Blanca Margarita Rubio Arellano
Expediente 1273/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Blanca Margarita Rubio Arellano
- Juan Manuel Molina Vega
- Jueza Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el plazo que establece el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, atento a que dicho plazo transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de este año, sin que realizara manifestación alguna al respecto; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por tanto, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Seguimiento de Expedientes. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de conservación en un plazo de tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, los expedientes relativos a los juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en las que se ubica el presente expediente, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de conservación el presente expediente, y una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido deberá ser transferido al depósito documental que en su momento se designe para tal efecto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de once de julio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias remitidas por la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio. Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto, allega copia certificada del acuerdo de siete de julio del año en curso, en el juicio sumario familiar de custodia * de su índice. En consecuencia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; APERCIBIDAS.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés, en la que por un lado se sobreseyó y por otro lado se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Jueza Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado Federal el acatamiento que haya dado a dicho fallo protector; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral mencionado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, ibídem, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto los Jueces y Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Al respecto, se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1378, registro 2007295, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
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