letra dice: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable." De igual forma, se vincula la tesis IX.1o.29 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 544, del tomo IX, correspondiente al mes de Febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." De igual manera, se enlaza al respecto, la tesis II.2o.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página número 1235, del tomo X, correspondiente al mes de octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Ahora bien de los descritos artículos y jurisprudencias transcritas, se estima que la demanda de amparo promovida por el quejoso, resulta improcedente, pues los preceptos legales transcritos y los criterios jurisprudenciales revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos de los Tribunales Colegidos de Circuito; por tanto, el referido motivo de improcedencia establece la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues por virtud de que los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. En efecto, dentro de las causales de improcedencia hay motivos que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En tal virtud, cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito deberá desechar el juicio en todos los casos, en razón de que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. De igual forma, es necesario precisar, independientemente de que el juzgador de amparo advierta la notoria improcedencia del juicio de amparo indirecto, también lo es, que en términos del numeral 41 de la Ley de Amparo, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, y por ende de los actos que se puedan reclamar de dicha autoridad, serán del conocimiento de un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que este juzgador de amparo. En este sentido, debe decirse que el transcrito motivo de inejercitabilidad tiene como finalidad proteger la seguridad jurídica, ya que ésta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable; por tal motivo, este Juzgador Federal estima que se actualiza el motivo de inejercitabilidad analizado. En ese contexto, debe considerarse notoriamente improcedente la demanda de amparo de mérito, por lo que hace al acto que en la presente instancia constitucional se controvierte, pues como se ha expuesto, el mismo es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, de la Ley de Amparo. Se reitera, que lo determinado en párrafos que preceden, tiene sustento principalmente, en los criterios jurisprudenciales, transcrito en párrafos que preceden, bajo los rubros siguientes: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.", "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA.", y "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS." Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 217, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de ********************, contra actos del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado HILARIO QUINTERO TORRES, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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